Derecho al buen nombre

La angustia de quienes le han servido bien a la Nación y su detrimento reputacional en la horca mediática son irreparables.

El 26 de abril de 1998, en una finca de Sabanalarga, en la geografía medular del Atlántico, un infarto acabó con la vida y el periplo amargo que había vivido el barranquillero Alberto Jubiz Hazbún, detenido el 22 de agosto de 1989 con una caterva de pruebas hechizas que lo sindicaban como uno de los asesinos de Luis Carlos Galán.

Permaneció tras las rejas hasta el 5 de mayo de 1993, y tuvo que escribir el libro “Yo no maté a Galán” para documentar la ignominia, tratar de recuperar su honra y devolverle a su reputación mancillada la pulcritud que nunca debió perder. Dos décadas y un año después, el Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía, la Policía, y al ex director del DAS Miguel Maza Márquez, indemnizar a Hazbún y a otras dos personas cobijadas por la infamia, con una cantidad superior a los 3.000 millones de pesos.

En el fallo se advierte que “se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas… puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional… que provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas”.

Recordé este evento deplorable de la historia jurídica nacional, como una de las muchas personas que ha pasado su vida construyendo un buen nombre y una honra invulnerable. Y también al leer un artículo escrito por Rodolfo Segovia sobre el caso Reficar.

Refiere la particularidad de un comunicado de prensa de la Contraloría, en el que explica una por una las causas y justificaciones de las adiciones al presupuesto y el desfase en la entrega final con argumentos muy razonados, para luego ignorarlos al llamar a versión libre a los presuntos responsables.

“El efecto neto ha sido crear el clima, a lo mejor adrede, de un gigantesco desfalco, un caso de corrupción nunca visto –-escribe Segovia–. Inflar las cifras con lucro cesante delata tal vez la intención. La angustia de quienes le han servido bien a la Nación y su detrimento reputacional en la horca mediática son irreparables. Su pecado es haberle hecho caso a Alfred P. Sloan, el creador de la General Motors: un buen ejecutivo toma decisiones; si acierta más de un 51 por ciento, lo está haciendo bien. Lo inaceptable es no hacerlas. A eso empujan las ‘ías’ a los funcionarios del Estado”.

Ante el Armagedón de la corrupción que azota al país, las “ías” han mancomunado esfuerzos que buscan producir prontos y contundentes resultados, debidamente mediatizados. Hay que tener cuidado en no confundir el cumplimiento riguroso de las funciones con la exacerbación de la cacería de brujas. Y en esa noción caben desde la pulcritud de las investigaciones hasta la misma redacción de los comunicados y la beligerancia de declaraciones fulminantes con que se vierten a la opinión pública.

La lengua viperina se ha tecnificado, multiplicada por sépticos mensajes en redes sociales y afanes mediáticos de los que no queda sino la difamación. Entonces piensa uno en Hazbún. En que no mató a Galán, pero una “justicia” torva sí le hirió la honra y le vulneró a este hombre el derecho al buen nombre.

www.carlosgustavoalvarez.com

Publicada en Portafolio 12.05.2017