´´Todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador Álvaro Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva jurisdicción especial de paz´´: Esas fueron las declaraciones del Fiscal Montealegre, en nuestro concepto temerarias, porque dejan ver que esa justicia transicional que se pactó en La Habana con las FARC se hizo para juzgar a los expresidentes. O sea, le van a dar a ese grupo guerrillero la posibilidad de enviar a la cárcel a su más fuerte contradictor. Eso sería ponérselo en bandeja de plata para que tome venganza de quien los combatió, los acorraló y casi los derrotó.
Pero el Fiscal Montealegre no se conformó con eso y también declaró: ´´El caso del ex vicepresidente Francisco Santos, señalado de presunta colaboración con paramilitares, podría ser conexo con delitos de lesa humanidad por lo cual se negó la prescripción y podría pasar a la justicia transicional´´. Eso es más grave aún, porque demuestra que lo que se pactó en La Habana con los delincuentes narcoterroristas de las FARC fue un ´acuerdo de justicia transicional´ para llevar a la cárcel a civiles, igualarlos con los guerrilleros, darles el mismo trato y ponerlos al nivel de quienes se han encargado de matar colombianos sin ninguna clase de consideración.
Colombia tiene su justicia y ella es la encargada de investigar y condenar a los colombianos, no tiene que ser un ´acuerdo´ con un grupo guerrillero el que cree un ´Tribunal especial´ donde se ´ajusten cuentas´, ´se cobre venganza´ o se nivele por lo bajo a civiles que tienen el derecho de defenderse con todas las garantías que la Constitución y la ley les ofrecen.
¿Cómo va a ser posible que se pacte con grupos al margen de la ley modelos de justicia para juzgar civiles?
Esas declaraciones del Fiscal ponen en tela de juicio lo que vendrá, ¿Quiénes integrarán ese Tribunal Especial?, ¿Qué intereses tendrán?, ¿Con qué motivaciones llegarán?
Ahora bien, ¿Cómo así que Iván Márquez, comandante guerrillero delegado de las FARC, dice alegremente que ese ´acuerdo de justicia transicional´ no necesita revisión?, ¿O sea que los colombianos debemos aceptar de tajo lo que esos delincuentes pactaron con los delegados del gobierno?
No nos cansamos de decir que la justicia no se puede negociar con criminales, ya Colombia tiene sus leyes y sus penas y eso es lo que debe primar.
Lo que se acordó con las FARC es que quienes hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto, incluidos civiles, paguen algún tipo de condena. Eso es un exabrupto por favor, las FARC y unos delegados del gobierno no pueden de un momento a otro reemplazar la justicia de un país. Recordemos que pretender juzgar exmandatarios como el expresidente Uribe o Pachos Santos requiere de reforma constitucional.
Cómo bien lo dijo ayer el expresidente Álvaro Uribe “Van a hacerle este mal al país por meterme a la cárcel, valiente gracia”.
Es evidente que el Fiscal hace política y deja entrever una Fiscalía politizada, pues por un lado suspende procesos contra el grupo terrorista de las FARC y por otro lado sigue persiguiendo militares y civiles.
Bien lo dice el expresidente Francisco Santos: ´´Cuando uno oye al Fiscal, no cabe duda de que esto tiene nombre propio, que es encarcelarnos a Uribe y a mí, si fuera por el Fiscal, estaríamos en la cárcel porque él tiene una agenda ideológica y política”.
Es que ese ilegal ´acuerdo de justicia transicional´ del gobierno y las FARC es para juzgar a ese grupo guerrillero, ¿por qué incluir civiles?
Esas ´alegres´ declaraciones de Montealegre no le hacen bien a ese proceso de paz, en el cual no creemos, a ese acuerdo de justicia transicional, el cual pensamos es ilegal, y además, en lugar de ayudar al presidente Santos, logran un efecto contrario, porque develan una persecución al Centro Democrático, especialmente a sus directivas.
Es que volvemos a lo mismo, y no nos cabe en la cabeza, cómo se puede pactar con un grupo guerrillero al margen de la ley acuerdos de justicia para ´hacerles pasito´, pero sí ´aplicársela toda´ a civiles, a los que no se les ha demostrado nada, y tienen derecho a que la justicia de un país los juzgue, pero no dejarlos en manos de quienes quieren venganza porque los han perseguido y doblegado.
Como bien lo dijo el procurador Alejandro Ordoñez ´´El Gobierno le debe explicar al país el verdadero alcance del acuerdo de justicia transicional al que se llegó con las FARC´´
Es verdad, Santos y sus negociadores deben revelar la totalidad de lo pactado.
Muchos colombianos pensamos que ese ´acuerdo de justicia transicional´, además de ilegal, tiene mucha letra menuda que el país debe saber, y no conocer sus infidencias a través de declaraciones del Fiscal, que polarizan, dividen y le quitan más credibilidad a ese inconstitucional proceso de paz.
Quienes no creemos en este Show Mediático revestido de impunidad al que le llama el gobierno ´Proceso de paz´, no somos enemigos del país ni de la paz, no somos guerreristas, no escribimos con odio ni beligerancia, ni acudimos a lugares comunes, sencillamente representamos la voz de muchos y no estamos de acuerdo de negociar la agenda de Colombia, y mucho menos la justicia, con criminales al margen de la ley. Pensamos que se les está entregando nuestra nación a esos delincuentes de manera tapada y morronga.
No podemos citar todos los puntos de esos acuerdos en este artículo, primero, porque no se conocen todos, segundo, porque necesitaríamos todo el periódico para eso, y tercero, porque no es necesario, las mismas declaraciones del Fiscal y las reacciones de los involucrados nos van dando la pauta y la puntada. Si Iván Márquez, comandante guerrillero y negociador de las FARC, no quiere que el acuerdo se revise, ahí si como dicen las abuelitas. ´Algo tiene el agua desde que la bendicen´.
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giovanniagudelomancera
periodista
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