Ecuador, vecino que no nos cansamos de agredir

La historia reciente de agresiones, provocaciones e injerencias de Colombia sobre la política ecuatoriana parece no acabar. El viaje reciente del fiscal Francisco Barbosa no solo es insólito sino que constituye una grave violación a la soberanía ecuatoriana, pues el país se encuentra en medio de un proceso electoral determinante en el que se ha hecho evidente la ambición colombiana por «pescar en río revuelto», además de revivir lo que en la década pasada fueron, sin asomo de duda, los peores momentos en la relación binacional a lo largo de su historia.

El fiscal colombiano y su homóloga ecuatoriana Diana Salazar justifican el desplazamiento de Barbosa en la necesidad y el deber de ambos países para cooperar en la recolección de pruebas de la supuesta entrega por parte del Ejército de Liberación Nacional de 88 mil dólares a la campaña del candidato Andrés Arauz. No causa extrañeza que ambos cuerpos cooperen, como sí el hecho de que el fiscal colombiano hubiese tenido que viajar hasta el territorio ecuatoriano y montar semejante despliegue mediático, en un proceso plagado de contradicciones, donde la falta de pruebas es obvia y, para rematar, con el antecedente de un burdo vídeo cuya falsedad ha sido comprobada hasta la saciedad. Aquello desnuda el afán de protagonismo de un fiscal que pretende regocijarse con los sectores más radicales del Centro Democrático y boicotea los esfuerzos que, por años, funcionarismos de la cancillería han invertido para sanar la relación colombo-ecuatoriana.

El improvisado guion no parece nuevo. En marzo de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe ordenó el bombardeo del territorio ecuatoriano, y se dijo públicamente que contaba con el aval del entonces mandatario Rafael Correa. Sin embargo, poco tiempo después, se supo no solo que se actuó desconociendo la autoridad del país vecino, sino que ante el justificado reclamo, el gobierno colombiano emprendió una ofensiva mediática para desacreditar a Correa acusándolo de haber recibido financiación de las Farc.

Algunos medios colombianos publicaron un video editado de Jorge Briceño ‘Mono Jojoy’, en el que supuestamente comprobaba el señalamiento. En la prisa por desacreditar al presidente ecuatoriano, Colombia puso a circular en el Consejo Permanente de la OEA una foto en la que aparecía Gustavo Larrea, ministro de seguridad interna, junto a ‘Raúl Reyes’ en un lugar de la selva colombiana. Aquello resultó en un bochorno, pues se comprobó que quien aparecía junto al guerrillero no era el funcionario ecuatoriano, sino el dirigente del Partido Comunista argentino Patricio Echegaray. Colombia jamás presentó pruebas contundentes y se limitó a una amarga disculpa en la Cumbre de Río del 7 de marzo de ese año, célebre no solo por el apretón de manos tenso entre los jefes de Estado colombiano y ecuatoriano, sino porque Uribe -en un error histórico e inexcusable- se comprometió públicamente con Daniel Ortega a respetar lo que decidiera la Corte Internacional de Justicia frente a Nicaragua.

Ese mismo gobierno que acusó a sus vecinos de conspirar en su contra se cansó de menospreciar a Ecuador. Quito no olvida que en 2006, en pleno interinato de Alfredo Palacio, Francisco Carrión y Carolina Barco, ministros de relaciones exteriores, pactaron que Colombia no asperjaría con glifosato una franja de 10 kilómetros desde la frontera. Unilateralmente y recién posesionado Correa, Uribe retomó las fumigaciones que causaron malestar y obligaron a Colombia al pago de una indemnización de 15 millones de dólares para evitar un litigio en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuándo responderá el Centro Democrático por el compromiso asumido en la Cumbre de Río con Nicaragua y los 15 millones de indemnización que debió pagar el país?

De nuevo Colombia, y en particular el Centro Democrático, que ha secuestrado nuestra política exterior, agrede a Ecuador después de maltratar a Cuba, Estados Unidos, Rusia y Venezuela. Como si aquello fuera poco, incluye dentro de sus planes diplomáticos a una desprestigiada fiscalía que, alejada de su deber inmediato de investigar la ola de asesinatos contra excombatientes y líderes sociales y el aumento de masacres, pretende incidir en el proceso electoral ecuatoriano.

@mauricio181212