Después de haber iniciado el presente año, los aumentos económicos
no se hicieron esperar, como por ejemplo, en la canasta familiar, educación,
salud, gasolina, entre muchos otros servicios y bienes primarios y secundarios que
están supeditados al devenir de la economía y el libre mercado o a las
decisiones tomadas por el gobierno, como el caso de los impuestos, en especial,
el impuesto predial y la valorización, que se dispararon de manera abrupta en
las principales ciudades del país, en especial, Bogotá y Medellín, en las que
los ciudadanos han realizado diversas manifestaciones contra tales aumentos que
consideran una burla y un robo por parte de la administración, y más cuando sus
tributos no se ven bien remunerados y la corrupción sacude diferentes entidades
territoriales frecuentemente, generando mayor indignación y rabia en las
personas que buscan la manera de pagar los impuestos para no verse afectados
legalmente.
En el caso de Bogotá, los cobros de valorización por
determinadas obras aumentaron hasta en un 3000% sumado al descontento por el
retraso de las obras, mala calidad en las mismas y errores en la facturación.
En Medellín, por el contrario, los cobros
desproporcionados en el impuesto predial han generado fuerte rechazo en el
sector inmobiliario y comercial, porque muchos consideran que la ciudad estaría
encaminada a ser una de las ciudades más caras del continente y eso le restaría
competitividad y desarrollo a la urbe, a pesar de que el gobierno de Aníbal
Gaviria se defiende afirmando que los cobros están ajustados a la ley y que
hace varios años no se realizaba la actualización catastral.
El hecho de tributar al Estado genera un compromiso y una
obligación legal por parte del ciudadano, que en muchas oportunidades es
símbolo de impopularidad, rechazo ciudadano y pérdida de votos, porque en un
país como Colombia, al ciudadano le duele que le toquen el bolsillo, y más
cuando los escándalos de corrupción y la mala inversión por parte del gobierno
es pan de cada día.
Es seguro que si los gobiernos locales lograran demostrar
con obras, inversión social y desarrollo humano la ejecución y la puesta en
escena de sus propuestas no se estaría desestimulando el pago de impuestos,
aunque en aquellos casos en los que la desproporción, la inequidad y las alzas
orbitales se hacen presentes, es contundente el accionar de la ciudadanía a
través de los mecanismos legales y constitucionales.
Después de todo el impacto mediático, son numerosos los
reclamos y solicitudes en ambas ciudades, que han arrojado algunas correcciones
para algunos ciudadanos pero es claro que para la mayoría de personas no le
queda más remedio que pagar, y la consecuencia será en el futuro cuando el
mismo alcalde esté pidiendo votos para llegar a otro puesto de elección popular
o cuando las supuestas obras públicas empiecen a verse…
En todo caso, Medellín está acostumbrada a ver reflejada
sus impuestos en muchas obras de interés público a pesar de la pésima malla
vial en algunos sectores, la falta de obras para generar mayor movilidad y la
falta de propuestas e inversión para desestimular la violencia y la
delincuencia en las comunas, como si la solución bastara con más policías y
penas más severas.
Por el contrario, Bogotá no comprende los alcances de
tributar al Estado, porque se encuentra en medio del caos, los trancones, escándalos
de corrupción, ineptitud y obras a medias que no ven el final a la vista.
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