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Operadores Judiciales: ¿maleables por temor reverencial?

“La injusticia hecha a uno sólo es una amenaza dirigida a todos” (Montesquieu).

Cuando algunos operadores judiciales, encargados de administrar la justicia pronta y cumplida, son maleables en virtud de temores reverenciales por aquello de la importancia de la persona, bien sea por ocupar dignidades efímeras o por ostentar poder económico, estamos, sin duda alguna, frente a una justicia fallida y corrupta que resquebraja el “Estado de Derecho”, convirtiéndose en una inminente amenaza pública, lo cual se debe inadmitir y repudiar.

Es inconcebible e inaudito que en este país que está saturado de corrupción e impunidad, y con una alarmante congestión judicial, se le dé prioridad a investigaciones de hechos o casos baladíes e inocuos, y de manera irresponsable, alegre y apresurada se imputen cargos por el presunto delito de Injuria y Calumnia, en donde no existe la más mínima sospecha de haberse tipificado el mencionado delito, y cuya imputación sólo obedece a la pusilanimidad de un fiscal y a la presumible presión por parte del “prodigioso” y actual presidente del senado de la República.

Gran sorpresa me llevé cuando recibí la citación para la audiencia de formulación de imputación por el delito de Injuria y Calumnia, por parte de la oficina de Servicios Judiciales. El día 31 de mayo del año en curso, me presenté en la oficina de la Fiscal 3 Local, Maribel Gómez Henao, y le solicité respetuosamente que me hiciera u interrogatorio indiciado a fin de entregar unas pruebas y demostrar que en ningún momento había cometido el delito imputado, además, por economía procesal. La fiscal se quedó dubitativa, y me contestó: Ah, eso es un negocio de un parlamentario, y tiene como Abogado al doctor Ortega, el senador Lizcano, es una persona importante y está muy ofendido porque Usted le dijo “delincuente”. Lo mejor doctor, es que se defienda en el juicio.

Ante esta respuesta, quedé perplejo, ya que con lo dicho está prejuzgando y no es ninguna garantía para mi defensa. Además, no sabía que Lizcano tenía tanto poder en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ni que hubiese “trueques” o tráfico de influencias tan a la vista entre los poderes públicos. Inmediatamente le pasé un memorial promoviendo un incidente de “recusación”. Hasta el momento no he recibido respuesta. Esta es la justicia que tenemos en Colombia. En qué queda la publicidad plagiada de la Fiscalía de hoy. “La Fiscalía es de la gente, por la gente y para la gente”.

Definiciones de la Real Academia de la Lengua: Hechos punibles: Delito. Delito: violación de la ley- Delincuente: que comete delitos. La persona que viola la ley comete un delito, por lo tanto, si media denuncia de los hechos punibles y es sindicado, adquiere el status presunto de un Delincuente, hasta que se profiera, por parte de un juez de la República, sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Si es absolutoria ese adjetivo desaparece, y si posteriormente alguien lo llama delincuente, Ahí si se tipifica el delito de Injuria y Calumnia.

Desde su creación hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación ha sido blanco de graves señalamientos hechos por personas de todos los pelambres por su desacierto en su conducción, inoperancia en su funcionalidad, ineficacia en sus resultados y por anidar en su seno un alto grado de corrupción que robustece la asfixiante impunidad; para unos y otros, todo debido a la incondicionalidad con los grandes empresarios y con la élite política, los lazos estrechos y la connivencia con los grupos al margen de la ley, la descarada manipulación de pruebas, las reiteradas violaciones al debido proceso, sus filtraciones e imprudencias mediáticas que entorpecen las investigaciones en favor de la delincuencia, etcétera, etcétera,.

Es hora de que la Corte Suprema de Justicia empiece a mostrar una cara distinta frente al país y afronte sus responsabilidades con sapiencia y decisión, borrando de tajo cualquier sospecha de venalidad, de politización, de polarización y que, de paso, demuestre que la creencia generalizada que se tiene de compromisos vinculantes con varios miembros del poder legislativo, son infundados y que no existen, que sus sentencias no son sesgadas, que no patrocinan ninguna impunidad, y que imparten justicia de manera diáfana, pronta y cumplida. Situación ésta que es la ideal en un Estado de Derecho, y que prodiga seguridad y tranquilidad en toda la comunidad. Además, todo esto garantiza la estabilidad y preservación del resto de instituciones.

Cuando alguien tiene un cúmulo de pecados (léase hechos delictivos) conocidos por la mayoría de la comunidad caldense por aquello de las infiltraciones o por lo notorio de los hechos en el momento en que cada uno de ellos fue consumado, y los cuales se procuran por todos los medios ser ignorados o desestimados por su “juez natural”, esa persona termina sufriendo delirios de grandeza y sosteniendo cosas contradictorias a la realidad que ha vivido, y esto es lo que le está pasando al “travieso y prodigioso” y actual presidente del Senado de la República.

Jamás he calumniado ni he formulado ninguna denuncia penal contra el presidente del Senado. En mi blog La Pringamosa, del Diario El Tiempo y del Portal Eje 21, me he limitado a trascribir la relación de todo su prontuario criminal plasmado en unos procesos penales que están inactivos inexplicablemente en los anaqueles de los despachos judiciales, procurando que las autoridades, sobre todo la Corte Suprema, se pronuncien al respecto y terminen de una vez por todas, con absolución o condena, pero aclarando si estamos o no frente a una aberrante IMPUNIDAD, o ante una odiosa justicia selectiva

Señores Magistrados de la Corte Suprema, ¿qué pasó con la propuesta de la magistrada auxiliar Teresita Barrera sobre la apertura de instrucción contra el protegido y sobresaliente presidente del Senado? Ojala aclare su corta y turbulenta vida pública, para que en un mañana todos, incluyendo a los abstencionistas, podamos votar por él para la presidencia de Colombia.

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, junio 8 de 2017.

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Marco Aurelio Uribe García, abogado. Manizales

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