La ley mordaza de la que nadie habla

Cuando nacieron la Ley de responsabilidad social en radio y televisión en Venezuela o la Ley orgánica de Comunicación en Ecuador no hubo medio lationamericano que no se hiciese eco. Lógico. Es una jurisprudencia que viola sistemáticamente no solo el derecho que tienen los medios a informar sino las personas a ser informadas.

Pero no he visto ni una sola reflexión sobre la Ley Orgánica de seguridad ciudadana en España que es, al igual que las otras dos, una ley mordaza. Y de las buenas, de las que criminalizarían hasta el estornudo si pudieran. Y no viene de un gobierno castrochavista con peligrosos tintes comunistas. Más bien todo lo contrario. El ejecutivo de Mariano Rajoy es conservador desde el primero hasta el último de sus componentes.

Las leyes mordaza vulneran las libertades de expresión, información y en el caso español, hasta de manifestación. Hoy, 1 de julio, entra en vigor y estoy segura de que será un día difícil de olvidar para muchos. Es una fecha para recordar cómo se dio un paso atrás en este país.

Según algunos juristas la ley afecta gravemente a derechos fundamentales y a algunos principios jurídicos. Y eso que se ha dulcificado, porque en un principio la ley preveía sanciones mucho más duras con multas más elevadas.

Uno de los puntos conflictivos en materia migratoria es la legalización de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes a través de una disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería. Varias ONG ya habían denunciado que esa era una práctica habitual en la frontera con Ceuta y Melilla, donde España tiene una valla de 6 metros (con concertinas) que separa estas ciudades españolas de Marruecos. Ya las denuncias no tendrán sentido, porque ahora será legal expulsar a los inmigrantes irregulares que hayan entrado en España sin tener derecho a ninguna asesoría jurídica ni saber en qué condiciones estará ese inmigrante en Marruecos.

Otros ejemplos de lo que los que viven en España NO podrán hacer:

-El artículo 25 regula «el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad». Por lo tanto lo que diga la policía tendrá mucho más peso que lo que diga el afectado, algo que viola el principio procesal. Lo lógico es que las pruebas determinen la culpabilidad de las partes, y no que unas tengan más importancia que otras. ¿Qué hacemos entonces si somos víctimas de abuso de autoridad o de brutalidad policía? Parece que rezar en la única posibilidad que le queda a la sociedad española en este caso.

Tampoco se podrá grabar a la policía si esta se está excediendo en sus funciones, como prueba para denunciarlo. Los que pagarán la multa por informar de abusos policiales serán los periodistas y los ciudadanos.

-Tampoco se podrán organizar manifestaciones cerca de las instituciones de gobierno, como parlamentos o ayuntamientos, aunque no haya nadie dentro. Suena bastante contradictorio, porque uno cuando se manifiesta lo hace para defender sus derechos en lugares donde la protesta pueda ser escuchada. Hacer una marcha en el portal de mi edificio no creo que tenga mucha repercusión ni política ni mediática.

-En España, desde que comenzó la crisis en 2008, se han dado cientos de desahucios. Intentar parar estas acciones para que las personas no queden en la calle también tendrá su multa económica, bastante elevada por cierto. Aunque los activistas quieran impedir el desahucio de forma pacífica (como se ha hecho en la inmensa mayoría de los casos) eso tendrá su castigo.

– La Policía podrá pedir la identificación ante «indicios» o para «prevenir la comisión de una infracción», según el artículo 16. Esto se parece bastante a los PreCrime de Minority Report, los policías de la peli que detenían a las personas antes de que, presuntamente, cometieran un crimen. No se especifica cuáles tienen que ser esos indicios, eso queda a criterio exclusivo de la policía, lo que que deja a parte de la sociedad mucho más tranquila. Seguro. (Más sarcasmo en este párrafo no me cabía).

No se trata de hacer aquí un catálogo de los puntos conflictivos de la ley, ya que eso lo pueden consultar en muchos sitios. Y eso que no hemos hablado de internet ni de las consecuencias de lo que consideran las autoridades españolas que es su “mal uso”. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, también están haciendo una campaña denunciando las violaciones que, para ellos, tiene esta legislación.

Lo que es importante es la reflexión que debemos sacar de todo esto. ¿Debemos criticar las leyes mordaza en función del gobierno que las promueve, por nuestras afinidades políticas? ¿O lo que deberíamos hacer es denunciar y luchar contra este tipo de normativas que sesgan drásticamente nuestros derechos como ciudadanos, sin importarnos de dónde proceden? Parece que la respuesta es obvia.

La violación de nuestros derechos como ciudadanos no es potestad de gobiernos ni de izquierdas ni de derechas. Simplemente no deberíamos permitírselo a ninguno.