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Jean-Bertrand Aristide. Foto: Jean Max Benjamin / AP file. Tomada de NBC news (http://www.nbcnews.com/id/4412946/ns/world_news/t/haitis-leader-has-history-survival/#.XK5SX1VKiUk)
Esta segunda parte reanuda el camino histórico que ha tenido Haití, para así entender la situación actual de crisis que acontece en ese Estado. En la primera parte había escrito sobre los inicios de la época colonial, donde a partir de la independencia realizada por los esclavos, se llevó a cabo un lento proceso de formación del Estado, que sumado a los problemas económicos, y a la falta de autoridad y centralidad del poder político, desembocó en una rivalidad de élites que poco pudieron hacer por evitar la dictadura familiar de los Duvalier.
Los noventa
La llegada de los noventa tendrá como protagonista a Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote de la iglesia teológica de liberación, que por medio de su oratoria lograba conquistar a los haitianos con frases que invitaban a ir en contra de la opresión de los Duvalier, y al mejor estilo populista, evocaba la imagen de ver muchas gotas de agua que formaban una gran inundación (la palabra inundación en haitiano se escribe lavala), donde la ciudadanía era esa gran inundación que iba a generar un rotundo cambio hacia la democracia.
Fuerza partidaria
El movimiento político Lavala encabezado por Aristide empezó a generar mucha popularidad entre los pobres rurales y de ciudad. Siempre se mencionaban en los discursos que la derecha haitiana, dirigida por el ejército y las milicias urbanas (los Tonton Macoutes), eran los causantes del atraso económico, la ruptura social, y la extrema pobreza que padecía la población. Fue tanto el discurso en contra de las fuerzas armadas, que en 1990 la ciudadanía salió a las calles demandando acabar el ejército y crear uno nuevo, una propuesta polémica pero aceptada por Aristide y su movimiento político, lo que demostraba que los Lavala no solo pretendían acabar con la dictadura de los Duvalier, sino alterar el statu-quo.
Ideas peligrosas
Se puede decir que una regla de oro de aquellos que quieren ocupar el poder político y mantenerse en él, es acabar aquellas instituciones que le brindan estabilidad y fuerza al Estado. Al momento de someter una población, cometer un acto ilegítimo, o de realizar cualquier abuso, estas acciones estarán siempre respaldadas por la nueva fuerza que jura lealtad al líder político y no al interés general. Aristide expresaba estas ideas que generaban terror al establecimiento tradicional haitiano.
Las reacciones no se hicieron esperar, y el ejército creó el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), un organismo de seguridad que empezó a perseguir y a ejecutar a los miembros de los Lavalas y cualquier persona que se identificara con ellos. Se cometieron muchas masacres cuando se realizaban las protestas en Puerto Príncipe, e incluso los Tonton Macoutes realizaban persecuciones a miembros importantes de esta fuerza partidaria. Al final nadie respondió por estos asesinatos, lo que le dio mayor fuerza popular a Aristide y a su movimiento político. Se estableció una imagen de ser el sacerdote que iba a acabar con la opresión, con las fuerzas de seguridad, y que traería la democracia.
Las elecciones de 1990
Puerto Príncipe y otras pequeñas ciudades estaban a punto de sentir una sublevación popular debido a las masacres que cometía el ejército y los Tonton Macoutes hacia los Lavalas, además de las ideas que llegaban por parte de los discursos de Aristide, de salir a las calles y tomarse el poder para acabar con la pobreza y la opresión. Así que para evitar un problema de grandes proporciones, el ejército y la embajada de los Estados Unidos organizaron elecciones presidenciales para diciembre de 1990. La población civil vio esto como un acto de confianza por parte de las fuerzas de seguridad, y el deseo de implementar la democracia.
Aristide logra la presidencia, ganándole al candidato de la derecha militar y de apoyo extranjero Marc Bazin, lo que representaba -por primera vez- que la ciudadanía haitiana tuviera el control para elegir a sus representantes en unas elecciones. Sin embargo, el camino no sería fácil, si se tiene en cuenta que las fuerzas militares y la élite haitiana no iban a permitir que otra fuerza política gobernara. Fue de gran provecho tener unas instituciones estatales y un parlamento corrupto, para seguir persiguiendo al nuevo movimiento político.
Primer golpe de Estado
Como se escribió anteriormente, la llegada de Aristide a la presidencia fue un proceso minado por la violencia y el no reconocimiento de las fuerzas opositoras. Antes de llegar a posesionarse en Febrero de 1991, el líder de los Tonton Macoutes y ex ministro de defensa y del interior Roger Lafontant, ocupó junto al ejército el palacio presidencial, declarando a los medios de comunicación lealtad a las fuerzas armadas y no a Aristide. Este punto vale la pena resaltarlo por la siguiente razón: en el escenario doméstico se presentaba un sentimiento de rechazo directo a una mayoría popular que había escogido como representante a Aristide.
Por la vía de la violencia se intentaba cooptar el poder político, y los principios democráticos imponiendo mediante la fuerza los intereses de un grupo minoritario intransigente y corrupto, que prefería continuar con la dictadura. Asimismo, la incapacidad de las instituciones políticas para frenar al ejército fueron nulas, fue la ciudadanía que por medio de la movilización lograron sacar a Lafontant del palacio presidencial. Los siguientes meses para Haití siguieron siendo caóticos.
Aristide, mostrando su carácter reaccionario y de ir en contra de sus opositores, nombra al agrónomo René Préval como primer ministro, muy conocido por liderar movimientos populares en el campo. Los orígenes del Primer Ministro despertaron mucho malestar en la élite haitiana, que utilizó toda su influencia para frenar las iniciativas de Préval como la reforma económica al campo en el parlamento de Haití.
Régimen militar
Por otro lado, otras acciones de Aristide como iniciar el proceso de desmantelar el ejército y la policía, o crear comisiones de investigación para violaciones de derechos humanos cometidos en la dictadura, fueron hechos que no soportó la alta cúpula militar del ejército, y el 29 de septiembre de 1991 se gestó un golpe de Estado sacando a Aristide de Haití. Para mantener el control interno, el nuevo régimen encabezado por los Generales Cedras, Biamby, y el Mayor Michel François masacró a la población civil que apoyaba a los Lavalas, para mantener el control.
De acuerdo con la organización International Crisis Group (ICC) en el periodo de 1991-1993, entre 3.000 y 5.000 personas murieron a manos del régimen militar y 400.000 personas estuvieron en el exilio. Por su parte, para enfrentar el régimen militar, los Lavalas formaron un grupo de hombres armados que defenderían a todo aquel que estuviera en contra del régimen, aunque también cometieron violaciones contra la población civil. Es en este punto de crisis política y social, que entra en el escenario la comunidad regional reflejada en la OEA.
OEA Y Haití
La OEA enfrentó como primer desafío regional, volver a instaurar el régimen democrático de Aristide en Haití. El golpe militar que lo había sacado del poder representaba para esta organización un peligro para los haitianos y los Estados democráticos de la región latinoamericana, debido que a comienzos de los años noventa, la región se encontraba en el proceso de pasar de gobiernos autoritarios a una transición democrática.
La acción de la OEA fue de gran rapidez, se aplicó por primera vez la Resolución 1080, para así convocar una reunión inmediata con los cancilleres de los Estados miembros y tomar acciones frente a la situación de Haití. El día de la reunión todos votaron unánimemente por cortar lazos diplomáticos, financieros, económicos y militares con Haití hasta que el régimen militar permitiera regresar a Aristide al poder. Estas medidas se consideraron como la acción más punitiva que la OEA haya aplicado a un Estado miembro, desde la expulsión de Cuba de esa organización.
Esfuerzo fallido
A pesar del esfuerzo de la OEA, no se pudo revertir el golpe de Estado. Los militares tenían negocios con el tráfico de drogas ilícitas, por lo que el embargo no afectó sus ganancias. El efecto solo repercutió a la población civil, especialmente a la gente pobre, debido a que se había producido un nuevo estancamiento económico. Al final fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) quien generó presión para que el régimen militar se fuera y volviera Aristide al poder, ordenando desplegar una fuerza de Peacekeeping en el territorio.
Esta situación dejó como reflexión el desafió para la OEA en cómo enfrentar una situación de quiebre democrático, de si realmente las medidas que están estipuladas en su normatividad, pueden servir en un Estado que no tiene instituciones democráticas, y una sociedad débil y fragmentada.
Regreso de Aristide
Aristide regresa en 1994, prometiendo mejorar la situación social que vive Haití. Entre sus acciones se destacaron el incremento del salario mínimo, la creación de una ley de tierras, donde más de 1,500 familias se beneficiaron con el otorgamiento de determinadas extensiones de tierra, y bajar los índices de malnutrición infantil a partir de los programas de alimentación escolar. Asimismo se crearon programas para reducir los índices de VIH, y se crearon escuelas para formar profesionales en medicina que ayudaran en las zonas rurales pobres. En cuanto a la política de seguridad, Aristide logró desmantelar el ejército y la policía. Y con ayuda de los Estados Unidos y Canadá se formaron escuelas de entrenamiento para llevar a cabo no solo tareas de seguridad, sino de mantenimiento a la paz.
La comisión de la verdad
Foto: Amanda Munroe. Tomada del United States Institute of Peace (https://www.usip.org/publications/2013/04/haiti-freedom-my-friend-told-me-was-news-me)
Además de las políticas sociales y las reformas de seguridad, Aristide creó una Comisión de la Verdad con el objetivo de generar reparación y rehabilitación a las víctimas que sufrieron atrocidades cometidas por el régimen militar de 1991-1994. Una de las críticas surgidas era que la Comisión debía investigar también las violaciones de la familia Duvalier, pero Aristide se opuso a que esos años fueran investigados, causando mucho descontento popular.
Se empezaron a escuchar los testimonios de los militares y policías que participaron en las violaciones sistemáticas en esos tres años, aunque la alta cúpula del régimen golpista recibió amnistía, por lo que nunca tuvieron que presentarse ante la Comisión. Como lo mencionan los reportes de Human Rights Watch, menos de la mitad de los militares que cometieron actos atroces fueron a la Comisión de la Verdad, aumentando la impunidad. A su vez, nunca se juzgo a los milicianos urbanos, ni a las fuerzas de los Lavalas, que también cometieron violaciones a la población civil. En cuanto a la reparación integral a las Víctimas, estas fueron mínimas, dejando inconcluso el proceso de reparación y perdón.
Asimismo, esta Comisión de la verdad causó mucha desconfianza en las viejas estructuras militares, por lo que decidieron crear nuevas estructuras paramilitares para enfrentarse al gobierno de Aristide, e influir en los fallos de la Comisión de la verdad, generando corrupción y falta de legitimidad a la justicia transicional. El proyecto de reparación a las víctimas terminó generando apoyos y divisiones partidarias para Aristide y Haití con la llegada del nuevo milenio.
Haití y los noventa
Los noventa en Haití generan la reflexión de cómo la transición a la democracia en un Estado es un camino de mucha fragilidad y complejidad, y si las instituciones políticas son débiles el resultado puede no ser el esperado. En vez de estabilidad y establecer principios democráticos, Haití se enfrentó a un proceso de régimen militar que siguió fragmentando y violando los derechos de la sociedad civil.
Este Estado también nos muestra como un mal proceso de reparación puede desembocar en un sistema político que le falla a la ciudadanía, provocando caos y falta de orden institucional. Y relacionado con la discusión que hoy se tiene en Colombia por la JEP, las consecuencias de olvidar el interés de las víctimas, o contar la historia de un conflicto desde un punto de vista, juzgando solo a un actor cuando fueron varios los beligerantes, termina por acabar la dignidad humana en un Estado social de derecho.
