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Los dolorosos hechos en Llorente (Nariño) son una tragedia anunciada, que deben ser el punto de quiebre para que el Estado ofrezca garantías a los campesinos cocaleros de que esos hechos no se repitan. Ese jueves, en el caserío de Puerto Rico, en medio de las labores de erradicación, fueron asesinados al menos seis campesinos y al menos otra decena resultaron heridos en hechos confusos que la Defensoría del Pueblo, ha pedido indagar. Primero hay que entender qué facilitó que esta tragedia ocurriera.

En enero de 2017 el Gobierno Nacional y las FARC-EP anunciaron su plan para enfrentar los cultivos de uso ilícito: para final del 2017 habrían eliminado 50.000 hectáreas vía sustitución y 50.000 hectáreas vía erradicación. En ese momento, ya era claro que estábamos ante un riesgo inminente de incumplimiento con graves costos para el campesinado. La sustitución y la erradicación son dos metas que se oponen entre sí, tanto en principios como en procesos. Esto pone al campesino en medio del fuego cruzado entre la posibilidad de la sustitución voluntaria –que avanza a un paso lento, requiere construcción colectiva y efectivo desarrollo socioeconómico– y la amenaza de la erradicación –que tiene capacidad de llegar rápido, con acciones que impactan la opinión pública y sin posibilidad de diálogo–.

El punto 4 del Acuerdo Final, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, ha puesto en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en muchos territorios cocaleros. El corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, hace parte del Acuerdo Colectivo Departamental que se firmó en marzo de este año en Nariño, señalando la voluntad de los campesinos para acogerse a los procesos de sustitución. Para un campesino que cultiva coca, acogerse al PNIS significa su compromiso de erradicar toda la coca en un periodo de dos meses, a cambio de subsidios y apoyo técnico del Gobierno durante un año, necesario para sobrevivir en el tiempo que se queda sin percibir ingresos tras la erradicación de sus matas de coca. Para el caso de Llorente, el gobierno identificó mil familias con 10.696 hectáreas de coca.

A la fecha, los desembolsos y subsidios para los beneficiarios del PNIS aun no han llegado a muchas veredas del departamento. No se ha hecho el primer desembolso, ni tampoco ha llegado la asistencia técnica. En el marco de las dificultades de seguridad que presenta un municipio como Tumaco, el ritmo al que avanza el PNIS ha sido tremendamente mas lento que en el resto del país. Y ahí está entonces el riesgo de tener dos metas de erradicación que compiten. Ante los débiles resultados de reducción de hectáreas en esta zona del país, el Gobierno Nacional cede ante la presión externa del Gobierno de Estados Unidos que reclama falta de resultados en disminución de cultivos y procede fácilmente con el avance de la Fuerza Pública.

Pero hay que recordar que el Acuerdo de Paz es claro al decir que la erradicación forzada será el último recurso, y solo será usado cuando no haya acuerdos con las comunidades. Con toda certeza, este no es el caso de Nariño y por eso nunca debió entrar la Fuerza Pública a hacer erradicación forzada de cultivos en estos territorios el pasado jueves.

En septiembre pasado el presidente Juan Manuel Santos dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que “la Guerra contra las Drogas ha cobrado demasiadas vidas –en Colombia hemos pagado un precio muy alto, tal vez el más alto de cualquier nación–, y lo que se está viendo es que el remedio ha sido muchas veces peor que la enfermedad.” Santos ha pronunciado este mismo discurso desde inicios de su primer mandato en su política internacional y, sin embargo, su falta de liderazgo cuando vuelve a Colombia a gestionar la política interna de drogas, le sigue dando enorme poder al sector defensa sin hacer lo propio con los sectores del desarrollo rural. Sus palabras se quedan en la retórica de los salones de Naciones Unidas, carentes de sustento en la práctica.

Pero también es cierto que el avance del programa de sustitución se ha visto obstaculizado por las condiciones de inseguridad de la zona con presencia de narcos, disidencias y actores con grandes intereses en que el negocio de la coca no se acabe. El Estado tiene entonces la responsabilidad central de cumplir lo pactado en el Acuerdo pero además, de operar en los territorios con una estrategia de seguridad e inteligencia que permitan desmontar las estructuras del crimen organizado que se disputan el control por el vacío tras la desmovilización de las FARC.

En el entretanto, para garantizar la seguridad de los civiles que están en el fuego cruzado de la guerra contra las drogas, el Gobierno debería apoyarse en terceros neutrales que puedan acompañar la entrada a los territorios. En este escenario cabe preguntarse: ¿Por qué la Misión de Verificación de la ONU ha mantenido silencio a los hechos crecientes de violencia en la implementación del punto 4, y en particular en la masacre de Llorente? Su comunicado del pasado lunes responde a los hechos de la Policía frente a la misión humanitaria, pero se mantiene un silencio frente a otros hechos de violencia contra quienes participan en la construcción de paz. Si bien en el mandato de la Misión no incluye acciones de verificación para el punto 4, sí tiene potestad sobre el Acuerdo 3.4 que trata a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales, en particular de las responsables de violaciones a los derechos humanos para quienes implementan los acuerdos y participan en la construcción de la paz.

Desde hace meses se alerta al Gobierno y las FARC-EP sobre la grave situación de seguridad para pobladores en zonas con presencia de cultivos ilícitos. Organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado a lo largo del año alertando a Gobierno, agencias internacionales y al público en general sobre el riesgo de persistir en la erradicación forzada.

El fin de la guerra contra las FARC y el cese al fuego bilateral debe trascender también hacia el cese al fuego a la coca y los campesinos.

Para esto, ofrecemos algunas pistas:

  1. El Gobierno Nacional debe dar instrucción al más alto nivel de la Fuerza Pública de cesar la erradicación forzada de cultivos ilícitos, especialmente en aquellas zonas donde ya se hayan firmado acuerdos colectivos de sustitución.
  2. La Misión de Verificación de la ONU, a través de sus oficinas regionales, debe tomar un papel facilitador en la implementación de medidas se seguridad para el campesinado en las zonas donde se efectúan procesos de sustitución de cultivos ilícitos.
  3. El Gobierno, en cabeza de la Alta Consejería para el Posconflicto y la Dirección para la Sustitución de cultivos ilícitos, debe tomar una ruta de implementación del PNIS ajustada al contexto de cada territorio. Para zonas con condiciones volátiles de seguridad (presencia de grupos armados ilegales y disidencias), como lo es Nariño, el ingreso al territorio debiera contar con el acompañamiento de terceros neutrales que pueden ser la Defensoría del Pueblo, o la Misión de Verificación de la ONU, o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otros.
    Estos hechos derivan de la ciega insistencia en estrategias costosas, contradictorias y fallidas, y en la deficiente coordinación interinstitucional. El Gobierno debe asumir medidas urgentes para evitar que se repitan hechos como la masacre de Tumaco. Con mas represión no se lograrán mejores resultados, sino con acciones integrales que den garantías de seguridad. Lo urgente ahora es la vida y no la erradicación de la coca a cualquier precio.
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Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global (países en desarrollo). Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.

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