El significado de Palestina en la Corte Penal Internacional

No se trata de una idea nueva, pues era una opción que se venía contemplando desde 2009 cuando a finales de 2008 en la Operación Plomo Fundido en Gaza, Israel sobrepasó todos los límites de los humanitario. No obstante, aquello no se había podido concretar al menos por tres razones.

Primero, antes de 2012 Palestina carecía de la condición de Estado observador en el seno de Naciones Unidas, y una vez esa condición adquirida se pudo despejar el camino para adherir al Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Segundo, había reticencia dentro de algunos sectores palestinos respecto de la CPI, concretamente por parte del Movimiento de Resistencia Islámica o Hamas por la posibilidad de que algunos de sus miembros fuesen llevados ante ese tribunal internacional. Y tercero, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) autora de la idea de unirse a la CPI, no había querido emprender ninguna acción que torpedeara el proceso de paz con Israel. La posibilidad de  Palestina en la CPI ha generado una ola de indignación en la clase política israelí, y más específicamente, en el ala derecha más radical que ve en ello el terreno allanado, para que algunos «heroes de Guerra» puedan ser juzgados por vejámenes cometidos contra la población palestina. Las incursiones militares en 2012 y 2014 sugieren ese escenario.

¿Por qué Mahmmoud Abbas, presidente de la  ANP, toma la decision en este preciso momento?  Se trata de conseguir dos objetivos. En primer lugar, devolverle el protagonismo de la vocería palestina a la ANP, cuya credibilidad interna e internacional  se ha perdido en los últimos años, mientras la visibilidad de Hamas aumenta considerablemente hasta el punto que muchos abogan por su reconocimiento como interlocutor legítimo de un sector de Palestina. Con esta posibilidad de hacer parte del Estatuto de Roma, la ANP reafirma su disposición para utilizar los mecanismos legales que ha obtenido desde 1973, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como vocera de ese pueblo. La ANP como depositaria de ese legado dispone de esos mecanismos.

Y en segundo lugar, con esta decision la ANP gana terreno en la negociación con Israel. Hasta ahora, los palestinos se habían habituado a ser castigados por el gobierno de Tel Aviv cada vez que éste lo consideraba, y con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, el margen de negociación de los árabes ha sido siempre estrecho. Sin embargo, y por primera vez en mucho tiempo, Israel tendrá una desventaja que se desprende precisamente de su condición de Estado. Vale recorder que la CPI se creó con la idea de juzgar a criminales de guerra que escudados en la soberanía juridica de sus Estados evadían la responsabilidad por lo cometido.

En Israel vendrá una aceleración de procesos contra sus militares (¿y algunos politicos?) para evitar que sean llevados ante la CPI. Al ser un mecanismo subsidirario, el tribunal sólo opera cuando se demuestra que la justicia de un país no ha sido capaz de juzgar crímenes contra la humanidad o de guerra.

Por otra parte, se trata de una prueba de altísima complejidad para la Corte, pues sería el primer Estado occidental amigo del mundo industrializado que vería a un connacional juzgado en esas condiciones. Reto de envergadura para una justicia racista que hasta ahora solo ha contemplado la posibilidad de juzgar de esta forma, a personas naturales de Estados del África Subsahariana.

Una buena parte del mundo que se ha entusiasmado con que se reduzca la impunidad a través de la CPI ve en esta coyuntura una posibilidad de que se haga justicia. Es un escenario que inaugura una nueva era para la justicia penal internacional.