Un Estado que no es ni social ni es de derecho

Un Estado que no es ni social ni es de derecho.

El preámbulo de nuestra Carta Política es nugatorio y a diario se corrobora que es una quimera, tanto en lo social como en Estado de derecho, o sea, es letra medio muerta, ya que no asegura ni garantiza a sus integrantes el cumplimiento de la totalidad de los derechos fundamentales dentro de un marco jurídico, respecto al cumplimiento y sometimiento al ordenamiento legal, y en lo que toca con lo social en lo concerniente con la salud de todos los asociados.

En lo referente al Estado social, he venido sosteniendo de tiempo atrás que la seguridad social que tenemos, a partir de la ley 100 de 1993, presenta fallas protuberantes que no se han corregido porque prevalece más los intereses económicos que la salud de un pueblo, y la norma citada convirtió la salud de las personas en un negocio fabuloso, siendo necesario una reforma a fondo procurando la eliminación de las Empresas Promotoras de Salud – EPS- , como lo han pedido organismos conocedores del área, y volver a un sistema de aseguramiento público total, ya que la historia ha demostrado no sólo la ineficiencia de éstas, sino el alto grado de corrupción que las cobija.

Fuera de las EPSs, en Colombia no existe ninguna otra entidad que goce de total impunidad ni que vulnere y atropelle tan olímpicamente los mínimos derechos de los usuarios de la salud, sean estos del régimen contributivo o subsidiado, sometiéndolos de manera indolente y arbitraria sin consideración a la edad o estado de gravidez, a trámites lentos, engorrosos, repetitivos e innecesarios para tramitar desde una simple solicitud de cita médica hasta las múltiples diligencias a realizar para la autorización de entrega de droga y exámenes adicionales ordenados por un especialista.

La expoliación de los recursos de la salud se deben a la desidia, la negligencia, la connivencia y la complicidad de todos y cada uno de los organismos que tienen a su cargo la vigilancia de las EPS, sobre todo en el control de pagos a las EPS y los recobros que les paga el Fosyga, como también del manejo de los recursos de destinación específica para la salud, como es el de las UPC – unidad por capitación, siendo permisivos con la desviación de los recursos por parte de las EPS para fines distintos al mejoramiento de los servicios de la salud, permitiendo así, un incremento patrimonial injustificado y que se conviertan de la noche a la mañana en un emporio económico incontrolable, como ocurrió con SaludCoop.

En cuanto al Estado de derecho, la situación va de mal en peor. Los operadores judiciales, en una gran parte, tanto en las altas cortes como en la Fiscalía o en cualquier juzgado promiscuo municipal, se han corrompido, se han politizado, se han polarizado, se han distinguido por su desidia y falta de diligencia y se han vuelto recurrentes profiriendo ciertas decisiones sesgadas y selectivas, lo que ha permitido la impunidad para unos y evasión para otros privilegiados, ora porque se fugan, ora por contumacia, y todo sigue igual y nada pasa, las autoridades de manera timorata callan o se hacen los giles o piden sin ganas a otro gobierno su extradición sin que esta se cristalice por múltiples razones.

Otro tanto está ocurriendo con algunos altos funcionarios que muy orondos juegan a la contumacia y recurren a toda clase de argucias y leguleyadas ante otras autoridades, a fin de burlar las decisiones judiciales y administrativas tipificando inequívocamente el delito de fraude a resolución judicial, y esta burla junto a la contumacia siguen sin ninguna sanción para el infractor; además, y haciendo alarde de su prepotencia y fuero vociferan a los cuatro vientos que no cumplen las órdenes judiciales ni decisiones de autoridad competente, por cuanto consideran, y es cierto, que tienen “balcón” propio y una extraordinaria capacidad de convocatoria y movilización de gentes para contrarrestar las “pingües” decisiones que los afecte, y amenazan, indirectamente, con alteraciones del orden público, lo que pone a temblar hasta el Presidente de la República.

He sentido gran aversión por todas aquellas personas que procuran de una u otra forma imponer su personalidad por medio del efecto exterior, por cuanto esto es una fiel radiografía de su pusilanimidad y de su debilidad o vulnerabilidad frente a tentaciones mundanas como el culto a la persona que solo alimentan la arrogancia y sus veleidades y que conducen al fracaso o despeñadero. Y esta es la percepción que me ha dejado el Alcalde de Bogotá en su mandato, no tanto por los tumbos o errores cometidos, según los cargos en la investigación, y que son muy propios de los seres humanos, sino por obcecado y por displicente en sus referencias y decisiones.

Es difícil aceptar en una persona como Gustavo Petro, quien en otrora fue el fogoso y acucioso parlamentario, portador de buena retórica y excelente sindéresis, implacable en sus debates contra el paramilitarismo y la corrupción, que como Alcalde de Bogotá esté demostrando falta de madurez y de buen juicio para ejercer ese altísimo cargo, y se haya dejado embriagar por las mieles del poder y de la adulación, olvidando lo efímero que es esta degustación y alabanza, y, hasta de pronto, truncando su futuro político.

No conozco los intríngulis de todos los tropiezos que ha tenido la administración Petro en el manejo de la Capital del país. Según las noticias radiales, televisivas y de prensa se le acusa de prepotente, soberbio, arrogante y veleidoso; que la administración Petro es pésima por mal gobernante y mal gerente; que ha sido incapaz de conformar un gabinete eficiente; que convirtió a Bogotá en un caos por las basuras y la movilidad, lo cual afecta la actividad pública y privada con altos costos financieros y da al traste con la calidad de vida de los bogotanos, con graves repercusiones en la psiquis colectiva; estos señalamientos mediáticos le dieron “alas” al inquisidor del ministerio público para su desaforada sanción, y la cual no se ha cumplido, porque el Estado de derecho está en cuidados intensivos.

Petro está en todo su derecho de defenderse y de demostrar una tranquilidad envidiable y pasmosa ante el asedio de un “Inquisidor” de esos quilates como el Procurador, pero debe reconocer sin titubeos que el Estado de derecho está por encima de todos los habitantes de la nación, que todos nos debemos someter al imperio de la ley. En ningún caso, por ser autoridad o por un gesto de humildad reconociendo errores cometidos o por contriciones de corazón o por propósitos de la enmienda son causales que exculpen la responsabilidad.

No conozco a Gustavo Petro, tengo con él muchas coincidencias filosóficas e ideológicas de izquierda, pero me separan de él ciertas actitudes y procederes recargados de tinte omnímodo y omnipotente, no siendo esto óbice para reconocerle grandes virtudes que lo acompañan.

Julio Sánchez Cristo, es vidente, está en lo cierto: “Mientras Gustavo Petro sea el Alcalde, no habrá corrida de toros en la Santamaría.”. Es más fácil conseguir leche de araña. Se inventó unas reparaciones estructurales y un visto bueno del ministerio de la cultura para futuras actividades en la Plaza de toros de la Santamaría. Estupenda manera de “mamarle gallo” a una sentencia, ni más ni menos, de la Corte Constitucional. ¡Y felices, comerán perdices!

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, septiembre 4 de 2014.

Apostilla: El Estado social de derecho, en lo social está agónico por cuenta de SaludCoop. EPS., y en su aspecto de derecho lo tiene resquebrajado Gustavo Petro y otros pocos altos funcionarios, algunos magistrados de las altas cortes y, con mayor perjuicio, el hombre deficitario en su conciencia moral, el Fiscal General Eduardo Montealegre.
La justicia en este país solo pesca a los alevinos, porque los tiburones siguen tranquilos, como pez en el agua.