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Indudablemente, el Ministerio de Hacienda es una de las carteras más trascendentales en cualquier gobierno. Desde Rudolf Hommes y sus políticas de apertura económica en el gobierno Gaviria, Guillermo Perry en el gobierno de Samper con sus políticas progresistas y la búsqueda de la implementación de la constitución de 1991, hasta Mauricio Cárdenas cuando cayeron de un plumazo los precios del petróleo en 2013. Sin embargo, Alberto Carrasquilla, quien ya había sido jefe de Hacienda en el gobierno de Uribe, no deja de sorprender con sus maromas políticas y fiscales. La verdad es que Carrasquilla ha tenido varias salidas en falso en materia fiscal, pero tampoco se puede negar que es un estratega no bueno ni malo, sencillamente un jugador que busca el menor daño político para el gobierno – a veces olvidando el bienestar del sistema tributario y de las finanzas públicas-.
Empecemos por la aclamada pero tropezada Ley de Financiamiento, que más allá de sufrir vicios de trámite por la torpeza del Ministerio del Interior, por su propia estructura de gabelas de exenciones y beneficios, ha aumentado la regresividad del sistema tributario. Aunque no se conocen los resultados de recaudo, posiblemente haya dejado desfinanciado al Estado frente a la crisis ocasionada por el coronavirus. Según varias anotaciones de la OCDE, el sistema tributario colombiano plantea barreras significativas para la inversión y no distribuye la carga tributaria de manera justa, esto si bien viene desde hace años, según el organismo, se acentuó con la más reciente reforma tributaria debido a la presión fiscal que tienen las empresas formales en Colombia.
Por otro lado, tenemos la más reciente arandela del Ministerio de Hacienda con el anuncio de la venta de ISA pero más, con el interés de Ecopetrol de adquirir la compañía. Esta tragicomedia parece haber sido previamente calculada. En caso de que se concrete la venta de ISA a Ecopetrol, Carrasquilla podría estar metiendo el gol en el minuto 90 tanto para el gobierno como para el uribismo en el 2022. Si la compañía petrolera adquiere ISA, estaría prácticamente entrando dinero de un bolsillo sin salir del pantalón del gobierno. Duque y Carrasquilla necesitan recoger 20 billones de pesos extras para financiar el 2022, esto implica que el Gobierno tenga un endeudamiento alto y un déficit que puede llegar a 8,3 % puntos del PIB -voló la Regla Fiscal-, los 14 billones de pesos que le entraría por la venta de ISA, le permitirían reducir el déficit para el 2021, prácticamente sería como hacer dos reformas tributarios de un plumazo. Lo anterior sin contar que se puede dar el lujo de presentar una reforma tributaria menos ambiciosa de los 20 billones de pesos esperados de recaudo.
Aun con esto que parece pintar de maravilla para el gobierno y sus coequiperos, la cereza del ponqué está en que el Gobierno se estaría evitando el agobiante y desgastado debate de la privatización, pues al tener a Ecopetrol que es una empresa de economía mixta mayoritariamente pública, invirtiendo en activos estratégicos no habría cabida al argumento de la privatización y se ahorraría grandes discusiones con los sindicatos de ambas compañías. Sin embargo, es complejo determinar si esta operación sigue siendo igual de provechosa para Ecopetrol. Apenas Ecopetrol anunció su interés, los mercados de capitales reaccionaron y la acción de la compañía cayó en un 6 % -4 puntos porcentuales por debajo del promedio de las compañías petroleras-.
En conclusión, Carrasquilla parece haberse reencauchado en el juego y luego de tantas salidas en falso y desatinos con el propio Presidente, la operación de ISA y Ecopetrol parece ser una jugada maestra que deja a todos los actores en el mejor escenario posible. Sin embargo, el tiempo revelará qué implicaciones tiene esta decisión en materia de gobierno corporativo para Ecopetrol y si en realidad es beneficioso para el sector minero – energético. Finalmente, habrá que ver qué resultados de recaudo presenta la Ley de Financiamiento para el 2020 y ver con qué sale el ingenioso Ministro de Hacienda para ajustar las cuentas fiscales en lo que le queda al gobierno.
