El caso por la polémica y, sin duda, arbitraria destitución del alcalde de Bogotá, invita a una reflexión sobre la ausencia de la responsabilidad política en Colombia. La mayoría coincide, con justa causa, en que el tema debe sugerir una revisión de las funciones desproporcionadas del Procurador, quien desde su primer período ha atentado contra la democracia colombiana.
No obstante, el caso de Gustavo Petro también debería inspirar una crítica por la ausencia de responsabilidad política, un hecho que ha marcado la vida colombiana, especialmente desde los noventa. Esta corriente la inauguró el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, con la célebre frase «acá estoy y acá me quedo». Una afirmación desafortunada que resume y explica la confusión que deja el caso Petro hoy. Dicho de otro modo, lo más indignante del tema, no es el vacío legal, sino que muy pocos le hubiesen exigido en su momento la renuncia al alcalde.
¿En qué momento debía Petro hacerse a un lado? La respuesta es simple, en cualquier democracia en la que existen mecanismos de control y una responsabilidad política, los funcionarios públicos deben tener la iniciativa de renunciar cuando de alguna forma u otra, en su mandato ocurren hechos como los de diciembre de 2012 con el tema de las basuras. Habla muy mal de un alcalde, que la ciudad hubiese vivido semejante caos, y hubiera habido tal grado de improvisación, y Gustavo Petro ni siquiera haya contemplado la posibilidad de renunciar. Eso no iba a ocurrir, porque en esta democracia, nadie se hace a un lado, y todos se reivindican como indispensables.
Así como Ernesto Samper, Álvaro Uribe tampoco dimitió cuando se conoció que su reelección estaba viciada. No se trata de asumir la mala fe, porque aún presumiendo que no tenían conocimiento de lo que ocurría a sus espaldas, un funcionario público de esa dignidad debe tener tal sentido de la honorabilidad, que ante semejante vicio para su llegada al poder, lo más honroso consiste en renunciar. Un acto como ese enaltece la política, lo contrario la envilece. Recientemente, con la polémica reforma a la justicia, Simón Gaviria, presidente de la cámara de representantes, reconoció no haber leído el proyecto de ley. Ante semejante escándalo, vale recordar que el ministro de justicia de la época, Juan Carlos Esguerra tuvo el valor de hacerse a un lado. Aquello confirma, que a pesar de que la tendencia es visible, subsisten casos de políticos con sentido del respeto por lo público como el del exministro Esguerra.
A finales de 2013 en Letonia, sucedió una tragedia en un supermercado cuando el techo del establecimiento se vino abajo dejando más de 50 muertos. En respuesta, el premier Valdis Dombrovkis presentó su renuncia, muy a pesar de no tener una responsabilidad directa en la muerte de esos ciudadanos letones. Una lección que en Colombia habría evitado crisis políticas como la del Proceso 8000, la Yidis Política, la Reforma a la Justicia y la actual destitución de Petro. Estos políticos traicionan la tradición democrática y del apego irrestricto a la ley que Colombia tanto ha reivindicado desde finales de los cincuenta. En ninguna democracia importa más el gobernante, que la dignidad, transparencia y funcionamiento del sistema político. Desafortunadamente Ordoñez y Petro que han optado por secuestrar las instituciones en pro de sus intereses, ignoran ese principio elemental del estado de derecho.
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