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El Politécnico Grancolombiano lideró un espacio de análisis constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria a la educación. En el encuentro participaron Jaime Cataño, especialista en derecho educativo; Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia; Nilson Pinilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la corte constitucional; y Andrés Riascos, asesor jurídico del Ministerio de Educación Nacional.
El proyecto de ley fue radicado hace unos días por el Gobierno Nacional y cuenta con 36 artículos distribuidos en 6 capítulos. “Este es un proyecto de ley que tiene una exposición de motivos extensa, en donde lo que se ve reflejado es una estructura que ya la Corte Constitucional ha definido como los principios mínimos. Debe haber, entonces, unas protecciones y recursos especiales, en especial a la educación privada, ya que en los últimos días se ha dado un tipo de pánico en algunos rectores en cuanto a la autonomía universitaria de admisión de estudiantes, que puede cambiar al considerarse un derecho fundamental”, explicó el Dr. Cataño.
Sin embargo, ha recibido fuertes críticas, principalmente porque el proyecto incluye una serie de facultades extraordinarias que se le otorgan al presidente Gustavo Petro; además, expertos del sector afirman que esta ley, en caso de aprobarse, anulará el principio de autonomía universitaria, limitará la oferta privada y establecerá la obligatoriedad de los grados 12 y 13 con los que cuentan las Escuelas Normales.
La discusión se centró en entender los alcances del proyecto de ley e identificar si verdaderamente es necesaria una ley estatutaria. Para el doctor Pinilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, la Constitución Política de Colombia ya consagra la educación como un derecho fundamental e igualitario, por eso afirma que no considera necesaria esta ley: “el proyecto es excelente, recoge todas las inquietudes que hay, pero no es necesario porque hoy en día nadie discute que la educación sea un derecho fundamental, eso fue definido por la Corte Constitucional y con la Ley 30 de 1992 se logró un desarrollo, ahora lo que se debe buscar es que se cumpla”.
Pero Andrés Riascos, representante del Ministerio de Educación Nacional afirmó que están convencidos de la necesidad de esta ley, entendiendo que, no hay una norma que desarrolle los aspectos básicos que desarrolla la educación como derecho fundamental. “Este vacío tenía que llenarse de alguna manera y en cierto sentido lo ha ido llenado la corte a través de sus sentencias. El inconveniente es que, a pesar de estos esfuerzos, puede ser difícil de entender para el ciudadano común cómo navegar a través de las sentencias para encontrar aquella que se necesita”.
Entre tanto, desde el concepto del Dr. Herrera, “el verbo rector no debe ser reformar, sino vigilar. Porque en el país se ha hecho curso reciente en reformar lo que viene funcionando bien y no hacer nada frente a lo que requiere un mejoramiento. Se debe entender que la autonomía universitaria genera una educación de alto nivel y eso es lo que se debe vigilar. Esa autonomía es necesaria para lograr una mayor competencia y no es solo un derecho a favor de los estudiantes, sino que es una protección constitucional para las instituciones”.
¿Qué presenta la ley según el Ministerio de Educación Nacional?
El Dr. Riascos explicó que este proyecto parte de entender la educación como un derecho fundamental. Al ser una ley estatutaria, lo que el Gobierno busca es construir una norma que brinde los mecanismos para que ese derecho a la educación tenga las herramientas necesarias, esto requiere de unos consensos mayores en materia política, pero que además logre perdurar en el tiempo, lo que significa que los acuerdos tienen que ser lo suficientemente debatidos y bien planeados para que no se quede obsoleta en corto tiempo.
Explicó que en el proyecto además se encuentran dos principios básicos: la equidad y la pertinencia. Equidad de acceso y pertinencia de la educación en las distintas regiones del país, tanto desde el punto de vista de contenidos, como de las personas y los territorios. Esto lo que busca es que la educación se adecúe a las necesidades de los colombianos.
La ley va a tener una implementación gradual. “Tenemos que ser conscientes que esto tiene unas limitaciones presupuestales y de contexto, porque garantizar un derecho cuesta y hay que buscar cómo asumirlo. Sin embargo, no todo es dinero, es un proceso progresivo en el que nuestro sistema tiene ampliar la cobertura y las instituciones de todos los niveles deben contribuir con el Estado”, afirmó.
¿Qué pasa con la educación privada?
La limitación de la oferta privada es una de las principales preocupaciones en el sector. Ante esto, los expertos explicaron que el Estado debe no solo garantizar el acceso a una educación pública de calidad, sino también apoyar a las instituciones privadas, fortalecer la investigación científica y ofrecer capacidades para su desarrollo. “Pienso que en lugar de pensar en estatizar e institucionalizar la educación, el Estado debe cumplir con la educación constitucional, apoyando a las universidades para que puedan ofrecer más cupos a los estudiantes”, afirmó el Dr. Pinilla.
En cuanto al reto de ampliar la cobertura
El representante del Ministerio de Educación Nacional planteó en la discusión una cifra clave: solo el 54 % de los colombianos tienen acceso a educación superior. ¿qué pasa con el resto de las personas? “Esto es trágico e implica que muchos colombianos no pueden desarrollar su proyecto de vida como quisieran porque no tienen la oportunidad. Con esta ley buscamos fijar unos compromisos para que la educación sea un derecho y eso no se va a solucionar al día siguiente de aprobar la ley, pero sí nos va a dar un marco para avanzar en ese sentido”.
Ante esto, el Dr. Hernando Herrera planteó la necesidad de esta cobertura desde una progresividad, intentando evitar una desmejora principalmente en la educación superior, entre otras porque las mismas universidades han dicho que es posible que la generación de nuevos cupos no tenga las características de rigor para la alta exigencia académica. “La cobertura también implica que nuestro sistema mixto no se desmejore, que se respete los límites de la universidad pública, sin afectar el desarrollo de la universidad privada”.
¿Qué pasa con el financiamiento?
Uno de los aspectos clave en la discusión el proyecto de ley ha sido el relacionado con la función del ICETEX. Para Hernando Herrera, la propuesta eliminaría la función del ICETEX de financiar a quienes no tienen recursos y lo que se debe buscar es garantizar la elección de acceso del estudiante. Entre tanto, para el Nilson Pinilla, el Estado debe destinar más presupuesto a la educación para que haya más cupos en las universidades públicas, además de fomentar más el trabajo de las universidades privadas.
Arturo Acosta, presidente del Consejo de Delegados del Politécnico Grancolombiano concluyó el encuentro afirmando que “aparentemente el objetivo es tratar de proteger el derecho a la educación, pero dependiendo de los calificativos que le pongan a ese derecho, puede ser que abra o cierre el compás hacia la participación del sector privado en la educación, y puede ser que abra o no el compás frente a la autonomía universitaria”.
