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Ante la crisis política que está viviendo América Latina con la situación de Venezuela, Nicaragua o Haití, cabe preguntarse qué están haciendo las organizaciones regionales para solventar dicha situación. Estas organizaciones han sido criticadas en los últimos años por no cumplir con los objetivos por los cuales fueron creadas, ya sea desde el punto de vista comercial o político; y ahora se plantea la posibilidad de acabarlas de una vez por todas, ante tanta inoperancia y poca efectividad.
Esta situación nos centra en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, a pesar del esfuerzo que ha tenido el Secretario General Luis Almagro por defender los principios democráticos ante decisiones y políticas autoritarias de gobiernos como el de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o el de Jimmy Morales en Guatemala, pareciera que sus decisiones y acciones fueran simplemente un saludo a la bandera, ya que la crisis regional continúa cada vez más fuerte y estos gobiernos siguen teniendo vía libre para seguir aplicando medidas opresivas, al no tener una sanción fuerte de carácter regional.
¿En qué radica el problema? Mi punto de vista es que el origen de la debilidad de la OEA está en su estructura normativa. Por ejemplo, esta organización defiende los principios de la soberanía del Estado y la no injerencia, pero también tiene mecanismos para generar intervenciones colectivas a favor de la democracia.
El problema de la dualidad.
Se posee entonces una visión dualista que restringe la democratización, y no le permite a la OEA tomar medidas proactivas. En el caso de Venezuela, la protección de la soberanía nacional de la interferencia externa, siempre ha estado en lo más alto de su agenda, utilizando constantemente este principio como un mecanismo de defensa, hasta el punto que Venezuela ha iniciado el procedimiento para abandonar la OEA, con el fin de preservar completamente su soberanía, y así seguir generando coerción y opresión. Es por eso que una acción de mayor envergadura sería reformar esa estructura normativa de la organización, estableciendo límites cuando solo utiliza la protección soberana, para incurrir en actos antidemocráticos.
La Carta Democrática Interamericana.
Por otro lado, otra modificación que se podría hacer, tiene que ver con la Carta Democrática Interamericana. Una de las falencias es que los mecanismos para el acceso a la promoción de la democracia en la Carta, requiere siempre que el gobierno solicite explícitamente la asistencia, o, si el Secretario General organiza visitas y otras acciones con consentimiento previo del gobierno en cuestión.
Ninguna rama del gobierno que no sea el ejecutivo puede realmente invocar la Carta Interamericana para prevenir una ruptura de la democracia, siempre es el ejecutivo el que da su consentimiento a las medidas de la OEA. Esto debería reformarse, y permitir que otros actores como la sociedad civil, puedan tener la posibilidad de activar la Carta, ya que se pueden convertir en actores de control, cuando el ejecutivo es quien comete atrocidades y violaciones.
Finalmente, el artículo 20 de la Carta Democrática, establece que el Secretario General o cualquier estado miembro puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente en caso de una alteración inconstitucional. Sin embargo, el significado de “alteración inconstitucional” es ambiguo, ya que no define sus condiciones y no existe un consenso entre los estados miembros sobre el significado de este concepto. Además, la Carta no contiene ninguna respuesta automática a tales violaciones, por lo que la falta de claridad y precisión debilita y socava la acción colectiva.
¿Solución?
Se necesita entonces una explicación más detallada y clara sobre el concepto de alteración inconstitucional y sus limitaciones, para que no ocurran hechos como el del ex Secretario General José Miguel Insulza (2005-2015) que se mostró reacio a llamar la atención o a condenar el régimen de Maduro en virtud del artículo 20, y que solo hasta el año 2016, el actual Secretario Luis Almagro pudo invocar el mencionado artículo. En definitiva se necesita una voluntad de los gobiernos para realizar modificaciones a la estructura normativa y así fortalecer las acciones de la OEA.
