Colombia en la primera línea de la violencia sin control

En Colombia, al igual que en muchas otras partes del mundo, las distintas corrientes ideológicas de izquierda se han convertido en un culto que cierra filas y valida la violencia como forma de acción política revolucionaria; naturalmente, siempre y cuando sea ejercida por ellos, como los episodios vividos en el ahora denominado ‘estallido social’ producido durante el periodo de pandemia. De allí, parte la raíz y el origen que impide que la totalidad de los lideres de izquierda del continente se manifiesten enérgicamente en contra de los crímenes cometidos por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La llegada de Gustavo Petro al poder esta terminando por demoler las débiles bases que sostenían los límites entre la legalidad y el crimen en Colombia. Las contradicciones y erradas directrices del ‘gobierno del cambio’ solo favorecen la consolidación del caos social y el fortalecimiento de grupos armados ilegales, quienes, siguiendo el ejemplo de las anteriores negociaciones con grupos criminales, saben que tienen ‘patente de corso’ para hacer lo que les venga en gana. ¿Dónde están ahora los que ingenuamente creyeron el discurso petrista? Aquel que se suponía iniciaría una forma renovada de hacer política, pero que ha presentado en menos de un año sus catastróficas credenciales, ya exhibidas por Petro en la Alcaldía de Bogotá.

La nueva masacre de niños pertenecientes a una comunidad indígena del Caquetá, y que fueron asesinados a sangre fría por integrantes de las FARC-EP, es un punto de inflexión en el fracaso de la llamada paz total. Aunque se insiste en llamarlos disidencias desde los medios de comunicación, la opinión pública y los sectores políticos, parece ser que los disidentes fueron realmente quienes se encuentran sentados en el Congreso, porque las FARC-EP como grupo armado ilegal nunca desapareció, su actividad criminal se mantuvo y la estrategia durante el proceso de paz, fue realizar un repliegue estratégico que consolidó sus estructuras y potencia bélica, mientras los políticos y los ingenuos celebraban el fin del conflicto armado y la paz.

El reclutamiento de niños es uno de los actos criminales cometidos por las guerrillas y por los que todavía no se sabe nada, ni siquiera por la célebre Comisión de la Verdad, al parecer para ellos es un detalle menor, pero es de vital importancia para comprender por qué la existencia de estos grupos armados por más de medio siglo. Durante mi trabajo de varios años por el sur del país, pude escuchar cientos de historias de madres que, en los más remotos parajes de la geografía colombiana, se vieron obligadas a entregar a sus hijos de hasta 5 años para cumplir con la cuota de reclutamiento exigida por el comandante guerrillero de turno. La atroz realidad de los niños soldados es algo que se repite en grupos armados ilegales de varios conflictos armados en países del África y Asia. En Colombia, la historia es más trágica debido a la pésima política de seguridad que se ha desarrollado en la última década, especialmente desde que una decisión política, freno el accionar de las operaciones militares destinadas a combatir los reductos de estos grupos criminales.

En casi seis meses de lo corrido del 2023 se han producido más de 30 masacres en el país, además se suma el continuo asesinato de lideres sociales. Durante su campaña política, Gustavo Petro aseguraba que, de llegar a la presidencia, en menos de 30 días, se firmaba un nuevo acuerdo de paz, esta vez con el ELN. Desde esas promesas a la fecha, lo único que hemos observado es el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y su postura intransigente de arrodillar al Estado colombiano a que realice unas negociaciones a medida de sus deseos y exigencias, mientras que narcotraficantes, bandas criminales y los delincuentes de la primera línea, hacen fila esperando que las puertas de las cárceles se abran para ‘reinsertarse’ en sus antiguas actividades criminales como gestores de paz.

La prohibición de combatir a los grupos criminales por la presencia de niños es otro incentivo para el reclutamiento de menores y su uso como escudos humanos. La política de seguridad colapsa ante la negligencia del Ministro de la Defensa y el Presidente, en su afán de negociar lo innegociable, la impunidad de los criminales.