El paro judicial avanza y el país paga las consecuencias… y el Estado?
Después de
transcurridos 25 días de intenso paro judicial el panorama es bastante oscuro: la
gran mayoría de juzgados no están atendiendo al público, en varias ciudades no
es posible presentar denuncias ante la Fiscalía y muchas audiencias y diligencias
que debían surtirse de miles y miles de procesos que se encuentran represados
en los juzgados del país han sido postergadas para meses después, generando un
completo caos judicial, que ha sido generado con complicidad del mismo gobierno
que es experto lanzando promesas y salvavidas transitorios, pero que no se
ocupa de darle solución pronta y duradera a muchos males que aquejan la nación,
como ha ocurrido con otros tantos paros o marchas, como el de la educación, el
paro camionero, el de los educadores, la salud, entre muchos otros grupos o
factores sociales que día a día se ven perjudicados con muchas de las decisiones
del aparato estatal como tal, no solo del actual gobierno que no les cumple,
sino de muchos gobiernos anteriores que no han ejercido con decisión y ejecución
lanzar propuestas contundentes y eficaces para solucionar los problemas de
fondo y no de forma.
Si bien es
claro, que las propuestas y los reclamos de los funcionarios de la Rama Judicial,
van encaminados a que se distribuya de una manera más equilibrada y racional
los salarios de magistrados, jueces y funcionarios de la Rama Judicial en
general, como citadores, secretarios y escribientes, todo ello en busca de
equidad para una justicia paquidérmica, pasiva y con un panorama crítico, en un
país donde pareciera que la persona que evade la ley o es un delincuente
profesional y reconocido debe ser tratado de una manera exclusiva y excluyente
con complicidad de la misma ley que en muchas oportunidades se pone de lado de
aquel, antes que del ciudadano común y corriente que cumple con la ley en
sentido amplio.
Por otro
lado, resulta vergonzoso y lamentable el desempeño de la ministra de justicia,
Ruth Stella Correa, que en 4 meses aproximado de labores al frente del
ministerio, no ha sorteado de buena manera dos graves problemáticas que se le
han puesto de presente, la primera de ellas, el grave hacinamiento carcelario
en la mayoría de centros penitenciarios del país en donde hay sobrepoblación mayor
al 200% y en donde día a día salen reclusos muertos por la incapacidad del
gobierno por sostener el actual sistema, en donde prima la privación de la
libertad como regla general, a sabiendas de que debería ser la excepción en el
actual sistema acusatorio.
Resulta bastante
sencillo pero a la vez inoportuno que el gobierno salga con la respuesta, corta
y poco contundente, de que en el momento éste no cuenta con dinero para iniciar
de forma inmediata la nivelación salarial, pero ya de ahí que el gobierno
utilice el mismo discurso para muchos problemas que sufre la nación como en cuestión
de salud, educación, pobreza, infraestructura, cultura, medio ambiente, entre
muchos otros ámbitos de la vida nacional para los cuales tampoco hay
presupuesto, supuestamente, para invertir, resulta bastante dudoso, porque
entonces hacia que agujero negro está siendo conducido el erario del Estado?
A continuación,
el Presupuesto Nacional para el año 2013, para que usted como colombiano
analice las consecuencias y las prioridades del actual gobierno: (Véase:
comunicado de prensa Ministerio de Hacienda: http://www.minhacienda.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/5886730.PDF):
Gobierno
radica en el Congreso Presupuesto General de la Nación para el año 2013 por $185,5 billones
El
presupuesto de inversión alcanza $40,7 billones
Hay $6,2
billones destinados para la atención de las víctimas de la violencia; y el total del gasto social asciende al 70% del Presupuesto,
cumpliendo con lo ordenado por la Corte Constitucional
Estas serán las grandes inversiones en 2013:
Infraestructura de transporte: $6,3 billones
Unificación POS y Fosyga: $3,6 billones
Atención
integral a la primera infancia: $2,3 billones
Fondo de
Adaptación: $2 billones
Subsidios
eléctricos y gas: $1,9 billones
Seguridad
democrática: $1,7 billones
Familias
en Acción: $1,5 billones
Vivienda
rural, Atención Población Desplazada, incentivo forestal y otros programas
sector agro: $1,4 billones
Educación: $1,4 billones
Política
de vivienda $1,3 billones
En esencia,
los fines y objetivos del paro son bastante disientes y reafirman la grave
desigualdad que padece el país en todas sus esferas, no solo a nivel social,
sino también, salarial, distribución de tierras, educación, salud, entre muchos
otros factores donde la desigualdad pone en estado de subordinación al 90% de
la población y al 10% conduciendo y manejando a su antojo los hilos del país, los
cuales gozan de privilegios, potestades y de un gran poder que el mismo Estado
se ha encargado de otorgarlo y que la misma ley se complace en acompañarlos.
¿Considera
usted, que debería declararse el paro ilegal y deducir del salario, todos estos
días que los funcionarios no han ejercido sus labores?
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