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Por Vanessa Daza Castillo*

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La inequitativa distribución de los impactos en la salud de la contaminación del aire, que impone a las poblaciones más vulnerables las cargas más pesadas, hace de este un problema de justicia ambiental. / FOTO: Jacek Bednarczyk, EFE

En abril de este año, justo cuando salíamos de la última emergencia por contaminación ambiental declarada en Bogotá, un ciudadano y biciusuario presentó una tutela contra el Distrito y autoridades del nivel nacional por los altísimos niveles de material particulado al que los usuarios del transporte público, peatones y usuarios de la bicicleta, como él, se exponen día a día. En efecto, varios estudios de las Universidades de los Andes, Nacional y EAN respaldan esa preocupación. El primero de ellos muestra que, en tan sólo 1 kilómetro de recorrido, quienes se movilizan en los buses de SITP, andan en bicicleta o caminan por vías principales pueden llegar a inhalar más del doble de la cantidad de material particulado que la OMS califica como “segura” para 24 horas. Estos datos han servido para alimentar el debate público y la movilización alrededor de la crisis de calidad del aire que atraviesa Bogotá.  Sin embargo, dicha movilización se ha centrado en un sector limitado de la población: quienes se movilizan por calles contaminadas durante algunas horas del día. Pero, ¿son estas las personas más afectadas? ¿Quiénes están ausentes de esta discusión?

Una de las formas de abordar estas preguntas es echarle una mirada a los datos que arrojan las estaciones de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), una red de 13 estaciones ubicadas a lo largo de la ciudad que informan constantemente sobre la concentración de distintos contaminantes en el aire, incluyendo el material particulado, el contaminante más crítico para el aire bogotano. Desde el 2010, las concentraciones promedio anuales de material particulado registradas por la RMCAB han revelado la disparidad geográfica de la contaminación ambiental. Mientras que en el nororiente de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén y Chapinero, el material particulado se ha mantenido en niveles bajos y moderados, en el suroccidente, particularmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, la contaminación promedio suele ascender a niveles perjudiciales para la salud. Particularmente, en el 2017, las estaciones de Carvajal-Sevillana y Kennedy, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy, reportaron niveles promedio anuales de material particulado PM10 que exceden en un 340 y 275%, respectivamente, las concentraciones máximas recomendadas por la OMS.

Al contrastar las dinámicas geográficas de la contaminación con la distribución de la población por estrato socioeconómico, resulta evidente que son los estratos medios y bajos los que respiran el peor aire. En Ciudad Bolívar la mayoría de la población es estrato 1, en Bosa la mayor parte es estrato 2 y en Kennedy la población es máximo estrato 3. En contraste, en Usaquén y Chapinero se encuentra la mayor parte de la población estrato 6 de Bogotá, además de población entre estratos 3 y 5. Así, son las personas con el nivel socioeconómico más bajo quienes se encuentran más expuestas a niveles altos de contaminación durante periodos largos de tiempo, y por ende, las que presentan mayores riesgos de desarrollar enfermedades respiratorias.

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Fuente: SDA 2018 (imagen izquierda);

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Decreto 394 de 2017 (imagen derecha).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, la RMCAB es solo una pieza en el rompecabezas de la contaminación del aire bogotano. Las estaciones de dicha red están ubicadas a varios metros del suelo, donde el material particulado ya se ha dispersado o ha reaccionado con otras sustancias presentes en la atmósfera. Esto hace que el aire que captan las estaciones de monitoreo sea diferente al que respiramos, particularmente cuando estamos en vías de alto flujo de vehículos a diésel, donde lo que sale de los tubos de escape llega directo a nuestras narices, ojos y pulmones. Así, aunque una herramienta indispensable para la gestión de la calidad del aire, las estaciones de la RMCAB no reflejan las condiciones reales de exposición a material particulado de la población. Para conocer esta parte de la historia, los estudios sobre exposición personal de peatones, usuarios de la bicicleta y del transporte público, mencionados al principio, son fundamentales.

Sin duda, la salud de estas personas se encuentra en riesgo por la exposición a altas dosis de material particulado, así sea por el par de horas que dura un trayecto en transporte público. Sin embargo, en Bogotá existen varias poblaciones que trabajan largas horas al día y hasta viven en  las calles contaminadas de la ciudad, pero sus voces han permanecido ausentes del debate público y la movilización por mejorar la calidad del aire. ¿Alguna vez hemos pensado en la cantidad de contaminantes que respiran los vendedores ambulantes, habitantes de calle, migrantes empobrecidos y trabajadoras sexuales?

Además de permanecer largas horas en las calles o en establecimientos cercanos a ellas, estas personas tienen algo más en común que no tienen los biciusuarios y otras personas que también permanecen por largos períodos en la calle, como oficiales de tránsito o taxistas: los vendedores ambulantes, habitantes de calle, migrantes empobrecidos y trabajadoras sexuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación que no solo exacerba su riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación ambiental, sino que dicha vulnerabilidad determina su capacidad de evitar o tratar tales enfermedades. Es decir, de un lado, estas personas permanecen en las calles expuestos a contaminantes del aire debido a la situación de pobreza, discriminación y exclusión social que afrontan. Los habitantes de calle, por ejemplo, no solo permanecen en las calles con altos niveles de exposición, sino que además la gran mayoría se concentran en el sur de la ciudad, donde la calidad del aire siempre está peor.

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Localización habitantes de calle / Fuente: DANE.

Por otro lado, la misma situación de vulnerabilidad que mantiene a estas poblaciones en las calles respirando altas dosis de material particulado es la que impide que puedan ajustar su vida o sus actividades cotidianas para reducir su exposición. Es decir, son poblaciones empobrecidas y marginadas a las que les resulta sumamente costoso o hasta imposible cambiar de trabajo, de vivienda, de medio de transporte o de modo de vida, así como acceder a atención médica oportuna, de calidad y sin discriminación para tratar los riesgos que acarrea la inhalación crónica de altas dosis de contaminantes atmosféricos.

La inequitativa distribución de los impactos en la salud de la contaminación del aire, que impone a las poblaciones más vulnerables las cargas más pesadas, hace de este un problema de justicia ambiental. Esto, sumado al deber de protección especial del Estado frente a estas poblaciones en razón de su vulnerabilidad y marginación social, justifican la adopción de una política pública de calidad del aire que reconozca la desigualdad de los impactos de la contaminación en la salud de la población, y que adopte de manera prioritaria medidas informativas, preventivas y de atención para estas poblaciones. No obstante, el enfoque de justicia ambiental se encuentra totalmente ausente de la política pública local y nacional de calidad del aire.

Bogotá está en mora de adoptar un enfoque de justicia ambiental en su política de descontaminación del aire y deberá aprovechar la ventana de oportunidad que la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan Decenal de Descontaminación en 2020 ofrece para hacerlo. De lo contrario, seguiremos perpetuando la marginación que mantiene a los más vulnerables en medio del humo negro que habita las calles de Bogotá.

*Investigadora de Dejusticia – @dcvanessa

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Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad / Center for the Study of Law, Justice and Society. We work to promote human rights in the Global South.

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