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A propósito de la tragedia invernal que el fin de semana pasado cobró más de 270 vidas en la ciudad de Mocoa -capital del departamento del Putumayo ubicado al sur del departamento de Colombia-, se han publicado varias columnas que evidencian la previsibilidad del fenómeno y la responsabilidad del hombre en la ocurrencia de los mal llamados “fenómenos naturales”. La desidia de los gobernantes, sumada a las malas decisiones tomadas en materia de uso de suelo y planeación urbanística -esperamos por errores humanos inherentes a la técnica y no por el horror humano de la corrupción-, se vinculan en nudo causal a otro fenómeno que quiero abordar en este blog: el estado de la gestión de riesgos ambientales en nuestro país.

Para nadie es un secreto que construir en Colombia es un camino tortuoso. Licencias y estudios de todo tipo siempre están presentes, por lo que quien emprende proyectos urbanísticos legales, debe armarse de paciencia, además de recursos financieros, para lograr sacar avante su objetivo.

Si esto es así de riguroso, me pregunto ¿por qué se autorizó la urbanización de terrenos que hasta hace poco correspondían al cauce natural de los ríos que el fin de semana pasado se desbordaron?

Insistiendo en la presunción de la ética y de la buena fe de las personas que autorizaron dicha construcción -pues nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario-, resulta evidente que en la lógica, tanto pública como privada, sustento para la urbanización, terminan ganando los argumentos a favor de la rentabilidad económica frente a la protección de la vida.

La construcción es una de las actividades más rentables y está considerada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, gracias a su alta elasticidad ingreso, como uno de los motores del crecimiento. Tal vez por esto, con las gestiones adecuadas, año tras año desde el mismo gobierno se apoyan proyectos para  colonizar con cemento millones de hectáreas de paisaje natural, aún si esto implica tomar decisiones que pueden poner en riesgo la vida.

Por lo anterior, resulta urgente que se eleve el nivel jerárquico de la discusión de la gestión de riesgos ambientales en la agenda estatal, y se revise, bajo el liderazgo de los Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Vivienda, la legislación para cuidado de bosques y fuentes hídricas, y la relativa a la aprobación de proyectos urbanísticos en todo el país.

No se trata de castigar a quienes tienen predios “vírgenes” limitando su desarrollo ni de hacer más onerosa y dispendiosa la construcción. Por el contrario, se trata de retribuir financieramente a quienes son propietarios de predios que aportan por su contexto ecológico al aire y al agua de la región (a través de esquemas fiscales o de la expedición de bonos ambientales), y de suministrar un apoyo técnico desde el gobierno central para que se adelanten de manera seria mapas de riesgos ambientales en todo el país, orientando la gestión de los mismos para su prevención y control desde el más alto nivel, pues aquí lo que está en juego es el activo más valioso: la vida.

Si queremos evitar que tragedias como la de Mocoa se sigan repitiendo, los temas ambientales no pueden seguir siendo el patito feo de la agenda pública. Y esto es aplicable tanto a nivel nacional como internacional. Si bien es necesario comenzar por hacer cambios radicales en la legislación interna, de nada servirá este esfuerzo si no se logran compromisos globales para frenar el cambio climático. Hasta ahora, los organismos internacionales han pontificado mucho sobre el tema y llenado papeles con intenciones. La supervivencia humana requiere que tanta tinta se vuelque en acción.

Epílogo: Está visto que existen múltiples desafíos en el país, tan importantes y urgentes como la paz y la corrupción. Ojalá evitemos caer en discursos populistas que toman como punta de lanza política uno o dos temas que generan votos para mover voluntades a partir de la emoción, y logremos reestablecer en lo público una agenda seria y diversa en la que, con equipos técnicos y multidisciplinarios, se realice una adecuada gestión estatal, en cooperación y con proyección internacional.

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PERFIL
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Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid en convenio con la Escuela Diplomática de Madrid, y aprobación de la fase de docencia en el Doctorado en Marketing de la Universidad de Alicante. Más de veinte años de experiencia en cargos de dirección en las áreas financiera, administrativa y de planeación y desarrollo corporativo, así como en docencia en pregrado y postgrado en instituciones de educación superior.

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