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La ex ministra del MinTIC Sylvia Constaín en compañía de la actual ministra Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe promoviendo la Ley TIC 1978 de 2019.

Muchas compañías de tecnología de talla mundial han identificado el enorme potencial que tiene Colombia en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por ello, han decidido abrir oficinas en Bogotá D.C, que es considerada la “Silicon Valley de América Latina”. De esa manera, no sólo buscan aumentar su participación en el mercado interno, sino coordinar desde esta importante ciudad sus operaciones en países cercanos.

Esto evidencia que el país acertó al proponerse aumentar la cobertura del internet a nivel nacional. De hecho, Bogotá y el resto de Cundinamarca, cuentan con una amplia red de fibra óptica además de redes 4G y de significativos avances en servicios satelitales y de tecnología 5G. Logro del que vale la pena destacar la gestión de la alcaldía de Gustavo Petro ya que, rescató a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) de la quiebra a la que la pretendían llevar sus antecesores y la convirtió en una compañía competitiva. Desde entonces, el Distrito Capital cuenta con una infraestructura robusta que atrajo la llegada de gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Twitter, Amazon, Samsung, Microsoft, Huawei, Sony, IBM y LG.

No obstante, así como debemos exaltar los avances que tuvo Colombia al enriquecer su ecosistema digital, también debemos reconocer la lamentable burocratización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y las consecuencias que esto ha tenido para el país. Un primer ejemplo es el hecho de que en los últimos años, esa cartera no ha sido dirigida por expertos del sector sino por politiqueros afines al gobierno de turno. Otro ejemplo es el freno que se le ha dado a la implementación de la tecnología 5G como consecuencia de la imposición de barreras de entrada a compañías de origen chino como Huawei, todo para favorecer los intereses de los Estados Unidos.

Asimismo, la reciente expedición de la Ley de Modernización del Sector de las TIC (Ley TIC 1978 de 2019) promovida por las dos últimas ministras, viola la soberanía colombiana y pone en riesgo la seguridad nacional. Además, es claro que pretende una hegemonía de los medios privados bajo la figura de duopolio, lo que a su vez atenta contra la libre expresión y la democracia. Por si fuera poco, somete al país a un detrimento público al privilegiar los ingresos de los operadores privados de telecomunicaciones y los de las empresas de tecnología que explotan el ecosistema digital colombiano sin pagar impuestos, sin generar empleo directo y sin ejercer su responsabilidad social.

Adicionalmente, dicha ley no contempla un plan nacional de contingencia para contrarrestar el espionaje ilegal que se realiza a nivel internacional para apropiarse de la información de ciudadanos, empresas y gobiernos. Sumado a lo anterior, condena al país a un costoso atraso tecnológico ya que extiende por mucho tiempo las tecnologías vigentes e impone barreras de entrada a nuevos competidores. Por lo anterior, no es comprensible que desde el propio MinTIC se promuevan este tipo de legislaturas que perjudican al país a corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, el hecho irregular más reciente es la adjudicación de un contrato por $1.07 billones de pesos para, supuestamente, llevar internet a las zonas rurales del país y del cual ya se autorizó un anticipo de $70.243 millones de pesos. A la licitación se presentaron importantes compañías del sector como es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Claro Colombia, China Great Wall Industry, Red Iris, Skynet y Hughes. Sin embargo, además de Claro Colombia que hasta el momento ha cumplido eficientemente con el contrato, el concurso también lo ganó el consorcio Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, una compañía de papel creada recientemente y la cual está conformada por cuestionables contratistas.

El plan de operaciones se dividió en dos regiones. Claro Colombia obtuvo la región A, conformada por Tolima, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Vaupés y Antioquia. Este proponente se comprometió a instalar 7.468 centros de internet por un valor de $1,06 billones. La región B, compuesta por Cundinamarca (incluida Bogotá), Magdalena, Arauca, Bolívar, Nariño, Casanare, Cauca, Chocó, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada y Boyacá fue adjudicada al consorcio Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. Este proponente se comprometió a instalar 7.277 centros de internet por un valor de $1,07 billones.

El problema es que ya son evidentes los incumplimientos del consorcio operador de la región B, entre otras cosas, por carecer de capacidad técnica y operativa y sobre todo, de experiencia en el sector. Lo peor es que todo indica que ya sacaron la plata del país hacia los Estados Unidos, concretamente a los Estados de la Florida y Delaware, este último paraíso fiscal. Asimismo, se evidenció que presentaron pólizas de seguro falsas del banco Itaú, lo que indica que estamos ante el “Agro Ingreso Seguro” de las telecomunicaciones. De ser así, se trataría de un desfalco descarado realizado en medio de la más grave crisis social, sanitaria y económica que ha tenido Colombia.

Por consiguiente, surgen muchos interrogantes que deben ser esclarecidos. Por ejemplo, ¿por qué se le adjudicó una licitación de semejante magnitud a una empresa de papel?, ¿por qué no se investigó a los contratistas que hacen parte del consorcio?, ¿qué influencia tienen los clanes familiares de provincia en este proceso?, ¿por qué no se le asignó el contrato a la ETB que tiene suficiente experiencia en el sector y además es una compañía de carácter público?

Lamentablemente, ha surgido otro asunto que le debería preocupar al país. Lo anterior puesto que, el MinTIC declaró la caducidad del contrato, situación por la cual el consorcio Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 anunció una demanda al Estado por el orden de los $3 billones de pesos. Sería inconcebible que tras perder un anticipo de $70.243 millones de pesos, el país termine perdiendo $3 billones de pesos más. Todo por la evidente corrupción que hay en el MinTIC y por ende, en el actual gobierno nacional.

¿Qué se debería hacer?

Además de recuperar los $70.243 millones de pesos que es una obligación de las autoridades y de los entes de control, la ministra Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe debe renunciar y responder por el desembolso que autorizó como jefe de cartera. Asimismo, es urgente intervenir y reformar al MinTIC para que no siga siendo el botín de delincuentes de cuello blanco ni el premio burocrático de clanes familiares de provincia.

Por otro lado, los colombianos debemos tener claro que el acceso a internet y a un computador no garantiza el desarrollo del país ni que nuestra población salga de la pobreza, tan solo es un servicio que se debe considerar un derecho. Algo que preocupa mucho es que la inversión que el Estado ha realizado en el sector de las TIC, se desperdicie al no estar en sinergia con estrategias que vayan encaminadas a la inclusión de todos los ciudadanos en cuanto educación, salud, empleo… y que dichas inversiones, terminen beneficiando exclusivamente a ciertas empresas del sector privado.

Sería inaceptable que después de tanto tiempo, esfuerzo y de la asignación de semejantes presupuestos; los únicos que hayan ganado sean los proveedores de dispositivos tecnológicos, los proveedores del servicio de internet y las grandes empresas de tecnología que vieron la oportunidad de aumentar sus ingresos en la actual coyuntura. De ser así, estamos ante un detrimento público sin precedentes.

De hecho, una de las controversias que existe en el sector se ocasiona porque las compañías de tecnología que han abierto sedes en Colombia, no generan suficientes puestos de trabajo directo y se limitan a contratar una pequeña nómina que está compuesta parcialmente por personal extranjero. Algo que contrasta con sus exorbitantes utilidades y con los pocos impuestos que tributan. Por ende, los colombianos deberíamos preguntarnos cuánto dinero público se ha invertido en las TIC versus los beneficios que hemos recibido.

Sin embargo, como lo infiere el artículo, el mayor problema del sector es la evidente burocratización que hay en el MinTIC. Fenómeno que hay que acabar para evitar que el país se atrase a nivel tecnológico y para impedir que se sigan apropiando de los recursos públicos a través de esta cartera. Por ello, es necesario que los Entes de control, las empresas, la prensa y la ciudadanía en general; estén al tanto de lo que sucede allí.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representan un sector estratégico de la economía del cual depende el desarrollo inmediato y futuro del país. En consecuencia, urge que el MinTIC sea dirigido por expertos, que se blinde contra la corrupción y que realice una apertura a compañías de diversos orígenes con el fin de enriquecer el ecosistema digital, atraer inversión extranjera y crear nuevos “emprendimientos” así como más puestos de trabajo.

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Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

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1 Comentarios
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  1. No tiene presentación alguna que una licitación de semejante envergadura resulte viciada por falsificación de documentos, la responsabilidad es del ministerio de las comunicaciones, por negligencia o corrupción.

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