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En Ecuador parecería una constante la utilización de poderes públicos para proscribir el denominado correísmo, al tiempo que los indicadores sociales dan cuenta de la forma en que lo que fueron conquistas se han desplomado. La corriente a la que se conoce como correísmo surgió en los 10 años de gobierno de Rafael Correa, que terminaron, valga decirlo, con el asomo de un autoritarismo. No obstante, se debe afirmar que la decisión reciente del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, máxima autoridad en materia de comicios, de suspender el movimiento político, Fuerza Compromiso Social, es una amenaza directa a la democracia y pone en evidencia la manera como la actual administración valiéndose de todo el establecimiento pretende neutralizar al partido político creado alrededor del expresidente. Sobre este pesa una condena de ocho años por el delito de corrupción en un proceso plagado de inconsistencias, contradicciones y donde sobresale el afán por valerse de un delito repudiable para dejarlo sin chances de retornar en política.

Hace cuatro años, cuando se anunciaba la candidatura de Lenín Moreno, era obvio que algo cambiaría en el liderazgo de Alianza PAIS, partido político del entonces correísmo, pues este perfilaba otro estilo de gobierno, menos pendenciero, más conciliador y desde que fuera aspirante aclaró que la relación con la prensa debía mejorar. En la década de Correa, el discurso virulento marcó la pauta con todo tipo de calificativos para periodistas que llevaron en varios casos a denuncias de censura, e incluso desde el propio gobierno cuando decidió demandar a un columnista de El Universal que lo tildó de dictador y lo acusó de haberse inventado un intento de golpe de Estado, cuando ocurrió un motín policial en septiembre de 2010.  Aunque la justicia le dio la razón al mandatario, fue imposible hacer efectiva la indemnización que habría causado el fin del diario. Ahora bien, a sabiendas de una modificación del tono presidencial con la llegada de Moreno, nadie en Alianza PAIS podía imaginarse un cambio de timonel tan drástico y menos aún, que se aliara con la derecha guayaquileña (capital económica del país) para permanecer en el cargo tras las duras protestas de 2019 que, evocaron los escenarios pasados donde los presidentes salían espantados del Palacio de Carondelet (sede de gobierno), pues la presión en las calles los hacían inviables.

La actual administración se encuentra a la deriva y por si fuera poco, la Asamblea Nacional acaba de elegir a una cuarta vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, luego de la salida aparatosa de Jorge Glas, cercano a Correa, acusado de los mismos delitos y quien se considera perseguido político y de María Alejandra Vicuña, retirada por supuestos cobros irregulares a personas bajo su cargo. Hace poco, renunció el tercer vicepresidente que ha tenido Moreno, Otto Sonnenholzner, con la aspiración de ser el candidato del oficialismo para las elecciones de 2021. Sonnenholzner había sido centro de las críticas por la pésima gestión de la pandemia.

A esto se suma un desplome de los indicadores sociales (antes de la pandemia). Con Correa la pobreza pasó del 51 % al 35 %, y el coeficiente de Gini que, mide la concentración del ingreso, se contrajo del 0,55 a 0,45, es decir, se produjo una redistribución efectiva y el país abandonó los primeros lugares en desigualdad en América Latina. Cerrando el 2019, la pobreza había aumentado 4 puntos y lo más grave: la pobreza rural que se encontraba en un 60 % escaló hasta el 71 %, un retroceso mayor en las áreas más vulnerables. Como si fuera poco, hasta el momento, las autoridades no han revelado las cifras en la crisis sanitaria que podrían dar cuenta de un panorama todavía más desolador en términos socio-económicos.

La suspensión de Fuerza Compromiso Social no solo ahonda la crisis de legitimidad del actual establecimiento ecuatoriano, fuertemente debilitado desde 2019 sino que, anticipa una contienda electoral para febrero de 2021 donde prevalecerán los radicalismos y probablemente, reaparezcan los planes refundacionales tan riesgosos para la democracia. América Latina retrocede en pluralismo y alternación reviviendo prácticas autoritarias que se pensaban superadas en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entre tanto, la OEA, reconfigurada desde los 80 para defender el orden constitucional (Protocolo de Washington, Resolución 1080 y Carta Democrática Interamericana), sigue secuestrada por la agenda del secretario general Luis Almagro.

@mauricio181212

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