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Por Alejandro Jímenez*
El pasado 30 de enero la Corte Suprema de Justicia eligió a Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. Como es costumbre en los últimos tiempos, la discusión sobre la elección del Fiscal General de la Nación ha estado concentrada en dos actores: Las personas ternadas y el Presidente de la República, que los terna. Se ha hablado de Iván Duque y las razones por las que decidió ternar a Barbosa, junto a Clara María González y Camilo Gómez. También se ha discutido la trayectoria, virtudes y defectos de cada uno de los ternados. Y, además, los análisis sobre responsabilidad política por esa elección suelen concentrarse en estos dos actores. Pero hay uno que suele pasarse por alto, por lo menos en la elección de los últimos tres fiscales: La propia Corte Suprema de Justicia.
La decisión que tomó la Asamblea Nacional Constituyente de entregar la función de elegir al Fiscal General de la Nación buscaba dar solución a un problema fundamental, ¿quién elige a la persona que se encargará de dirigir el uso del poder investigativo y acusatorio del Estado para castigar a quienes cometan delitos? Darle al Presidente de la República esa facultad parecía excesivo, el riesgo de cooptación y abuso de poder era grandísimo en un diseño institucional que ya, por sí mismo, le daba demasiado poder al Presidente. Dejarlo en manos del Congreso de la República se veía incluso peor en una democracia marcada por la corrupción y el desprestigio del legislativo. Quedaba confiar en la justicia, que en esa época gozaba de una legitimidad que ha sufrido golpes con el paso de los años, pero que se mantiene aún ahí.
Desde 1992 la Corte Suprema de Justicia ha elegido al Fiscal General de la Nación en Colombia, de ternas enviadas por los Presidentes de la República del momento. De ese proceso han salido funcionarios altamente cuestionados, entre ellos el fiscal saliente, Néstor Humberto Martínez. Y la pregunta siempre ha sido por la responsabilidad de aquel que los ternó. Por Juan Manuel Santos frente a Néstor Humberto Martínez, o por Andrés Pastrana respecto de Luis Camilo Osorio, y así sucesivamente. Pero como sociedad no nos hemos preguntado por la
responsabilidad de quien los eligió: La Corte Suprema de Justicia. Con Néstor Humberto Martínez, a la Corte Suprema de Justicia se le pasó preguntarle por las implicaciones de tener en la Fiscalía General de la Nación a un abogado que tenía evidentes conflictos de interés para investigar casos de la envergadura de la trama Odebrecht, que ya empezaba a estallar en Brasil. Con Eduardo Montealegre a la Corte Suprema de Justicia se le pasó considerar los posibles conflictos de interés que podría tener para investigar el caso Saludcoop. Y lo peor de todo es que, por lo menos en el caso de Martínez, la Corte lo tuvo frente a frente, dispuesto a contestar en vivo todas las preguntas que le hicieran, y ni siquiera preguntaron.
En el proceso en que resultó elegido Francisco Barbosa parece que la Corte Suprema quería corregir este historial. Además de permitirle a cada una de las personas ternadas hacer una presentación de su candidatura, la Corte, a través de su presidente, les hizo seis preguntas. Preguntaron por Odebrecht, por la minería ilegal y la deforestación, por la reingeniería de la Fiscalía, por las relaciones con la JEP, por la interceptación de comunicaciones y por el aumento de la confianza de la sociedad en la Fiscalía. Francisco Barbosa, Clara María González y Camilo Gómez debían dar respuesta a esas preguntas en el acto, con los magistrados y magistradas de la Corte escuchando. ¿Cuál es entonces el problema?
El problema es que, como ocurrió con Martínez, la Corte Suprema de Justicia no hizo las preguntas difíciles. No le preguntó a Francisco Barbosa por su relación cercana con el Presidente de la República y cómo manejaría un posible conflicto de interés al respecto, o sobre los cuestionamientos que ha recibido por el uso irresponsable y ligero de cifras sobre asesinatos de líderes sociales en Colombia. Tampoco le preguntó a Clara María González por el historial de ataques a la transparencia y el acceso a la información pública que ha acumulado desde que es la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República. Mucho menos le preguntó a Camilo Gómez por sus relaciones con Mossack Fonseca y los posibles conflictos de interés para investigar casos derivados de los Panama Papers.
Esto muestra que cada vez es más clara la necesidad de abrir el proceso de elección de altos funcionarios del Estado a una participación más activa y significativa de la sociedad colombiana. Si la Corte Suprema de Justicia no es capaz de hacer esas preguntas, seguro alguien en la galería sí. Sobre Néstor Humberto Martínez se escribieron ríos de tinta antes de su elección, sin que la Corte escuchara.
Para la elección del Fiscal General de la Nación un paso era mantener la posibilidad de hacer comentarios a las personas que se postularan para ser ternadas. No era una herramienta ideal o infalible, tanto que Néstor Humberto Martínez la pasó. Pero por lo menos Juan Manuel Santos no puede decir que no se le avisó. Iván Duque decidió eliminar esa posibilidad, con una justificación que desde Dejusticia ya hemos criticado por ser falsa. En un escenario como ese, donde el Presidente de la República no parece muy abierto a que la ciudadanía le diga lo que opina, vale la pena preguntarnos por cómo debería contribuir la Corte Suprema de Justicia a la transparencia y la participación en estas elecciones y, a la vez, cuál es su responsabilidad política por estas decisiones cuando ocurren tragedias como tener a Néstor Humberto Martínez de Fiscal General de la Nación.
Esa necesidad se ve aún más clara cuando la Corte Suprema de Justicia ya dejó pasar a ternados como Yesid Reyes, Mónica Cifuentes por elegir a alguien como Néstor Humberto Martínez.
PS. Además de las preguntas difíciles sobre el pasado de las personas ternadas, a la Corte Suprema de Justicia también se le pasaron un par de preguntas difíciles sobre el futuro de la Fiscalía. Conocer su posición en asuntos como el uso desproporcionado de la prisión preventiva, el uso de las facultades de la Fiscalía para afectar la independencia judicial bajo la amenaza del prevaricato o lo grave que es que la Fiscalía sea la entidad más condenada por daños antijurídicos en Colombia.
*Investigador en Dejusticia
