¿La Corte Constitucional versus los empresarios? La pifia de Revista Semana

Pifia: Según la Real Academia Española, error, descuido, paso o dicho desacertado.

Sorprende el titular con que la Revista Semana encabeza uno de sus recientes artículos principales: La Corte Constitucional versus los empresarios. Resulta difícil entender las razones por las que éste medio de opinión -normalmente reconocido por la entrega de contenidos variados y posiciones balanceadas- enfila sus baterías en contra del máximo órgano judicial del país respecto de una cuestión aparentemente clara: la protección de los intereses públicos que hacen parte del proyecto nacional colombiano.

¿Qué dice el anónimo artículo, encuadrado dentro de la sección Nación de la revista? En términos generales, le atribuye gran responsabilidad de la actual crisis económica que afronta el país a algunas decisiones que la Corte Constitucional ha tomado respecto de la protección del medio ambiente y los derechos humanos de los colombianos. Señala que los fallos judiciales en cuestión han afectado la seguridad jurídica -derechos y expectativas legítimas- de empresas e inversionistas privados en sectores como el minero-energético y el agroindustrial. En síntesis, se sugiere que el máximo tribunal del país funge como un actor público superpoderoso e irresponsable, cuyas actuaciones se encuentran imbuidas por una ideología contendiente del desarrollo del país.

¿Bajo qué supuestos o argumentos justifica Revista Semana su posición? De un lado, asume que las decisiones tomadas por la Corte respecto de normas que tocan sectores productivos e industrias, en muchos casos declaradas inconstitucionales debido a su contradicción con principios y derechos fundamentales, implican un cambio en las reglas de juego para las empresas e inversionistas privados. Del otro, manifiesta que las tutelas que se han fallado en asuntos relacionados con mecanismos de participación -consultas populares o previas- o la protección de comunidades étnicas, resultan siendo mecanismos de activismo judicial que desconocen particularidades técnicas y políticas económicas.

Pero adicionalmente éste artículo envía, entre líneas, potentes mensajes que tienden a difamar la importancia de lo que la Corte hace. Relativiza la jerarquía de las cuestiones que ésta asume como intereses públicos fundamentales: la vida e integridad de grupos históricamente vulnerados como los grupos étnicos, el derecho de las comunidades de decidir sobre los procesos económicos que impactan su hábitat. E igualmente, sugiere que la dinámica de incidencia del tribunal constitucional colombiano se encuentra en contravía de la gran apuesta de la administración Santos: la paz duradera a través de la implementación de cambios estructurales o postconflicto.

No es mi intención servir de defensor de la labor de la Corte Constitucional, ya que los resultados de sus decisiones hablan por sí solos, y con toda seguridad sus miembros pueden explicar de forma clara y contundente la naturaleza de sus fallos y la importancia superlativa que han tenido -y tendrán- para la sociedad colombiana. Tampoco pretendo atacar el modelo económico propugnado por el actual gobierno, ya que al respecto hay suficiente literatura especializada y artículos de opinión que han mostrado la forma en que aquel genera inconsistencias en el cumplimiento del proyecto de nación amparado por la Constitución de 1991.

Lo que quiero dilucidar va más allá de estas cuestiones. Hablo de la forma en la que éste tipo de análisis presentan fundamentales discusiones sobre el modelo de desarrollo que Colombia debe adoptar para poder transitar hacia una democracia estable e incluyente como simples problemas de desconocimiento técnico o diatribas politiqueras en contra del sector privado.

El mensaje que, en resumidas cuentas, se envía a través del artículo publicado en Revista Semana, es que la protección de los más vulnerables es un pecado en contra de la prosperidad del país. Aún peor, que los artífices de dicha prosperidad -aquellos que históricamente se han beneficiado de una posición privilegiada dada por el capital y de los innumerables beneficios otorgados por el estado- son víctimas del perverso actuar de una instancia judicial que juega a la ruleta rusa con la Constitución.

Contrario a lo que propone Semana, la Corte tiene como mandato principal la salvaguarda del orden constitucional de nuestro país, que ha ubicado a la persona en el centro de gravitación de las demás normas y políticas, incluyendo aquellas que regulan el modelo económico y los sectores productivos. La salvaguarda de derechos fundamentales e intereses públicos debe buscar ser sostenible a nivel financiero, pero nunca deberá verse supeditada a la adopción de una dinámica de desarrollo específica, como la idea de que la actividad del sector privado debe ser autoregulada e infalible a los normales cambios normativos o decisiones judiciales que se dan dentro de cualquier estado moderno.

Aún peor. La construcción de una paz estable y duradera depende, en mayor medida, de la realización de cambios estructurales en la sociedad colombiana, incluyendo la democratización de la toma de decisiones públicas y la protección efectiva de derechos humanos. Los recursos económicos, como sugiere Revista Semana, también son necesarios para poder hacer operativos estos cambios. Pero si no existe una política estatal encaminada a la efectiva resolución de los problemas asociados con la desigualdad y la pobreza, ni toda la riqueza del mundo podrá brindar respuestas concretas al caso colombiano.

Ojalá Revista Semana adelantara, por ejemplo, similares investigaciones respecto de las demandas que actualmente se incuban contra Colombia en el nido del arbitraje internacional de inversión. Si se afirma que la Corte Constitucional está afrentando la prosperidad económica del país, no me quiero imaginar qué diría esta publicación sobre lo que estos tribunales ad hoc representarán para la institucionalidad del país en los próximos años gracias a la firma masiva de tratados de libre comercio e inversión.

Porque, contrario a la Corte Constitucional, estas instancias están diseñadas para sacar las normales controversias que hay entre el estado y actores privados de la legítima órbita de la rama judicial doméstica, y le entregan la capacidad de decidir sobre delicados casos a un grupo de jueces que, en su mayoría, hacen parte del círculo laboral e ideológico de las grandes empresas multinacionales.

La responsabilidad de los medios de comunicación en el contexto de la construcción de paz y el postconflicto es un asunto que debe tratarse de forma inmediata y prioritaria. En una sociedad democrática todas las posiciones son válidas y tiene crédito que aquellas se presenten y debatan sin ningún tipo de discriminación. Pero es igualmente cierto que el trabajo de los medios debe estar alimentado por información objetiva y, si no se trata de una opinión editorial personal, se debe propugnar por incluir las diversas visiones de un asunto como el que motiva esta columna. Y claro está, evitar la generación de polarizaciones que le hacen daño a la búsqueda de soluciones consensuadas. Ojalá Revista Semana continúe con su cobertura de este caso con opiniones diversas.

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