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Según el último estudio de oportunidades de inversión del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Colombia, en los próximos diez años tiene posibilidades de atraer inversiones de $35 billones en el sector infraestructura. Para nadie es un secreto que este sector es un gran impulsor del desarrollo y crecimiento económico, más específicamente del empleo. En ese sentido, la preparación y arquitectura institucional que tiene Colombia en esta cartera, hace del país un ideal de inversión para grandes firmas inversionistas y ejecutoras.

Cuando se formuló el esquema de inversión social plasmado en la Constitución de 1991, la inversión en el sector infraestructura se relegó a un segundo plano, al ordenarle a la Nación un fuerte incremento en las transferencias del Gobierno Central en las entidades territoriales en elementos como agua potable y saneamiento básico, salud y educación. Aunque deseable desde el punto de vista equitativo, esto generó una desinversión pública en el sector infraestructura y nos llevó a retrasos severos que la globalización nos cobró en términos de competitividad y atracción de inversión. 

Sin embargo, las renovaciones institucionales y normativas del  sector han permitido que el crecimiento de la inversión extranjera en el sector en los últimos diez años sea del 600%. Este avance se debe primordialmente a cambios en la regulación en dónde el inversionista tiene un gran margen de operación y maniobra en la ejecución de la obra, mejor dicho, a la introducción del modelo de asociaciones público privadas (APP) y también a planes estratégicos de primera prioridad del Gobierno Nacional como lo fueron la famosa ‘locomotora de infraestructura’ de Santos en el 2010 y los Planes Maestros de Transporte coordinados por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT). 

Gracias a estos cambios es que hemos visto grandes avances en cuentas pendientes de infraestructura a nivel histórico. La inconmensurable demora en la entrega total del túnel de la línea -más de 50 años- debido a la falta de seguridad jurídica en Colombia para atraer grandes inversionistas para que ejecuten la obra, es una muestra de que aunque aún tenemos mucho por hacer, poco a poco hemos priorizado la provisión de bienes públicos a través de la infraestructura. Igualmente, el hecho de que el Metro de Bogotá lo esté ejecutando una firma de orígen Chino demuestra que la normatividad es amigable al inversor y que, además, el modelo de APP es efectivo. Un punto más para el hecho de que no todas las soluciones del país versan sobre la erradicación de la corrupción sino también sobre la arquitectura institucional. 

Actualmente, Colombia cuenta con un total de 272 proyectos de APP en proceso de ejecución y en la región. Somos el segundo país -luego de Chile- con mayores APPs, según infrascope. También, este año se ha presentado un incremento en la ejecución de recursos para vías 4G de 6,6% y respecto al año anterior se han ejecutado $300 mil millones de pesos más. Esto demuestra que, efectivamente, el Estado Colombiano está preparado para recibir estos potenciales $35 billones de pesos y, además, para ejecutarlos. No podemos olvidar que según la Misión de Internacionalización, la IED solo aporta el 2,2% de los empleos. El sector infraestructura es una gran oportunidad para incrementar esa cifra de cara a la reactivación económica en el escenario de post pandemia.

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Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia. Interés en economía, consultoría, administración pública, desarrollo económico y sector privado.

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1 Comentarios
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  1. …tan de patas abiertas tampoco… la ‘seguridad jurídica’ a la que alude tiene relaciones densas a las que no se les puede quitar la lupa y/gr determinantes ambientales y sociales locales de necesaria consideración y, gracias a los españoles de Hisgaura y su incompetente interventoría, tbn a calidad de lo contratado. Que la emoción por el billete ‘disponible’ no obnubile necesaria ponderación

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