Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
Es preocupante que en los más de 3 años del gobierno de Iván Duque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no haya sido convocada una sola vez por falta de voluntad. La única reunión sucedió a finales de 2020 por una orden judicial tras una demanda interpuesta por un grupo de congresistas, entre ellos Antonio Sanguino, que forman parte de dicha Comisión y que veían con preocupación algunas decisiones de la entonces ministra Claudia Blum. A este cuerpo consultivo al que están llamados todos los expresidentes para dotar de un sentido de Estado las decisiones de política exterior, no se presentó Iván Duque, lo que inmediatamente produjo la cancelación de asistencia de los exmandatarios que, hasta ese entonces, habían confirmado.
Más grave aún: en la inminencia de la fase oral del proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una demanda interpuesta por Nicaragua tras el polémico fallo de 2012, se ha hecho más evidente la necesidad de convocar la Comisión, pues como resulta apenas obvio se trata de un tema de Estado que suscita el interés nacional, y no solo los objetivos cortoplacistas del gobierno de turno. Como está establecido en la Ley 68 de 1993, en ese cuerpo se debe deliberar sobre asuntos relativos a la seguridad o defensa nacional y a las fronteras o tratados limítrofes, entre otros. En pocos palabras: todo lo que parece estar en juego con Nicaragua.
El gobierno había anunciado la convocatoria de la Comisión, pero habida cuenta de los evidentes desacuerdos entre los expresidentes y, de forma apresurada, terminó cancelándola aduciendo “dificultades de asistencia” de estos. Si bien es cierto que varios expresaron compromisos y aparentemente el único que confirmó fue Ernesto Samper, cabe decir que este es el resultado del poco interés de esta administración por la política exterior. En el debilitamiento de la Comisión tiene mucho que ver la ausencia de Duque en la mencionada reunión de diciembre de 2020 a la que inexplicablemente no asistió y que fue convocada por orden del Consejo de Estado. En efecto, la ausencia de liderazgo y de interés por la diplomacia es patente, más aún cuando urge la deliberación con exmandatarios con comprobada experiencia en el litigio ante la CIJ o en otros asuntos que hoy son de Estado como la crisis fronteriza con Venezuela.
En el pasado, esta Comisión ha desempeñado un papel clave en coyunturas críticas como en el dramático episodio de la Corbeta Caldas durante el gobierno de Virgilio Barco, en el que el país estuvo al borde de la guerra con Venezuela. También durante la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela a raíz del bombardeo a territorio ecuatoriano en 2008, o cuando Juan Manuel Santos declaró inaplicable el fallo de 2012 y decretó la “zona contigua integral” para la defensa de la unidad territorial. Sin excepción, todos los mandatarios de distinto color político han mostrado grandeza para acudir al cuerpo consultivo donde tienen asiento voces de distintas orillas ideológicas y con diferentes puntos de vista.
Más allá de lo que ocurra con la CIJ, es inquietante que durante este gobierno la política exterior se haya devuelto a las épocas en que se limitaba a un simple instrumento ideológico del partido oficialista. La exclusión de los exmandatarios y el debilitamiento paulatino pero definitivo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores será otro de los graves errores que, de forma obtusa, esta administración no solo pretende ignorar sino mantener a toda costa.
twitter: @mauricio181212
