Soy profesor, y espero serlo por el resto de mis días. Pero durante dos años, tuve la inmensa fortuna de servirle al país desde la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es la institución encargada de responder las expectativas de las víctimas desde la perspectiva de su derecho a la justicia. Por lo tanto, tiene la titánica tarea de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los delitos ocurridos con ocasión del cruento conflicto armado que durante seis décadas se libró con las Farc.
Ahora bien, para que el proyecto de justicia transicional colombiano funcione, es necesario contar con una sociedad consciente a la cual servirle. Esto es, informada de la integralidad del espíritu, el contenido y el alcance de las normas y procesos a través de los cuales dicho proyecto es implementado; y empoderada respecto de la posibilidad que dicho proyecto le da para hacer valer sus derechos transgredidos. Esto se traduce en la posibilidad de lograr que la visión de un país más justo y en paz, incluida tanto en el Acuerdo Final como en nuestro proyecto de nación, pueda consolidarse en el futuro cercano.
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de ciudadanía colombiana no sabe -o tiene una visión distorsionada sobre- qué es la justicia transicional, qué hace la JEP y las otras instituciones creadas para implementar el acuerdo de paz, o por qué su trabajo puede marcar un punto de inflexión para el bienestar el país.
Y como consecuencia de esta brecha en materia de acceso al conocimiento y pedagogía de paz, tanto la legitimidad popular como el ejercicio de los derechos por parte de las víctimas se ven afectados profundamente. Colombia es un país que cuenta con un sistema de justicia transicional innovador y de punta, que es visto con admiración por parte de la comunidad internacional, pero también cuenta con una población que aún no lo ha entendido.
Más que nunca es importante relatar un par de sucesos que ilustran la crisis que experimenta la pedagogía de paz en Colombia.
Primero. El plebiscito promocionado por el gobierno impulsor del acuerdo de paz, que buscaba que la ciudadanía colombiana manifestara su opinión frente a lo que se había negociado en La Habana, adoleció de una campaña previa lo suficientemente masiva y clara para que la gente se enterara de los contenidos sobre los cuales se iba a pronunciar -así lo han manifestado varios funcionarios públicos de dicha época. Por el contrario, es bien sabido que el gerente de la campaña del No, afiliado al Centro Democrático, reveló en una entrevista abierta que dicha estrategia se había basado en influenciar los ánimos de las personas “para que saliera a votar verraca”. Influenciar los ánimos, en vez de informar o dar argumentos para que la gente tomara decisiones al respecto.
Segundo. Con ocasión de la apertura al público de la JEP, en marzo de 2018, la institución hizo proyecciones sobre la gran cantidad de víctimas que acudirían a pedir información o a aportar documentación relacionada con la ocurrencia de delitos en dicha jornada. En consecuencia, se diseñó un “plan de choque” que implicó el acondicionamiento del edificio de la carrera 7 con calle 64 para recibir una ola masiva de personas, y se dispuso del apoyo de un importante número de profesionales para atender las eventualidades psico jurídicas que se presentaran. Llegó el 15 de marzo, y las víctimas no llegaron, porque no sabían que la JEP abría sus puertas ese día. Otros no sabían qué era la JEP.
En ambos casos, la ausencia de procesos integrales de pedagogía de paz fue determinante para la generación de resultados indeseables para la efectiva implementación del Acuerdo Final, y en concreto, el mecanismo de justicia diseñado para responder a las expectativas de las víctimas. Y es un problema de la mayor gravedad, porque lo que al final sucede es que se está tratando de poner en funcionamiento un intrincado y costoso proyecto institucional que no cuenta con la legitimidad popular necesaria, en el que sus usuarios -y operadores- directos desconocen las rutas de atención. Porque si las víctimas no entienden cómo funciona el proyecto de justicia transicional colombiano, los servidores públicos tampoco lo tienen tan claro.
Ahora bien, poco a poco florecen iniciativas que empiezan a aclarar el panorama de la pedagogía de paz en Colombia, de cara a una comprensión integral de aquello que podría representar la transformación estructural del país. Estas iniciativas tienen como propósito último la formación de una sociedad políticamente activa y madura, para la toma de decisiones tan importantes como la generación de soluciones directas al conflicto que se ha vivido durante tanto tiempo.
La Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, en cooperación con la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD y la Pontificia Universidad Javeriana, ha venido implementando en los últimos meses un proceso de formación para funcionarios públicos a nivel municipal, a través del cual se busca generar capacidades concretas para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, pero también para generar la sensibilidad necesaria para su atención integral.
La importa de estos espacios radica en que se está trabajando en el territorio, que es el espacio donde el conflicto armado generó las afectaciones más grandes en la población, y que además es donde existen menos posibilidades de acceder a piezas informativas, cursos o mensajes institucionales en materia de justicia transicional y construcción de paz. El enfoque en estas personas es, incluso, parte de una estrategia para que aquellos que reciben formación en estos temas puedan transformarse en formadores en el seno de las comunidades donde pertenecen, y así lograr un crecimiento exponencial de los mensajes fundamentales: por ejemplo, por qué el país está embarcado en un proyecto de justicia transicional, o cuáles son las rutas que las víctimas disponen para acceder a sus derechos.
La pedagogía de paz no ha sido (por ahora) en Colombia. Esperemos que no sea tarde para que acciones, como la anteriormente descrita que involucra actores sociales diversos, empiecen a ser implementadas de forma masiva y sistemática. Sin esto, la actual iniciativa de construcción de paz y reconciliación en el país continuará con su trasegar, pero tendrá una herida tan profunda que la llegada a la meta se antoja incierta.
“La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante”
Sören Kierkegaard
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