Bukele versus Petro

La semana pasada Gustavo Petro y Nayib Bukele sostuvieron una polémica en redes sociales que puso en evidencia, una vez más, la polarización que vive la zona por cuenta de los derechos humanos. En este caso en particular, también quedaron expuestos los alcances y las limitaciones del uso de redes sociales como base de su comunicación. Frente a una multitud Petro aseguró que lamentaba las imágenes que le dieron la vuelta al mundo de los presos salvadoreños en «campos de concentración» y remató recordando cómo estas mismas, aunque causen indignación, son capaces de estimular la popularidad de mandatarios como ocurrió en Colombia. La alusión de Petro obviamente está dirigida al recuerdo de la seguridad democrática donde los excesos se justificaban en la retoma del control por parte del Estado.

Bukele respondió argumentando que los resultados hablan por sí solos y terminó deseando que Colombia lograse las reducciones drásticas de homicidios, tal como en el caso salvadoreño. Los videos que ha hecho circular el gobierno del traslado de los primeros 2000 detenidos a la cárcel de máxima seguridad que deberá albergar unos 40 mil, han despertado toda clase de críticas de organizaciones promotoras de derechos humanos que advierten sobre una clara violación a los derechos humanos que confirma la tesis de Bukele acerca de que «son mas importantes los derechos humanos de la gente de bien, que aquellos de los delincuentes».  Todo lo anterior favorece una deriva autoritaria que puede ser replicada en terceros Estados con índices de criminalidad alarmantes como ocurre en América Central o en otros de la región latinoamericana, incluida Colombia donde la fascinación por Bukele es cada día más expresa.

Detrás de la polémica por redes sociales de los dos presidentes, está la tensión y disputa entre modelos de justicia y combate a la criminalidad, tema inexorable de la agenda latinoamericana. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México acaba de publicar un ranking sobre las ciudades más violentas del mundo (donde no están incluidas las zonas que están en guerra) en el que se puede constatar que las primeras diez son latinoamericanas y una prevalencia de México, Brasil y Venezuela. Colombia, por su parte, no parece estar lejos. A esto se suman los problemas recientes en Ecuador, un Estado no habituado a la inseguridad ciudadana y donde la realidad en la provincia de Guayas en los últimos años por las masacres en cárceles, los asesinatos selectivos y la aparición de carteles han marcado la pauta. En los últimos años, se han presentado las peores masacres en centros penitenciarios en la historia ecuatoriana.

Este complejo escenario ha sido terreno fértil para que el discurso punitivo haga carrera y sea cada vez más popular la falsa creencia de que la severidad en los castigos constituye una formula efectiva para reducir la criminalidad. El Salvador que ha logrado reducir a niveles históricos su tasa de homicidios -pasando incluso varios días en cero- es el mejor ejemplo de lo anterior. La popularidad de Bukele supera el 90% lo cual confirma que la aceptación es significativa, mas no la legitimidad de las acciones en el marco de una democracia, pues esta política de castigos no cumple con el propósito de la reinserción futura de quienes pagan condenas, ni tampoco exime a las autoridades de montar en contra de opositores procesos penales donde se suelen violar derechos procesales.

En la polémica entre Petro y Bukele está la aparente debilidad de la izquierda para gestionar la seguridad ciudadana y la ilusoria efectividad a corto plazo para detener la criminalidad de los autoritarismos de derecha. En el pasado en casos como el Perú de Alberto Fujimori o la Colombia de Uribe terminó en una tragedia de grandes proporciones en la que no se suele reparar en medio de la euforia por los resultados pasajeros.

@mauricio181212