Lejos de ser una solución en contextos de inseguridad y violencia, acabar con las restricciones al porte de armas en nombre de la defensa personal puede convertirse en un problema mayor.
La inseguridad, en forma de fleteo y atracos por parte de sofisticadas organizaciones del crimen, ha puesto en jaque a los habitantes de las ciudades más grandes del país. En medio de denuncias de robos y de inseguridad generalizada, desde la arena pública hay quienes defienden la defensa personal como una forma de solución. Y entonces vuelve a abrirse, como en tantos otros países, un debate sobre las restricciones a la compra, porte y tenencia de armas de fuego.
El problema es que la defensa propia, un deseo que surge como instinto cuando la seguridad es vulnerada, está lejos de ser una respuesta eficaz.
La tesis replicada en todo el mundo, aparentemente ingenua y bien intencionada, postula que una persona de bien con un arma es capaz de evitar ataques y defender a los demás en medio de situaciones de inseguridad, desde casos de atracos callejeros, hasta tiroteos y matanzas. Ha sido bajo esa premisa, conocida como ‘good guys with guns’ (gente buena con armas), que miles de armas han sido vendidas luego de dolorosas masacres en Estados Unidos. La esperanza en el fondo es la misma: que si algún psicópata decide abrir fuego en un lugar público, alguien que coincida con su arma en el lugar del ataque pueda detenerlo.
Pero más allá de convertirse en una productiva estrategia de ventas para la macabra industria de armas, que de por sí cuenta con uno de los más poderosos grupos de lobby en el mundo entero, son pocos los resultados que la teoría de la gente buena con armas puede mostrar. Empezando porque, como bien puede dar fe cualquiera que tenga memoria de las masacres tristemente célebres de los años más recientes, nunca un ciudadano con un arma logró detener un tiroteo ni dar de baja a sus perpetradores.
Tampoco la libre circulación de armas permite enfrentar con mayor eficacia la inseguridad ciudadana. Todo lo contrario: puede convertirse en un factor determinante para su aumento. Devolver a la ciudadanía el derecho a portar armas, algo que en Colombia está estrictamente restringido, permitiría que con facilidad las frecuentes riñas y peleas callejeras escalen a otro nivel de violencia, resultando en tragedias incalculables.
Desear la construcción de una sociedad pacífica, y al mismo tiempo defender la flexibilización de las normas que precisamente buscan restringir el acceso a las armas, una de las principales fuentes de violencia, constituye una contradicción irreconciliable. Solo a través de una política de desarme, que prohíba el acceso ciudadano al porte de armas, y que vigile y sancione a quienes las obtengan de manera ilegal, podrá lograrse un paso fundamental en la reducción de la criminalidad y la violencia.
Twitter: @fernandoposada_
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