¿Es verdad que las constituciones gozan de vida eterna? ¿Y que la duración de esa eternidad es variable? De las respuestas a estas preguntas depende el futuro de nuestra venerable Constitución.
Empecemos por las amenazas de violación que a diario se le hacen a nuestra Carta Magna. Son innumerables. Sin embargo, ninguna de esas amenazas se ha llevado a cabo, y eso la ha desquiciado. Y la ha obligado a deplorar la falta de seriedad de quienes la amenazan con violarla, y no cumplen.
Lo que sigue es política criolla. Por cuenta de dos líderes de gran envergadura, nuestra Constitución se halla en inminente peligro de extinción. Uno de ellos le colgó fecha de vencimiento, y el otro le asignó fecha de defunción.
César Gaviria, que es el padre de la Constitución del 91, la amamantó muy mal. Debió ponerle el pecho a ella y darle ríos de eternidad fortificada y de larga vida. No lo hizo. Le dio muy poca, y de calidad tan mala, que esa eternidad no durará más de 35 años.
Y Petro, por su parte, ha dicho que acabará con la Constitución del 91 mediante violación por Constituyente, y que esa violación será uno de los gustazos que él se dé mientras sea Presidente, y el único y último placer que él le dé a la Carta Magna de Gaviria.
Sin embargo, no todo está perdido. Existe un medio de alargar la eternidad constitucional por unos cuantos años más. Ese medio es lo que el vulgo llama dinero, pero que en el Congreso de la República se llama ‘cobro por servicios prestados’.
Este cobro empezó el semestre pasado. Ocurrió así: en ese entonces, y para asegurar la tramitación de las reformas de las pensiones y de la salud, el Gobierno tuvo que invertir $3.000 millones en la Presidencia del Senado, y $1.000 millones en la de la Cámara.
Con esta inversión, el Gobierno inauguró aquel cobro y engordó a tres pájaros de un solo giro: la reforma de las pensiones fue aprobada, y los dos presidentes, que vieron engordar su sueldo, no murieron de inanición.
Y también le dio al Congreso el modo mejor de defender la Constitución: cobrarle al Gobierno un precio impagable por la tramitación de la Constituyente.
Pero ahí está el ministro Cristo. Si él quiere pagar el alto precio y sacarla adelante la Constituyente, debe dar los pasos siguientes:
1. Imponer, mediante decreto, una epidemia de sed total en medio país.
2. Ordenar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la compra de 1.500 carrotanques.
3. Reintegrar a Olmedo López en la dirección de la Unidad, y disponer que él se encargue de la compra y el pago en efectivo.
Estoy seguro que Olmedo no defraudará al ministro Cristo. Habrá plata, el Ministro podrá pagar el trámite de la Constituyente, y la Constitución de Gaviria, por Gaviria y para Gaviria desaparecerá para siempre de la faz de Colombia.
Y Cristo, agradecido, colmará de bendiciones a Olmedo, y le colgará la Cruz de Boyacá, en el grado de Gran Comprador Público.
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