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La violencia, el terrorismo o el conflicto armado en Colombia, acepciones para unos y para otros, se ha venido degenerando a pasos agigantados debido a su variopinto de actores y móviles disímiles empleados en su formación y operación, y que confluyen indefectiblemente en el macronegocio de los narcóticos como fuente de financiación y sostenibilidad del grupo ilegal y de un enriquecimiento ilícito personal en cabeza de su cúpula.
Situación de gran complejidad que nos fuerza, si en realidad queremos una paz estable y duradera, a dejar de lado o proscribir esa ominosa doble moral y de tragarnos este gran sapo del perdón y de aceptar una convivencia, apoyando la idea de que el tráfico de estas sustancias se pueda configurar como un delito conexo al político, pero sólo para efectos de participación en la política de personas incursas en este tipo delictivo.
El proyecto paramilitar, que para algunos fue la posición ideal para combatir la subversión, se erigió como una propuesta política y económica, que además, en sus años de sembrar terror en todo la geografía nacional, se quedó con la riqueza rural tras el despojo de tierras realizado a millares de víctimas; la grey, con los hermanos Castaño y otros dirigentes a la cabeza, llamaron “guerra o batalla” a un exterminio masivo a punta de moto sierras y bala, y su proyecto se convirtió en una empresa rentable y omnipotente con el beneplácito de las autoridades civiles, militares, de policía y de la clase política y empresarial del país.
La cacareada Ley de Justicia y Paz ha sido casi en su totalidad ilusoria. Fue fructífera en la germinación de otras nuevas bandas criminales como las Bacrim, los Rastrojos y otros vegetales más; la decisión irresponsable e ininteligible de extraditar a los jefes “paracos”, a responder por narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, abortaron el proceso, y dejaron desnudos y colgados de la brocha a las víctimas, sin verdad y sin reparación. ¡A muchos no les interesaba que se conociera la verdad!
Nueve años han pasado desde que entró en vigencia la llamada Ley de Justicia y Paz y son miles los testimonios del terror paramilitar que hemos escuchado los colombianos. A pesar de eso, la reparación y la justicia no han llegado en esas mismas proporciones, solo la verdad a medias; apenas el 54% de los bienes entregados por paramilitares desmovilizados servirían para reparar víctimas. Del año 2005 a marzo de 2012 se han dado once incidentes de reparación a víctimas, equivalente al 1,2 por ciento del total de hechos violentos enunciados por 11 postulados, que apenas representan el 0,2 por ciento del total que está vinculado a Justicia y Paz.
Más preocupante aún es el hecho de que aunque año tras año el registro de víctimas ha aumentado —a marzo de este año la Fiscalía ha registrado 386.069 víctimas—, el porcentaje de aquellas que han sido reconocidas en el proceso nunca ha superado el 12 por ciento del total de afectados, según el mencionado registro.
Este grupo está compuesto por 46.106 víctimas, que han contado con la fortuna de ser reconocidas por sus victimarios en las versiones libres y, por tanto, conocieron gran parte de la verdad y podrán seguir abrazando el sueño de la reparación; las demás están en dos grupos desoladores: el de 29.821 víctimas que asisten a las versiones libres pero no son reconocidas por los postulados y que corresponden al 8 por ciento; y el de 310.142 víctimas, que no han asistido a versiones libres y son el 80 por ciento del total de víctimas registradas.
A marzo del 2012, los postulados habían entregado 7.453 bienes, apenas 86 más que los entregados a marzo de 2011 (se registraban para ese momento 7.367 bienes). De esos bienes entregados, sólo 4.051 tienen “vocación reparadora”. Esto apunta a que del total de bienes entregados, que suman $96.598’927.073, sólo el 54 por ciento podría servir para reparar a las víctimas de los paramilitares.
Ahora, otro dato importante que señala este análisis es que desde 2011 hasta 2012 el número de desmovilizados aumentó de 55.228 a 56.276. Y aunque esto podría significar el potencial aumento de responsables de delitos, hay una disminución del número de postulados al proceso penal especial de Justicia y Paz.
Las astronómicas cifras de un ilusorio proceso en el que creyeron ingenuamente millares de víctimas y fincaron su anhelo de conocer la verdad y de recibir alguna reparación, quedaron consignados en un informe del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, con corte a marzo de 2012. El Centro Internacional de Toledo para la Paz en su análisis sostiene que uno de los escollos para que la reparación sea efectiva es su financiación, ya que son insuficientes los bienes entregados por los desmovilizados.
Lo que sí es una verdad de a puño, es de que la Ley de Justicia y Paz otorgó rebajas punibles y muchas gabelas para la mezcolanza de delincuentes desmovilizados, sólo 12 cabecillas de los paracos y narcos extraditados salieron lesionados, y las víctimas con verdades a medias, sin conocer la suerte de los suyos y sin ninguna reparación y, por supuesto, temerosos de las retaliaciones, porque no está garantizada la no repetición.
La ex parlamentaria Rocío Arias Hoyos, fue una de las primeras mujeres, junto a Eleonora Pineda, procesada y condenada por Concierto para Delinquir en la modalidad de paramilitarismo, después de purgar su pena creó una Fundación de ayuda y orientación para desmovilizados o reinsertados a la vida civil convirtiéndose en un Apóstol para la paz, labor que viene desempeñando con lujo de detalles por ser una gran conocedora de la génesis del paramilitarismo.
Gozo de su amistad y confianza. En días pasados tuve un largo dialogo con ella en la ciudad de Medellín y conocí de primera mano situaciones escabrosas e inéditas que me narró y que son desconocidas por la opinión pública, por los medios y por las ONGs dedicadas a la investigación de nuestra violencia, algunas conocidas y guardadas en caja fuerte por la Corte Suprema de Justicia; fui autorizado para escribir sobre ellas, lo cual empezaré a hacer de manera paulatina a su debido tiempo.
Además, manifestó su preocupación por el proceso de paz que se adelanta en La Habana y sostuvo que se debería analizar la posibilidad de encontrar puntos en común entre la Ley de Justicia y Paz (con la que se desmovilizaron los paramilitares) y el marco Jurídico para la Paz (base legal de los diálogos con las Farc), para garantizar que todas las víctimas de la violencia no vean cercenado su derecho a la verdad y a la reparación.
Se mostro preocupada porque 4 jefes paracos han sido excluidos de Justicia y Paz, lo que ocasiona un fracaso más de esta ley la cual fue el soporte jurídico para la negociación con las AUC, y pidió enfáticamente a los organismos encargados de su aplicación procurar por todos los medios legales de que los desmovilizados se hagan acreedores a su beneficio a cambio de la plena verdad y efectiva reparación.
También, se mostró consternada porque uno de los más “importantes” paramilitares, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, fue excluido de Justicia y Paz, afirmando que es el que más hechos tiene para contarle a la justicia y al país sobre sus víctimas, de sus relaciones con la fuerza pública, con los empresarios y ganaderos, con la clase política que anda muy oronda por las calles, como la ex senadora caldense Adriana Gutiérrez Jaramillo. Con la exclusión de este GRAN PARACO, quedan en las tinieblas muchísimas victimas y otro tanto de restos mortales sin su ubicación.
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, diciembre 11 de 2014.
