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Foto: Unsplash, adaptada por Dejusticia
Por: Santiago Carvajal Casas*
Imagine que es el día de las elecciones, usted ha revisado las propuestas de los candidatos y candidatas, y ha evaluado qué tan capaces son las personas que se presentan en la contienda electoral. ¿Cómo se sentiría si al ejercer su derecho al voto se pusiera en duda su identidad? Esa es una realidad a la que se enfrentan las personas trans en la región. Sus cuerpos y sus documentos de identidad no encajan a los ojos inquisidores de los policías, jurados de votación, testigos electorales, funcionarias y funcionarios públicos que raramente utilizan las gafas del enfoque de género.
La violencia es frecuente por parte de agentes del Estado, principalmente por parte de la Policía. Falta mayor capacitación al personal de la institución castrense. Si bien existe desde el 2015 el decreto 1227, que permite la corrección del componente sexo, muchas personas trans, en especial hombres, no han realizado el cambio por múltiples razones (exigencia de la libreta militar para quienes corrigen el componente sexo a masculino, costo del trámite, inconformidad con una clasificación binaria de los documentos). Se genera discordancia entre el documento —tanto en el nombre como en el componente sexo— y la expresión de género. Discordancia que la Policía, al desarrollar sus funciones, termina traduciendo en violencia hacia las personas trans.
Problemas como la malicia sobre sus cuerpos, las requisas incómodas de agentes de policía, la sospecha sobre un posible fraude electoral o las burlas de las que son blanco, son algunas cosas que enfrentan las personas trans durante la jornada electoral y desincentivan el ejercicio de su derecho a elegir. Para corregir esas situaciones el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió una resolución que adopta un protocolo con la intención de corregir las violencias que se ejercen contra personas trans durante las elecciones. El protocolo fue construido conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil: Misión de Observación Electoral (MOE), Caribe Afirmativo, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans – GAAT; con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil —entre ellas Dejusticia— y con el respaldo de la cooperación internacional. El instrumento busca, entre otras, prevenir las violencias durante las elecciones, hacer pedagogía y crear mecanismos de denuncia.
El protocolo contempla acciones interinstitucionales como: a) capacitación a policías, Procuraduría, jurados de votación, delegados de la Registraduría y funcionarios que integran las mesas de justicia; b) señala prohibiciones a los testigos electorales y las organizaciones de observación electoral; c) ordena la creación de afiches informativos; d) menciona que en caso de no existir correspondencia entre la información registrada en el documento y la identidad o expresión de género de una persona trans las autoridades deben referirse por su apellido y e) incentiva la inscripción de cédulas y actualización de datos de las personas trans por medio de acciones pedagógicas para que hagan parte del censo electoral.
Frente a la fuerza pública y las requisas, el procedimiento señalado en contextos electorales es que a una mujer trans la deben requisar agentes mujeres y, en el caso de que fueren hombres trans, deberán ser agentes hombres a menos que la persona trans indique lo contrario. En estos procedimientos debe prevalecer el consentimiento expreso de la persona trans. También menciona que las personas trans pueden hacer la fila para el ingreso a los puesto de votación según su autoreconocimiento, es decir, independientemente de la correspondencia entre nombre, sexo, cupo numérico y/o foto del documento de identidad y la expresión identitaria.
El primer país que creó y usó un protocolo similar fue México en el 2018. Este año Chile debutó con el suyo durante el plebiscito nacional. Por avances tan significativos como este o como el Decreto de cupo laboral público trans en Argentina es que la región se perfila como el referente mundial en avances legales LGBT. En palabras de Víctor Madrigal, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, “este protocolo promete poner a países de la región en la vanguardia en el desarrollo del trabajo para el disfrute más amplio por parte de las personas trans y género diversos en nuestra región”. Lo paradójico es que los cambios legales avanzan aceleradamente frente a la paquidérmica cultura machista y transfóbica latinoamericana.
Esto es importante pues la participación se garantiza en dos frentes: por un lado en las urnas y, por otro lado, en la representación en cargos de elección popular de personas LGBT, que sigue creciendo gradualmente en cada comicio. Por ejemplo, en las elecciones realizadas en 2019 dos mujeres trans —las edilas Taliana Gómez en Santa Marta y Paulina Chavarro en Cali— fueron electas popularmente. El protocolo es un aliciente a esta dinámica favorable. Es hora que las personas trans sean protagonistas en las discusiones públicas y en la toma de decisiones que las afectan. Celebro este avance que sirve de modelo e inspiración para otros países de la región.
El protocolo es un faro de esperanza en un escenario desolador: en el 2020 han sido asesinadas 31 personas trans en Colombia, la edad promedio de las víctimas es 27 años, 8 años menos que la expectativa de vida de personas trans de la región, que es de 35 años. La cifra es aterradora para un grupo subrepresentado.
*Investigador del Área de Género de Dejusticia.
