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Por Ana Jimena Bautista*
A pocos meses de la terminación de este Gobierno, la ANT modificó un indicador del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz para inflar el cumplimiento de las metas trazadas en materia de acceso tierras y así mostrar mejores resultados de su deficiente gestión. | Foto: Nathalia Aguilar, EFE
La pobre implementación del Acuerdo Final ha ocasionado que no exista un cambio en mayor acceso a tierra para campesinos y campesinas que vieron con esperanza la llamada Reforma Rural Integral. Pese a esta verdad que se vive en el campo, faltando pocos meses antes de la terminación de este Gobierno, la Agencia Nacional de Tierras modifica un indicador del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI) —mecanismo diseñado para hacer seguimiento al Acuerdo— para inflar el cumplimiento de las metas trazadas en materia de acceso tierras y así mostrar mejores resultados de su deficiente gestión.
El punto de Reforma Rural Integral, distingue el acceso de la formalización de la tierra. En acceso a tierras la meta es de 3 millones de hectáreas, meta que tiene como propósito avanzar en la democratización de la tierra en beneficio de los campesinos/as sin tierra o con tierra insuficiente. En estos casos hablamos de que se produce una asignación de derechos, esto es cuando alguien que no tenía tierra empieza a acceder y disfrutar de ella.
En formalización de tierra la meta es de 7 millones de hectáreas, meta que está ligada al reconocimiento de derechos, que se concreta cuando una persona ya tenía tierra, pero no contaba con todos los requisitos formales para ser considerada como propiedad. En estos casos el Estado entra a regular esa relación con la tierra a través de diferentes procedimientos dependiendo de cada caso concreto.
Diferenciar estos dos aspectos ha sido objeto de discusión y de llamados reiterativos por parte de la Procuraduría, especialmente de la Delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo Final a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura. En los tres informes que esta entidad ha radicado ante el Congreso sobre el cumplimiento del Acuerdo Final (2019, 2020 y 2021) ha insistido en la importancia de que los resultados el acceso y asignación de derechos sobre la tierra se hiciera de manera diferenciada, lo cual debería verse reflejada en los indicadores que se han construido en el PMI. Ante estos llamados las entidades del sector agrario informaron que dicha distinción entre acceso y formalización de tierras se acogería, aceptando así no mezclar peras con mazanas, y tener mayor claridad sobre dos objetivos distintos del Acuerdo.
En ese sentido el primer indicador relacionado con la entrega de tres millones de hectáreas tendría en cuenta únicamente los procesos y actuaciones administrativas que se orientan a la asignación de derechos de propiedad sobre bienes rurales dispuestos por la ANT en los que no se presentan ocupaciones previas. Y para el indicador de los siete millones de hectáreas formalizadas se incluiría las gestiones administrativas y judiciales que se adelantan para solucionar la inseguridad jurídica sobre predios rurales en los que se ejerce ocupación y explotación, lo que significa que, además de la formalización sobre predios privados, se sumaría la titulación de baldíos y bienes fiscales patrimoniales con ocupaciones previas.
Pese a ello, en el mes de marzo se conocieron las fichas técnicas de los indicadores con metas trazadoras que no habían sido formuladas para el tema de acceso y formalización de tierras en el SIIPO, la plataforma que hace seguimiento a los avances del PMI. En las fichas la ANT vuelve a incurrir en el mismo comportamiento y a generar doble conteo en acceso y formalización en tres casos: en las hectáreas derivadas de procesos de adjudicación de baldíos; en las hectáreas derivadas de procesos de constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación para comunidades étnicas; y en las hectáreas derivadas de procesos de adjudicación a entidades de derecho público. Es decir, cuando por ejemplo el Estado adjudica un baldío a un particular que ya ocupaba dicho predio lo suma en dos ocasiones, tanto para mostrar avances en la meta de tres millones como de la de siete millones de hectáreas, cuando solo debería tenerse como un resultado dirigido a alcanzar la meta de formalización
A marzo de 2021 distinguiendo ambas metas, la ANT había cumplido el 0.3% equivalente a 9.034,87 hectáreas en materia de acceso, cifra más que deficiente. Un año después, con los nuevos indicadores y el doble conteo de los datos, la ANT reporta un total de 264.951,71 ha en materia de acceso equivalente a 8.8% de la meta. Cifra que claramente sigue siendo deficiente, al no haber cambios profundos en recuperación de tierras a través de procesos agrarios, ni en compra de tierras, ni en donaciones, pero que, además, es engañosa.
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* Investigadora de Dejusticia.
