Crisis: de la justicia para abajo

Es asombroso ver cómo Colombia aún continúa a flote a pesar de todas las crisis institucionales y los escándalos por los que ha atravesado. Solo con el proceso 8.000 y la parapolítica, es para que hubiese habido una reingeniería total del funcionamiento del Estado. Con lo que está sucediendo ahora con la justicia, hemos tocado fondo al constatar que se corrompió la reserva moral de las instituciones, la Corte Suprema de Justicia. Pues en teoría, esta Corte representa la máxima instancia encargada de impartir justicia reservada para los más ilustres juristas de la nación. En otras palabras, es tan grave como si se contamina algo tan esencial como el aire que todos respiramos. El entramado criminal que se está destapando, ha permeado otras instituciones tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa y cada día salen salpicados nuevos actores tanto públicos como privados.

Lo más triste es que nada de esto se hubiera revelado si no es por la intervención del gobierno americano. Así como con el caso Odebrecht, si no es por los gringos hubiera continuado el festival del tapen-tapen. ¿Si esto es apenas es la punta del iceberg de qué tamaño es la corrupción del Estado?

Como lamentarse no sirve para nada, hay que promover un cambio en las reglas de juego por lo menos para mitigar los efectos de este flagelo. Como ampliamente se ha propuesto, la clave está en cambiar la manera como se eligen los representantes de los ciudadanos en las tres ramas del poder público. Se deben eliminar las potestades para nombrar funcionarios interinstituciones para acabar con el yo elijo – tú me elijes. Se debe instaurar el voto obligatorio para cargos de elección popular. Se debe limitar los periodos de congresistas a dos como máximo, así como reducir el tamaño del Congreso a la tercera parte e instaurar listas cerradas obligatorias. Se debe empoderar a las reconocidas empresas caza talentos y a la academia para escoger a los funcionarios de la rama judicial así como fusionar las altas cortes en una sola. Se debe establecer mecanismos de protección e incentivos para quienes denuncien hechos de corrupción.

En fin, lo que hay son propuestas sobre la mesa, pero mientras quienes tienen que hacer estos cambios sean los que más defienden el statu quo seguiremos en las mismas. Es decir, nadie va a legislar en contra de sus propios intereses. Pero como ciudadanos tenemos la obligación de seguir exigiendo un manejo transparente de los recursos públicos, con la añoranza de volver algún día a los tiempos en los que magistrado y decoro eran palabras que siempre iban de la mano.

Twitter: @alfrecarbonell