Departamento del Chocó – Foto El Tiempo
Este mes de julio es crucial para la vida política y administrativa del departamento del Chocó.
Por un lado, se debe resolver por parte de la Procuraduría General de la Nación la suspensión impuesta por 3 meses al gobernador Ariel Palacios Calderón, elegido popularmente con la mayor votación de la historia política y democrática del Chocó, con más de 73 mil votos, y por el otro, esta semana, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputará cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavados de activos y solicitará imposición de medida de aseguramiento.
Los dos casos están relacionados con el contrato 0198 de abril 15 de 2020, el cual finalmente no se ejecutó porque el gobernador de común acuerdo con el contratista lo anuló. Los chocoanos, independientemente de nuestra orientación política, esperamos que los entes de control resuelvan esta situación y ojalá dentro de una justicia pronta y verdadera.
Causó mucha sorpresa la suspensión del Gobernador porque apenas llevaba escasos tres meses de gobierno y ya había empezado a demostrar que su gobierno iba ser muy diferente a lo que estábamos acostumbrados.
En los últimos 10 años hemos tenido cerca de 11 gobernadores, algunos electos y otros en interinidad, más de un gobernador por año, situación que ha contribuido a la honda crisis administrativa y financiera del departamento.
Fueron gobernantes que en su gran mayoría no tenían experiencia administrativa y algunos de ellos improvisaron. Por ejemplo, ejecutaron el presupuesto sin tener en cuenta las normas, generándole al departamento el déficit fiscal crónico e impagable. Son de los que piensan que el papel aguanta todo.
El comentario generalizado en la sociedad chocoana es que después de mucho tiempo al Chocó había llegado un gobernador con mucha legitimidad, por su alta votación, y además, porque en sus primeros 100 días de gobierno, y estando en los albores de la pandemia del covid 19, nos había demostrado a los chocoanos con sus actos de gobierno que íbamos para un puerto seguro.
La primera sensación que el gobernador Ariel Palacios Calderón mostró en su gobierno fue la de un hombre organizado y planificador, de eso no hay duda, porque lo primero que hizo fue mirar cómo estaba la casa por dentro y se dio cuenta por ejemplo que tenía un departamento totalmente en la banca rota, con unos ingresos propios que no le permitían cumplir con sus compromisos misionales, y en ese sentido, mediante comunicado a las autoridades regionales y nacionales, entre ellas al presidente de la República Iván Duque Márquez, y con copia al Ministerio de Hacienda, hizo conocer cuál era la situación real en materia financiera del departamento. En dicho informe, le dijo al presidente que sus recursos propios de ‘impoconsumo’, (licores nacionales, extranjeros, cervezas y cigarrillos), y las rentas por sobre tasa de la gasolina estaban totalmente pignorados.
También fue claro en manifestarle al presidente Duque en dicho documento, que la crisis de la salud se acentuó desde que empezaron las intervenciones por parte del Gobierno Nacional, y que la deuda del Departamento Administrativo de la Salud – Dasalud, pasó de 16 mil millones en el 2007 a 148 mil millones en el 2012, año en el cual el Gobierno (la Súper Salud) entregó nuevamente la responsabilidad al departamento. Fue tan grande la deuda que dejó esa intervención que hubo que liquidar a Dasalud en el 2013, y gracias a la gestión del liquidador el Doctor Julio Gonzáles, quien es oriundo de la región, la deuda del sector hoy solo está en 36 mil millones de pesos. También le expresó al presidente Duque que el gobierno debería contribuir con el pago, por lo menos en acreencias laborales, que corresponden a la planta transitoria, y sentencias laborales que todavía están pendientes por pagar, generadas por la intervención. Son aproximadamente unos 16 mil millones de pesos, lo cual le permitiría al departamento resolver de una vez por todas la situación de los trabajadores de Dasalud en liquidación. En esto es bueno aclarar que esta deuda la debió pagar el Ministerio de Salud porque cuando se hizo la liquidación había unos funcionarios pagados con recursos del Ministerio, como los de la ETV (Malarios), y que increíblemente le trasladaron la deuda al departamento.
El gobernador Ariel Palacios Calderón, en su corto periodo de gobierno, mostró su sensibilidad social, y como lo dijimos en una columna anterior, se puso al día con sus pensionados, pagándoles 5 meses. También estaba al día con sus funcionarios activos y le pagó a los contratados, a los que les debían honorarios desde julio de 2019. Para esto recurrió a sus escasos recursos propios y a un crédito con la banca local. También había logrado llegar a un acuerdo de pago con el Ministerio de Hacienda para reestructurar una deuda que le había dejado la administración anterior, lo cual le permitía garantizar el pago de las mesadas de sus 465 pensionados por todo el año 2020, esto con recursos del FONPET.
Demostró el gobernador que asumía costos políticos a la hora de tomar decisiones, frenó la contratación de prestación de servicios profesionales, algo bien complicado en un departamento donde el 70 % de la gente vive de la empleomanía del estado. Los funcionarios que votaron por él esperaban que ocurriera lo de siempre, que con plata o sin plata los contratara, y en un acto de responsabilidad administrativa no lo hizo.
También le quitó la delegación de funciones a algunas Secretarías, entre ellas, a Educación y a Salud, por los continuos hechos de corrupción que se habían dado en años anteriores, algo que no dejó contentos a sus propios socios, porque la costumbre de dejar las Secretarías en manos de los financiadores de campaña no se iba a repetir más en el departamento del Chocó.
Se observaba en su gobierno claros indicios de un buen gerente. Su plan de desarrollo ‘Construyendo Confianza’ fue el producto de un diálogo con el pueblo, no fue lo que conocemos popularmente como copiar y pegar, fue un plan de desarrollo con enfoque diferencial étnico, algo que muchos gobernantes no lo incluyen a sabiendas que este es un país pluriétnico y pluricultural. Su relación con sus secretarios y demás colaboradores fue cordial, todos los lunes tenía consejos de gobierno, evaluación permanente de su gestión.
Se sentó con su vecino, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, para crear la Región Administrativa de Planificación, (RAP), ‘Entre Dos Mares’, una alianza estratégica que buscaba el desarrollo de dos regiones hermanas. Con ese pacto los dos gobernadores enviaron un claro mensaje que ese viejo litigio con Antioquia por Belén de Bajirá era cosa del pasado.
Como también lo explicamos en una columna anterior pero que debemos traer a colación, en el manejo de la pandemia del coronavirus o covid 19 también fue muy responsable. Lo primero que hizo fue informar a través de los medios nacionales, al Gobierno Nacional y a la sociedad en general, la debilidad del departamento del Chocó en su sistema de salud por la falta de infraestructura, la falta de equipos médicos, elementos de bioseguridad, recurso humano, financiero, etc., pero al mismo tiempo entendió que no podía esperar todo del gobierno, y a pesar de sus escasos recursos, amparado en los decretos de emergencia 512 y 513, trasladó más de 20 mil millones para atender la pandemia del covid 19, por eso en la actualidad las únicas camas UCI que hay, 10 en total, las compró en su corto mandato, camas que lamentablemente no las han puesto a funcionar.
El gobernador Ariel Palacios Calderón, en escasos 3 meses, logró construir confianza, por eso cayó como un balde de agua fría su suspensión, y sobre todo por un contrato que ni siquiera se ejecutó y que no afectó el erario público, como lo acaba de decir en su investigación al mismo contrato, la Contraloría General de República, que también participó en las auditorias concurrentes que realizaron con la Procuraduría y la Fiscalía, quienes determinaron suspensión y apertura de investigación al gobernador Ariel Palacios Calderón.
La Contraloría General de la República fue contundente y categórica en su investigación que realizó sobre el contrato 0198, dijo. «no hubo detrimento patrimonial, no hubo responsabilidad fiscal por parte del gobernador» en otras palabras no hay nada que investigar.
Llama poderosamente la atención que según el Procurador General de la Nación la razón por la cual suspendió al gobernador, fue porque el susodicho contrato incluía unas «charlas» a la población para promoción y prevención del covid, lo mismo que temas relacionados con salud mental, salud sexual y reproductiva, publicidad sobre el covid 19, etc, si el procurador hubiera entendido o visionado que la razón por la cual estamos literalmente invadidos por el covid 19, con el mayor crecimiento exponencial de contagios del país, es por la falta de esas charlas sobre la prevención y la promoción del covid, probablemente no hubiera llegado a esa decisión de suspender al gobernador. Si alguna región requiere de una educación constante sobre promoción y prevención del virus es la nuestra, no olvidar que todavía en pleno siglo 21 tenemos 11 municipios donde no hay interconexión y menos Internet y por lo tanto no saben ni conocen los riesgos del covid.
El mismo procurador, en reciente carta dirigida al ministro de salud Fernando Ruiz Gómez el día 16 de junio, le envía casi que un mensaje de advertencia cuando le dice que el crecimiento del virus en el Chocó es exponencial, que en mayo 15 había 42 casos y un mes después estaban en 715 casos y 21 muertos, o sea un crecimiento del 1.700 %, y que esa situación se daba por las particulares condiciones sociales, culturales y económicas de nuestra gente. Ya el procurador entiende que el Chocó es una región que merece un tratamiento diferenciado.
Hoy el covid-19 está haciendo estragos en la población chocoana y parte de la solución es tener un gobernador en propiedad que tome decisiones, el virus no da espera. El gobernador encargado ni siquiera conoce el plan de desarrollo con el cual se eligió al titular, no conoce sus gobernados y eso están tan grave como el propio coronavirus.
Se espera que las entidades de control, Procuraduría y Fiscalía, de manera pronta y en derecho, tomen la decisión que resuelva la situación del gobernador titular y que acabe con esta horrible noche que vive el departamento por cuenta del virus y la interinidad administrativa.
Periodista
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terrible ahora defendiendo corruptos, debe ser muy bueno gobernador por ejemplo, promoviendo contratos para reuniones de capacitacion masivas en epoca de covis de 19, este gobernador se robo mucho en apenas 3 meses, no me imagino si lo dejaban mas tiempo
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