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Los gremios deberían mirar hacia las necesidades de sus agremiados. Aun así, insisten en oponerse en bloque al Acuerdo, con los desafortunados mitos que difumina el Centro Democrático.
Son los mismos empresarios los que han reclamado participación y transparencia ambiental. El Acuerdo de Escazú es para ustedes. / EFE, Cabalar
Por Carlos Olaya
Es contraproducente que los gremios empresariales se opongan en bloque al Acuerdo de Escazú, incluso para ellos mismos. Es cierto que algunos, como los mineros, los petroleros o los ganaderos, suelen tener oposición ambientalista por lo que es entendible su desconfianza frente a nuevas normas ambientales. Pero este convenio fortalecería los estándares de participación y acceso a la justicia en temas ambientales, y son muchos los casos en los que sus agremiados son las víctimas de la ausencia de democracia y transparencia. Recordemos algunos.
Los empresarios arroceros de Piedras, Tolima, ayudaron a que en su municipio se celebrara la primera consulta popular para reclamar la participación ciudadana, para decidir sobre la viabilidad del megaproyecto de minería La Colosa. Los motivó el hecho de que el proyecto pretendía situar su represa de relave (los desechos de la operación minera) en una zona ocupada por plantaciones de arroz y que, además, existe el riesgo de que el proyecto afecte las fuentes hídricas que alimentan los cultivos.
En Jericó y otras partes del suroeste antioqueño, son los cafeteros los que reclaman mejor participación ambiental. Se oponen a Quebradona, un megaproyecto de cobre desde el interior de las montañas de la cordillera occidental, que afectaría ecosistemas fundamentales para el sostenimiento de los cultivos de café. Hasta el expresidente Álvaro Uribe se ha pronunciado en contra de este proyecto, aunque es líder del Centro Democrático, el partido político más activo en la campaña contra el Acuerdo de Escazú.
En los llanos de la Orinoquía los ganaderos se oponen a la extracción petrolera. En varios municipios de la región, y junto a agricultores y habitantes urbanos, han realizado campañas contra el boom de los hidrocarburos, por sus efectos perversos en la disponibilidad de agua. En Cumaral, Meta, impulsaron una consulta popular para que su voz se escuchara en las decisiones sobre el uso del subsuelo.
Todos estos casos se encuentran en la incertidumbre. Los agricultores y ganaderos intentaron usar las consultas populares para ser escuchados, pero en 2018 la Corte Constitucional le quitó la fuerza vinculante a este mecanismo, en su sentencia SU-095 de 2018, reconociendo que en Colombia aun no contamos con un instrumento de participación ambiental cuando hay conflictos entre lo que quieren los municipios y la Nación. La misma sentencia ordenó al Congreso que reglamentara llenar este vacío, pero al día de hoy, no han cumplido. El mismo Congreso que ha estado empantanando la discusión sobre el Acuerdo Escazú.
Y aunque en estos ejemplos los mineros y petroleros parecen los malos, ellos también necesitan una mejor transparencia y participación ambiental en su relación con las autoridades ambientales. Los gremios se viven quejando de las autoridades ambientales por ser lentas, opacas, poco diligentes y hasta corruptas (según la encuesta de la ANDI de 2017), pero no están atentos a la potencia que tiene el Acuerdo de Escazú para enfrentar estos problemas.
Los gremios deberían mirar hacia las necesidades de sus agremiados. Aun así, insisten en oponerse en bloque al Acuerdo, con los desafortunados mitos que difumina el Centro Democrático. No se engañen. Son los mismos empresarios los que han reclamado participación y transparencia ambiental. El Acuerdo de Escazú es para ustedes.
