LA NOCIVA CATARSIS QUE PRODUCE UNA SENTENCIA CON HEDOR.

LA NOCIVA CATARSIS QUE PRODUCE UNA SENTENCIA CON HEDOR.

En otrora lo más honroso y digno para una persona era que se le designara Juez de la República, se hacía acreedor a la admiración, respeto y acatamiento por parte de la comunidad, situación relevante y notoria en cada pueblo o ciudad en donde hubiese un Despacho Judicial convirtiéndose en el personaje central e importante en esa sociedad, situación ésta que hoy está muy devaluada y pasa casi inadvertida debido a diferentes factores suficientemente conocidos que han menguado esta institución, sin embargo, el Juez en nombre del Estado, es el único con el poder de administrar justicia teniendo la facultad legal de absolver o condenar, misión que no deja de ser compleja y delicada, y que requiere una alta dosis de carácter, entereza, dignidad, preparación, valor, seriedad y, ante todo, tener muy en alto los deberes deontológicos como blindaje garantista frente al más mínimo atisbo de corrupción.
No obstante, por razones obvias, de tener una moderada, y casi imperceptible, solidaridad de cuerpo con el gremio, no es óbice para reconocer las fallas protuberantes y «notorias» que rondan en la administración de justicia no solo en su etapa de investigación, instrucción y acusación a cargo de la Fiscalía General de la Nación, sino en la etapa del juicio, o sea en el de la valoración del acervo probatorio para entrar a definir la situación jurídica a cargo de la justicia penal ordinaria, no dejando de ser preocupante que  día a día aumente la desconfianza y la falta de credibilidad en los operadores jurídicos como consecuencia de la corrupción, la desidia, la justicia selectiva, la retribución de favores, los temores o «miedos» muy propios de un ser humano y, tantas otras más, que siempre terminan con el lastre de la «impunidad», sin lograr comprender el por qué se prioriza y se fija toda la atención en ciertos procesos penales de poca monta, mientras se deja de lado otros de gran relevancia y extrema gravedad procurando a toda costa tender cortinas de humo o que transcurra el tiempo para que la verdad huya o simplemente esperar la terminación del período para que conozca del asunto su sucesor, conducta que se asume por pusilanimidad o temor reverencial, sólo porque se encuentran involucrados ciertos personajes del acontecer nacional o que tienen unos parientes muy importantes como está ocurriendo de manera vergonzosa en la actualidad.

Desde su creación a la fecha, La Fiscalía General de la Nación ha sido blanco de contundentes cuestionamientos por su desacierto en su conducción, inoperancia en su funcionalidad, ineficacia en sus resultados y un alto grado de impunidad y corrupción que anida y carcome de manera inmisericorde sus entrañas siendo la desidia, la impunidad, la connivencia con los grupos al margen de la ley, la manipulación de pruebas, las violaciones al Debido Proceso, las filtraciones e infiltraciones, etcétera, lo cotidiano dentro de su seno, lo cual da al traste con las investigaciones y, por ende, frustran su respectiva acusación o ésta se hace con base en pruebas débiles que conducen al Juez de conocimiento o a la excarcelación del sindicado o a proferir sentencia absolutoria; en este caso y aquel el verdadero culpable  y responsable a la luz pública queda sin castigo, jactándose de su inocencia y pregonando que prevaleció ante todo la justicia, quedando limpio como el sepulcro blanqueado, y es precisamente la providencia del Juez la que le irriga una ficticia catarsis  dejándolo como todo un santo varón con grave daño y perjuicio para los sujetos pasivos del delito, como también, para la sociedad en general, quedando burlados unos y otros y reafirmándose una vez mas la incapacidad del Estado frente a la impunidad. 

Es inexplicable el «sino» o «sambenito» que acompaña como su sombra a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor Fiscal General desde su creación, sólo basta el hacer un poco de memoria con su primer Regente y lo que se dijo después de hacer dejación del cargo en lo referente al narcotráfico; el manejo poco decoroso que se le dio a las pruebas en el proceso 8.000; la connivencia y su desidia tan descarada e irresponsable frente a las denuncias de paramilitarismo y sus protectores militares en el cuatrienio de 2001 al 2005, y con el actual ni que decir, se va del cargo sin pena ni gloria y sin haber tenido el coraje de resolver situaciones como la de Mario Uribe, la Yidispolítica, el paramilitarismo en general, las chuzadas del DAS, la investigación a los Promotores del referendo reeleccionista, el saqueo sistemático y probado de gran cantidad de erarios municipales y otros delitos conexos en contubernio con el paramilitarismo en toda la geografía nacional, como el caso concreto del Municipio de Victoria Caldas. El día que se logre cambiar el procedimiento especial para investigar y castigar al Fiscal y Procurador General de la Nación por esta clase de desmanes, que en la mayoría de los casos obedecen a intereses personalísimos, habremos dado un paso positivo en la batalla contra la impunidad.

De igual manera sucede, aunque en menor grado, en la etapa que le corresponde al Juez de conocimiento quien es el encargado de valorar todo el acervo probatorio para proceder a resolver la situación jurídica, bien sea con sentencia absolutoria o condenatoria, no queriendo significar que este funcionario sea infalible en sus decisiones y no haya cometido injusticias condenando a un inocente o con un fallo contra evidente absolviendo a un criminal. En los casos de sentencia condenatoria a un inocente, por cierto muy esporádicos, afortunadamente con el transcurso del tiempo ha florecido la verdad y se ha enmendado el error con su inmediata libertad y, por supuesto, con la acción de reparación directa por responsabilidad extra contractual en contra del Estado; caso contrario es lo que ocurre, con bastante frecuencia, cuando se dictan sentencias incongruentes que terminan absolviendo a una persona culpable del hecho delictivo o decretando la excarcelación por una de las diferentes modalidades de terminar el proceso y, nada pasa, todo sigue igual, el criminal deambula por las calles como Pedro por su casa y se suma un caso más a las estadísticas de la impunidad. El Juez de conocimiento está en la obligación de apreciar integralmente todas las pruebas que tenga en su acervo probatorio de acuerdo a las reglas de la sana crítica, a fin de establecer la verdad real, cuyo objetivo principal es la conducción al conocimiento y convencimiento certero de la tipicidad del delito y de la responsabilidad penal del incriminado, más allá de toda «duda razonable», presupuestos necesarios para proferir sentencia condenatoria.

Si los Jueces cumplieran siquiera la mitad de este último postulado se mermaría en un 70 u 80 por ciento la impunidad,  agregándole unos aditivos correctivos drásticos a su incumplimiento, ya que éste es el medio más expedito y disimulado para prevaricar a favor del sindicado y en provecho propio. Además, no hay que olvidar que si bien es cierto que la duda razonable se debe resolver a favor del sindicado por ser un componente sine qua non de la presunción de inocencia, también lo es que se exige y se condiciona que ésta se aplique a favor del reo «cuando no hay modo de eliminarla»; y, es aquí, en donde se requiere la aptitud, la eficiencia y el conocimiento del Juez para cotejar las pruebas y buscar por los medios idóneos la manera de «eliminar» la duda, siendo una forma efectiva de combatir la impunidad, se requiere únicamente buena voluntad y responsabilidad en la administración de justicia.

Sin la menor duda, si el Consejo Superior de la Judicatura cumpliera siquiera una mínima parte de su única y principal función, y que es la que justifica su razón de existencia, cual es la de «examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial.- llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales», estaríamos casi borrando por completo el azote que martiriza a la sociedad: la impunidad.

Marco Aurelio Uribe García
Manizales, julio 10 de 2009