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Verdad sabida e impunidad asegurada y un riesgo para el “sapo”.

Mientras en Colombia impere una administración de justicia selectiva, politizada y polarizada, las decisiones judiciales jamás volverán a tener la credibilidad, la confianza y la seguridad de que gozaran en otrora, y cuya finalidad era la aplicación de la justicia o la equidad de manera imparcial, pronta y cumplida; situaciones que conlleva a refrendar: verdad sabida y mala fe guardada.

Produce desconfianza la manera sesgada como opera la justicia, sólo basta observar las decisiones de las altas cortes cuando aplican raseros diferentes por razón del personaje que se investiga y/o condena o por su padrino político o por la reciprocidad de favores, aseveración que se puede corroborar en diferentes investigaciones que se han adelantado contra parlamentarios y que han arrojado condenas, absoluciones, autos inhibitorios o quedan en el limbo de las preliminares, y lo más patético, los beneficiados con tales decisiones son igual o más responsables y peligrosos que los que han sido condenados por Concierto para Delinquir, caso concreto, es lo que ha ocurrido con los privilegiados e inmunes politiqueros de Caldas.

En Colombia se volvió casi un imposible el deber de denunciar que tiene toda persona cuando tenga conocimiento de la comisión de un delito, ya que quien se atreva a esta osadía queda expuesto a las balas asesinas o a la estigmatización inclemente, aún de los operadores judiciales, como medios efectivos para acallar las voces solitarias y valerosas que se levantan en contra de las transgresiones al estatuto penal, especialmente cuando se trata de denunciar
contubernio macabro entre la clase política y grupos al margen de la ley; de este riesgo solo se libran los cobardes encubridores que callan por temor o porque reciben retribuciones por su silencio indignante.

A comienzos del año 2008, un Senador de la República, con quien tuve en otros tiempos una estrecha y verdadera amistad, y conocedor de la aproximación que tenía con el magistrado Iván Velásquez, Jefe del grupo investigador de la parapolítica de la Corte Suprema de Justicia, me hizo un comentario-mensaje con destino a dicho magistrado sobre Mauricio Lizcano Arango, en ese entonces Representante a la Cámara por Caldas, y con punzante y fría sorna analizó el triunfo de éste en las elecciones de octubre de 2007, al alcanzar las alcaldías de La Dorada, Riosucio, Anserma, Aguadas, Risaralda y Belalcázar. Fue la primera vez que oí mencionar el nombre de Carlos Arturo Patiño Restrepo, alias “Pate Muro”.

La verdad sea dicha, en principio no me interesó mucho el comentario creí sinceramente que se estaba respirando por la herida a raíz del surgimiento del nuevo y acucioso parlamentario, en ese entonces no ostentaba ni importancia ni peligro, pero hacía parte del nuevo y aventajado equipo que le empezaba a disputar el poder político en Caldas a la longeva coalición Barco-yepista; objetivo que se cristalizó a partir del año 2010, arrojando hasta nuestros días un balance desastroso y más perverso y corrompido que el añejo maridaje, o sea, resultó más dañino el remedio que la enfermedad con inmenso perjuicio y deshonra para la región..

Por esas calendas, empecé a escribir el Blog La Pringamosa en la revista Semana, El Tiempo y el Portal Eje 21, y comencé a plasmar en artículos las denuncias que venía haciendo ante la fiscalía sobre Concierto para Delinquir en la modalidad de paramilitarismo que se venía viviendo y padeciendo en mi tierra natal, Victoria Caldas, y en donde estaban incursas las autoridades civiles de ese terruño; las nuevas publicaciones me trajeron momentos amargos y amenazas por doquier y gran zozobra, sin ningún resultado positivo en las investigaciones por causa de la desidia y corrupción debido a intereses superiores.

Mis escritos los he enfocado desde el punto de vista investigativo, y fue así como empecé a ampliar lo que conocía sobre el paramilitarismo en lo que concierne a Caldas por todos sus puntos cardinales, y a investigar sobre lo que desconocía; en los mentideros políticos oía sobre lo divino y lo humano y solo recibía con beneficio de inventario algunas versiones que escudriñaba y cotejaba con otras oídas y que me permitieran, sin mayor esfuerzo, inferir sobre su certeza. De esta manera, llegó a mi conocimiento información confidencial sobre las presuntas amistades y andanzas non sanctas de Mauricio Lizcano Arango, las cuales publiqué solicitando coetáneamente a la Corte Suprema que ahondara en las pesquisas sobre los hechos que ya conocían de tiempo atrás y que están inexplicablemente congelados en los anaqueles de la Corte.

El Senador de marras, en el año 2006 salió elegido representante a la Cámara bajo la égida e imposición del presidente Uribe, situación que fue aprovechada por Carlos Arturo Patiño Restrepo, alias “Pate Muro”, narcotraficante de Viterbo, Caldas, y quien a través de Bernardo Franco, empleado de Lizcano en la Unidad Legislativa, hoy miembro del Consejo Nacional Electoral, logró relacionarse con el parlamentario y ofrecerle grandes sumas de dinero para futuras campañas a cambio de que intercediera ante el Presidente para que no se efectuara su extradición, solicitud que resultó fallida porque en el año 2009 fue aforado a USA. Estos comentarios son un secreto a voces y se escuchan en todos los rincones de este departamento

O sea, estos hechos no son nuevos para la Corte, ni hay nada nuevo bajo el sol. Ni mis fuentes ni yo somos fabulistas, ni mitómanos, ni pertenecemos a ningún cartel de los falsos testigos, ni nos dejamos estigmatizar y menos amedrentar, solo pedimos que se administre justicia de manera diáfana, pronta y cumplida, y que la aplicación de esta se haga con el mismo rasero, por cuanto no hay parlamentarios de mejor familia y que merezcan privilegios ante la ley, mucho menos los pueden tener los delincuentes de las diferentes regiones.

Con todo respeto y acatamiento, y a fin de poder dilucidar o aclarar la veracidad de infinidad de comentarios sobre el parlamentario en cuestión, le ruego a la Corte Suprema de Justicia solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el total de la votación alcanzada por Mauricio Lizcano Arango, para salir electo representante a la Cámara por Caldas en las elecciones del año 2006; las cifras electorales de las Alcaldías, mencionadas atrás, alcanzadas en las elecciones de octubre de 2007, por el entonces Representante a la Cámara por Caldas, Mauricio Lizcano Arango, y comparar su comportamiento en las mencionadas elecciones, incluyendo las elecciones de octubre del año 2011.

Así mismo, solicitar a la Fiscalía General que certifique que personas entraron al Bunker a visitar al extraditado Carlos Arturo Patiño Restrepo, durante su permanencia en ese lugar; solicitar al Inpec que certifique que personas entraron a la Cárcel de Cómbita a visitar a Patiño Restrepo, durante su permanencia en ese centro de reclusión, antes de ser extraditado y solicitar a la Cancillería las salidas de Bernardo Franco, magistrado del Consejo Electoral, hacía los Estados Unidos a visitar al mencionado narcotraficante en el lugar que está recluido. Se menciona con mucha insistencia el nombre de Eduardo Restrepo Victoria, y de quien se dice figura en todos los procesos de paramilitarismo que maneja la Corte, como financiador de varias campañas políticas en diferentes regiones del país.

Señores Magistrados, es mucho más comprometedora la conducta de Lizcano, según las fuentes y los indicios graves que reposan en su despacho, y la de otros parlamentarios y ex parlamentarios de Caldas, que la de Dixón Tapasco Triviño, ex parlamentario caldense, quien nunca estuvo en la reunión de la Vereda El Tambor con Ernesto Báez, siendo condenado más por un delito de sangre que por el de Concierto para Delinquir.

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, mayo 8 de 2015.

Apostilla: ¿Qué le ocurrió a la Corte para reabrir el proceso contra el parlamentario Lizcano, contentillo o irá en serio? Me extraña que la Corte me hubiese citado el próximo 15 de mayo en las instalaciones del Tribunal Superior de Manizales como testigo en este proceso, ya que solo me he limitado a trasmitir con mis escritos un clamor general de justicia.

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Marco Aurelio Uribe García, abogado. Manizales

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