Por Marcelo Cabrol
Todo el mundo está hablando de la cuarta revolución industrial: un cambio impulsado por una era digital en la que la tecnología está transformando la humanidad tal como la conocemos, creando nuevas industrias, aumentando y mejorando drásticamente la productividad y el crecimiento económico.
Sin embargo, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, puso la nota realista al decir, “La medida en que esa transformación sea positiva dependerá de la forma en que navegamos los riesgos y oportunidades que surgen en el camino.”
Tenemos que pensar en esto con cuidado. Los emprendedores que utilizan estas nuevas tecnologías están cambiado nuestra forma de consumir productos y servicios en el día a día, y estos cambios requieren que aquellos que trabajamos en las instituciones de desarrollo, junto con los gobiernos y el sector privado seamos proactivos para mejorar las condiciones sociales y económicas de la gente..
A pesar de su profundo efecto en los mercados de consumo, los gobiernos no han dilucidado plenamente el potencial que tiene el trabajo con las nuevas empresas de base tecnológica para transformar la manera en que se pueden prestar servicios a gran escala para sus ciudadanos.
Algunos expertos en innovación como Donna Harris de la incubadora de empresas 1776 ya han señalado el potencial que ofrecen las startups para irrumpir lo que ella llama “industrias altamente reguladas” tales como la educación, la salud, el transporte, etc. -, es decir, aquellas en la que los gobiernos establecen las normas generales pero también juegan un papel importante como consumidor o proveedor.
Esta situación se explica desde la perspectiva tanto de los gobiernos como de los emprendedores y el tema más común es la regulación. Cuando se trata de startups, las reglas y normas de los gobiernos a menudo no sólo son engorrosas sino también anticuadas.
Se necesitan algunas modificaciones reglamentarias para dar cuenta de los cambios que ya han sido generados por startups exitosas. Este es el caso de empresas como Uber e Easy Taxi que han transformado la industria del taxi en muchas ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México, uno de los mayores centros urbanos de América Latina y el Caribe. La adopción generalizada de Uber en algunas ciudades ha hecho discutibles las regulaciones existentes, lo que obliga a los gobiernos a luchar para equilibrar una alteración en el servicio de transporte, en beneficio de los consumidores al tiempo que garantiza la igualdad de condiciones para los conductores de taxis tradicionales.
Si se está de acuerdo en que las empresas como Uber traen cambios sociales positivos, la revisión de los marcos regulatorios se vuelve aún más importante. El ejemplo de Uber también sugiere la necesidad de realizar esta tarea de una manera más proactiva y dinámica: simplemente esperando que se den cambios en las industrias para después reaccionar desde el punto de vista normativo, no es socialmente óptimo.
Ahora, si movemos este análisis desde el punto de vista del gobierno como regulador a la del gobierno como consumidor (de los bienes y servicios ofrecidos por dichas startups), hay grandes oportunidades. Un paso más radical y yo diría, más prometedor sería crear una situación desde la demanda en la que los gobiernos buscan activamente colaborar con nuevas empresas para adoptar y probar sus productos y servicios. Incluso podemos ir más allá de imaginar esta dinámica conjunta de co-creación y experimentación. Naturalmente, este enfoque exige que los gobiernos asuman riesgos mayores que lo que actualmente están dispuestos a aceptar. Pero la ventaja es enorme: la ampliación exponencial de soluciones para mejorar vidas.
Si los gobiernos desempeñan un papel más activo para moldear estos cambios tecnológicos, pueden ayudar a crear un mejor nivel de vida para una gran mayoría de personas en todo el mundo.
En cierto modo, esta es una idea natural para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Históricamente, el BID ha sido un catalizador y un socio en el diseño, la adopción, la evaluación y la ampliación de programas públicos innovadores, a menudo facilitando la participación de nuevos actores con conocimientos específicos. Al hacer esto, el BID aprovecha de manera más eficiente el potencial de transformación de su financiación dirigida al sector público.Hoy en día, tenemos una nueva oportunidad: acelerar la integración de nuevas empresas y su potencial de desarrollo en los programas de gobierno. Para ello podemos utilizar nuestros instrumentos (financieros y no financieros) para mitigar el riesgo de incluir elementos innovadores en los programas de gobierno y continuar impulsando la medición de resultados y la estimulación de nuevas empresas para desarrollar productos y servicios adaptables o adaptados para el uso público. Esto es en adición a – y no en lugar de – ayudar a los gobiernos a mejorar sus regulaciones, incluyendo las normas de adquisiciones y el desarrollo de políticas para fortalecer los ecosistemas de gobiernos.
Como dijo una vez Bill Gates, “Nunca antes en la historia la innovación ha prometido tanto a tantos en tan poco tiempo.” Saquemos entonces el máximo provecho de esta oportunidad.
El BID apoyaría eventualmente iniciativas de «open source economy», cuya innovación disruptiva tenga amplios beneficios para la sociedad, así estas vayan en contra de las actuales políticas de los gobiernos? En otras palabras, el BID es una institución que apoya abiertamente la innovación disruptiva o sólo apoya las inicitativas de origen gubernamental? Si lo último es cierto, dudo mucho que lo que dice el autor pueda aplicarse en realidad, por el claro conflicto de interés de la institución.
Califica: