En Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se ha autoproclamado Presidente interino de la República. En Colombia, el gobierno ha decidido tras un atentado terrorista salvaje, romper los compromisos y protocolos que dieron pie al inicio de las negociaciones de paz con el Eln y exigir su captura y extradición inmediata al país para que sean juzgados como autores intelectuales del ataque terrorista contra la Policía Nacional de Colombia

Precedente riesgoso para la institucionalidad

Estas dos decisiones, estemos o no de acuerdo con ellas, están sentando un precedente riesgoso que puede debilitar la institucionalidad y la legitimidad de ambos estados. En el caso de Venezuela, si bien es cierto que buena parte de Latinoamérica y la comunidad internacional no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, y por ello el fin de su régimen debe ocurrir lo más pronto posible, que alguien se auto-declare presidente interino de los Venezolanos sin que el pueblo de esta nación tenga la oportunidad de elegir quien quieren que lidere la transición a un estado democrático, libre y respetuoso de la ley y las instituciones, representa el riesgo de crear un gobierno, por temporal que sea, casi tan ilegítimo como el que se pretende reemplazar.

El hecho de que varios países latinoamericanos y los Estados Unidos hayan reconocido a Guaidó como presidente, representa un movimiento peligroso que puede debilitar aún más la democracia y la institucionalidad en ese país.

La Unión Europea ha tomado una posición algo más sensata al exigir convocatoria a elecciones inmediatas y transparentes, sin Maduro como candidato, antes de reconocer a un nuevo jefe de estado. El éxito de esta transición liderada por Guaidó sería más transparente si no se hace a nombre personal, sino liderado por el poder legislativo entero, legítimamente elegido en Venezuela, que debe hacer una declaración inmediata a elecciones, una vez Maduro abandone el poder. Solo así se lograría dar legitimidad a este proceso ante los ojos de una nación que está dividida políticamente, pero que sufre casi de manera uniforme los errores de un régimen incapaz, dictatorial y destructivo. Quien gobierne a Venezuela en la transición debe ser elegido libremente por el pueblo venezolano. Es la única forma en que la democracia puede salir fortalecida de todo esto.

Los protocolos no son una política del gobierno de turno

En Colombia el gobierno ha cancelado las negociaciones de paz con el Eln, de manera más que justificada frente al terrorismo ejercido por este grupo, que envió un mensaje muy claro de guerra, inhumanidad y de irrespeto al pueblo y las instituciones de Colombia. Sin embargo, el Estado colombiano, representado por el gobierno anterior, acordó protocolos muy claros, firmados por las partes y custodiados por garantes internacionales, que indican que debía hacerse en caso de que esas negociaciones se cancelaran.

Esos protocolos son política de estado, aprobada a través de los mecanismos legales que existen en la institucionalidad del País. No son una política del gobierno de turno. Son como acuerdos internacionales que deben cumplirse una vez firmados, sin importar que gobierno los negoció o los firmó. El gobierno actual argumenta que el Eln violó esos protocolos al perpetrar el ataque terrorista contra la policía nacional en Bogotá, y siendo un argumento válido, debemos recordar que ese grupo nunca ha respetado la ley o las instituciones. Pero es el gobierno, el Estado, quien debe hacerlo porque de ello depende su credibilidad y legitimidad.

Es por ello que los compromisos adquiridos deben cumplirse por dos razones fundamentales. La primera es que no cumplirlos es prácticamente cerrar la puerta a cualquier negociación de paz futura, porque el Eln o cualquier otra organización no van a creer en la palabra de un estado que no honra sus compromisos. La segunda, y quizás la más importante a futuro, es que se va a debilitar la imagen del estado colombiano a nivel internacional como una nación donde los acuerdos se respetan, y donde la institucionalidad y la ley son el eje central de la política nacional e internacional del país. Colombia ha tenido una tradición de respeto a los acuerdos firmados, y si deben ser cambiados o cancelados, se debe hacer de la manera correcta, a través de los órganos y métodos adecuados para que ello ocurra.

En muchas ocasiones situaciones extremas como una dictadura o un ataque terrorista parecen justificar el alejarse de la institucionalidad y la legalidad, pero debemos recordar que nuestras democracias y nuestras naciones se basan en la legitimidad que el pueblo y su compromiso con la ley les dan. Si esto desaparece, por justificado que pueda ser, estamos posiblemente poniendo en riesgo lo que precisamente estamos tratando de salvar: nuestras democracias