La caída de Rafael Correa y el lawfare

Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión y a la suspensión de sus derechos políticos por 25 años. En la práctica equivaldría a su muerte política, lo que no deja de sorprender pues hasta hace relativamente poco tiempo, se le consideraba como el político más popular desde el retorno de la democracia 40 años atrás. ¿Cómo se puede explicar que un político que tuvo niveles de aprobación superlativos a lo largo de diez años y logró cambiar de fondo el sistema político ecuatoriano se encuentre castigado en el exilio?

La historia de Ecuador en los últimos años ha sido turbulenta. A mediados de los noventa, en Colombia causaba sorpresa el discurso extravagante de Abdalá Bucaram quien en 1996 cuando fue elegido empezaba sin saberlo, el periodo de convulsión más importante en el último tiempo. Desde ese entonces, en nueve años se sucedieron nueve mandatarios distintos y lo que parecería una ficción, en el transcurso de una noche, aquélla del 3 de febrero del 96, tres presidentes pasaron por el Palacio de Carondelet (sede del Gobierno). Para colmo de males, a finales de los 90, el país enfrentó la peor crisis financiera de su historia que no solo acabó con el gobierno de Jamil Mahuad, sino con el sucre y Ecuador se embarcó en la dolarización, que cambio por completo los instrumentos de política monetaria y económica. A comienzos de siglo, y cuando el fenómeno de Hugo Chávez hacia eco en toda América Latina, el coronel retirado Lucio Gutiérrez llegó al poder y abundaron las comparaciones con el teniente coronel que mandaba en Venezuela. No solo se asemejaba por su carrera militar, sino porque al igual que Chávez en 1992, Gutiérrez había participado de la caída de Mahuad en enero de 2000.  A diferencia del caso venezolano, en Ecuador el golpe se concretó. En 2002, cuando Gutiérrez ganó las elecciones El Tiempo tituló «No soy Chávez, soy Lucio» evocando una entrevista que revelaba su desesperado intento por desmarcarse de su homólogo venezolano.  Lucio no pudo escapar a la misma suerte de sus antecesores y cayó cuando se desmoronó la coalición que lo había conducido al poder y le permitió gobernar durante poco más de dos años.

En ese contexto, Rafael Correa apareció como un independiente progresista y apartado por completo de los partidos políticos tradicionales. Una vez elegido, propuso una Asamblea Constituyente al tiempo que disolvió el congreso para que la primera asumiera las funciones legislativas y acabó con el poder que durante años habían acumulado algunos de los partidos que podían acorralar a su antojo a los presidentes. Ecuador vivió por cuenta de la llamada Revolución Ciudadana, un proceso refundacional que alcanzó niveles de aprobación que el país no conocía. Al mismo tiempo, cabe aclarar, se producía una polarización alrededor de la figura de Correa. A medida que avanzaba el proceso -cuyos picos de intensidad fueron la nueva constitución de 2008, la consulta popular para reformarla en 2011 y la introducción de la polémica reelección indefinida en 2015- el presidente ecuatoriano asumía todo tipo de confrontaciones, incluso en algunos de ellas insinuando la posibilidad de enfrentar físicamente a sus rivales. Llovían, además, las acusaciones de que Ecuador transitaba peligrosamente hacia una deriva autoritaria. Desde sus primeros años, Correa se caracterizó no solo por niveles de eficiencia inéditos para las transformaciones, sino por una virulencia que había sido tradicional en la historia ecuatoriana del siglo XX, pero que parecía abandonada desde las épocas de Bucaram. La lista de insultos de Correa iba desde tildar de «gordita horrorosa» a una periodista, hasta calificar a algunos contradictores como «pelucones, estúpidos, cobardes” y hasta de «badea» a un internauta. Este último la ocasionó un problema con la población LGBTI, pues se trata de un término peyorativo respecto de los homosexuales.

Sin duda alguna, el punto de inflexión de la denominada Revolución Ciudadana no fue la llegada de Lenín Moreno, quien desde que fue elegido en 2017 se ha alejado peligrosamente del progresismo de su plataforma política, Alianza PAIS, que lo llevó al poder, sino el error de ese mismo partido de introducir contra toda corriente y muy a pesar del significado dudosamente democrático de la reelección indefinida del presidente a finales de 2015. Aquello significó una ruptura dentro del propio partido, pues, aunque la medida no cobijaba la reelección inmediata de Correa en 2017, entrando en vigencia solo a partir de 2021, desnaturalizaba el sistema presidencialista cuya esencia está precisamente en un periodo de tiempo definido para la cabeza del ejecutivo. Una alternación de este tipo cambiaba por completo los equilibrios propios de la democracia y lo que es peor en el caso ecuatoriano: entorpeció las posibilidades de una renovación en el seno de Alianza PAIS.

Esta circunstancia terminó explicando la injustificable caída en desgracia del correísmo. Los procesos en contra de Correa por los delitos de corrupción (por el que fue condenado) y secuestro están llenos de contradicciones y violaciones al debido proceso. En el caso que lo vincula a los sobornos por el que recibió la suspensión de derechos políticos por 25 años, se usó de prueba un cuaderno de una de sus asesoras, Pamela Martínez, escrito en 30 minutos en 2018, pero con detalles sobre las transacciones desde 2012. Muchos se preguntan cómo en un lapso tan corto alguien puede recordar con semejante nivel de precisión. El proceso que tiene claros tintes políticos confirma la riesgosa tendencia hacia la judicialización de la política que ya tiene en Argentina, Brasil y seguramente Bolivia en el corto plazo, antecedentes preocupantes. No es cuestión de defender a capa y espada al progresismo latinoamericano, pues en varios casos se han incurrido en excesos para reforzar el poder ejecutivo. Se trata de entender la forma en que la justicia ha sido puesta al servicio de intereses políticos para neutralizar a  figuras a las que se pretende imputar delitos ligados a la corrupción y con ello aniquilar sus posibilidades. Semejante estrategia no solo atenta contra algunos proyectos de izquierda, sino que afecta gravemente un elemento constitutivo de la democracia y el Estado de derecho: la alternación. Ecuador vivirá por cuenta del contradictorio proceso legal contra Correa una polémica que apenas empieza y que seguramente se decantará en las elecciones generales de 2021 en la que seguramente prevalecerá la lógica de la polarización y las acusaciones infundadas. Es un mal momento para la democracia ecuatoriana.

@mauricio181212

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