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Avales políticos, nuevo “filón” de corrupción.

“Hecha la Ley, hecha la trampa”.

Todo pareciera indicar que a la mayoría de parlamentarios, una vez pisan el Capitolio y se posesionan, los invade el síndrome de la trampa, y entran con facilidad al grupo de los expertos en colgarle a las leyes toda clase de artimañas, atajos o de “micos” a fin de evitar su efectiva aplicación o que esta pueda favorecer de una u otra forma a determinados personajes, y que por lo regular el beneficio recae en los mismos legisladores u otros altos dignatarios del Estado, situación aberrante que se da en cualquier ley sin importar la materia a que se refiera.

Es deprimente y vergonzoso constatar como los partidos y movimientos políticos, necesarios en cualquier democracia, y que en otrora fueron los artífices de las grandes transformaciones y cambios sociales, sobre todo el Liberal, haya perdido su norte y echado por la borda los principios doctrinarios que inspiraron su creación en 1848, todo por culpa de haber caído en las manos de una dirigencia momificada, clientelista y codiciosa, sin ética ni moral, y que convirtieron el partido en una “tienducha” o bazar de avales sin importar el pasado o presente o la ideología del avalado.

Lo que si desconocía por completo era la crisis tan aguda que atraviesa el otrora gran Partido Liberal, respecto a su capital o valores humanos, por cuanto se ha visto abocado a regalar o vender (?) avales a personas que no tienen ninguna identidad ideológica o doctrinaria o están subjúdice, todo con el fin de mostrar situaciones electorales irreales que solo causan vergüenza ajena, corroborando así una utilización descarada y dolosa del Partido para fines pocos claros, lo que ha suscitado en su militancia gran apatía y un alarmante transfuguismo.

Los amos y dueños de los diferentes partidos o movimientos políticos, hoy, tanto a nivel nacional y/o regional, carecen de lealtad y de fervor partidista, ya que su interés es poco o nada por las condiciones personales de los aspirantes a cargos o corporaciones públicas de elección popular, ni su oscuro pasado, ni su capacidad e intelecto, ni la procedencia de sus grandes fortunas importan. Si el personaje tiene sindicaciones de estar incurso en delitos se convierte en el mejor candidato, y si tiene el apoyo de algún narcotraficante o paramilitar o guerrillero, es el más óptimo para ocupar la curul o el cargo, y en caso de combinar las dos situaciones lo acredita como de plena garantía.

Algunos observadores políticos miran impávidos ciertas alianzas y las califican de desconcertantes, por cuanto se han sellado entre enemigos y opositores de ayer, hoy los “nuevos y mejores socios”. Pues, no. Las coaliciones no tienen sentido entre amigos, estas se dan entre contradictores políticos, y son muy propias del ajetreo partidista en procura de una gobernabilidad o de un triunfo. Lo que si deja mucho que desear y da grima, y casi se puede asegurar que no es a título gratuito, es el otorgamiento de avales a candidatos de otras vertientes políticas, sin ninguna identidad ideológica y, además, sindicados de conductas dolosas, otra cosa distinta sería que el candidato abjure a su partido tradicional para concederle el aval, lo que también amerita otro análisis, porque lidiar traidores es de un costo elevado.

El caso que nos ocupa hace referencia a la Ley 1475 de 2011, y a su pomposo título:“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, siendo esta ley una falacia que no soluciona ni reforma nada de fondo, ni sanciona efectivamente su transgresión, al contrario, estimula el clientelismo, fortalece a los politicastros y abre un boquete más para el ejercicio pleno de la corrupción con patente de impunidad: el aval político.

La Ley de marras, es otra ley más que sirve de placebo para los idiotas útiles o los bobos del paseo. Su intención fue buena y su título pomposo, pero quedó corta y a la medida de esta clase política perversa, quienes tocaron temas importantes como la doble militancia y concesión de avales y poder sancionatorio, sin ahondar en ellos ni imponer sanciones drásticas para su transgresión. Pero, no. Los legisladores con su síndrome de la trampa, blindaron la ley para su aplicación, dejando el camino expedito para hacer su agosto con los avales y proteger una caterva de delincuentes candidatos, a cambio de grandes retribuciones.

¿Quién puede desconocer que la figura abominable de la doble militancia, se debe proscribir y sancionar de manera inclemente con pérdida de investidura para los acrisolados parlamentarios o diputados o concejales? ¿Por qué esta Ley restringe en el avalado los delitos si es condenado para efectos de la responsabilidad y sanción de quien avala y no la hace extensiva al postulante? ¿Será que la Corte Constitucional en su control como función principal no olisquea, ni infiere que en estas leyes se legisla en beneficio personalísimo, y que por tal motivo es inconstitucional? ¿Y qué decir del mutismo del Consejo de Estado con estas leyes, en donde solo basta leerla para sentir el olor nauseabundo del conflicto de intereses?

Mientras nosotros no nos toquemos y comprobemos qué es lo que tenemos guardado en el escroto, este país seguirá de mal en peor y el futuro de las próximas generaciones será aciago por nuestra culpa. Culpa que recae con mayor énfasis y contundencia en unos pusilánimes medios de comunicación que pululan en este país, y que todo lo calla, y que con su silencio demuestra una connivencia vergonzosa que a futuro les garantiza, sin lugar a dudas, la pauta publicitaria.

Con cierta frecuencia, y según la magnitud del escándalo, salen a la palestra ciertos corifeos y nos endulzan el oído y piden a grito desgarrador, y con la aquiescencia del Presidente, una urgente reforma a la justicia, por casos graves, pero aislados, una coima que recibió el magistrado Pretelt, unos botines para el magistrado Escobar, una cartera como galanteo a la esposa de otro, etcétera, etcétera., y son pocos frente a la infinidad de torcidos que se fraguan y culminan entre las paredes del Capitolio. No y no. No hay derecho a que seamos tan caídos del zarzo, a tener una ingenuidad como la de Santa Teresa, a permitir una emasculación permanente y sin anestesia, necesitamos con prioridad una reforma seria y férrea, y sin consideración con unos pocos, de la política en todas su formas. ¡O nos jodimos!

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, agosto 6 de 2015.

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Marco Aurelio Uribe García, abogado. Manizales

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