La victoria relativa del socialismo en Bolivia

El resultado de las elecciones generales en Bolivia el domingo pasado pone de manifiesto la evolución de su cultura política fuertemente afectada por los hechos que sacudieron el país en octubre del año pasado. Los bolivianos ya habían dado una lección democrática en febrero de 2016 cuando aún Evo Morales estaba en el poder y había arrasado en tres elecciones (2005, 2009, 2014), pues fueron capaces de diferenciar el apoyo a buena parte de su gestión, respecto de una reforma constitucional que atentaba contra los equilibrios que definen las democracias modernas. En ese momento, el oficialismo pretendía reformar la carta magna para permitir una segundo reelección, lo que causaba una enorme polémica y se convirtió en la derrota más significativa del Movimiento al Socialismo (MAS) partido del hoy expresidente en las urnas.

Probablemente, la maniobra jurídica a la que recurrió Morales para presentarse a las elecciones de 2019 tuvo mucho que ver en una nueva radicalización del discurso opositor que ya había tratado de entorpecer algunos procesos democráticos, en especial, entre 2006 hasta 2009, periodo en que se dedicó a sabotear el proceso constituyente poniendo al país al borde del abismo. Ese ambiente enrarecido al que llegó Bolivia hace un año hacía presagiar una elección cerrada, pero que no debía terminar en un golpe de Estado menos aún cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) disponía de una misión de observación electoral que debía proponer un marco de diálogo y trasparencia. Exactamente lo contrario por lo que optó hacer eco a las acusaciones delirantes de los sectores más cerrados de la oposición. Este mandato otorgado por las urnas a Luis Arce corrobora el despilfarro de la oportunidad histórica de Jeannine Áñez, quien tenía todo para gestionar una transición, pero pudo más la sed de poder y una ambición desmedida que pasará a la historia como una deriva autoritaria intrascendente.

La amplísima y extenuante coyuntura también dejó al desnudo la doble moral de varios países de la zona que mientras han enfilado toda la materia diplomática para sancionar a Venezuela sin importar que los más vulnerables paguen por dicho castigo, han guardado silencio cómplice frente a graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país andino y que solo fueron ampliamente difundidas por ONG como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Comentario aparte merecen Colombia, Ecuador y Perú cuyos gobiernos fueron los más activos para legitimar al gobierno golpista y autoritario en el seno de la Comunidad Andina. Su postura injustificable es la muestra más contundente de la poca convicción para defender la regionalización y la improvisación en materia de política exterior.

Ahora bien, el triunfo que con justa causa se considera aplastante de Luis Arce, ideólogo del denominado milagro económico boliviano y David Choquehuanca, canciller del proceso y profundo conocedor de la regionalización latinoamericana, debe relativizarse pues está lejos de representar una gobernabilidad con los amplios márgenes de los que gozó Evo Morales en el amplio periodo que le tomó al MAS refundar Bolivia. El desastre venezolano y nicaragüense han creado justificadas prevenciones en los ciudadanos de la región que ven con apatía procesos similares ideológicamente.

Este nuevo mandato deberá apuntar a una reconciliación urgente y servirá de prueba para ver hasta qué punto el progresismo boliviano (uno de los más viables y emblemáticos del giro a la izquierda latinoamericano de comienzos de siglo) sabe adaptarse a las nuevas circunstancias internas y regionales, pues en buena medida de su gestión depende que Bolivia abandone para siempre las tentaciones autoritarias.

@mauricio181212