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Por Lina Arroyave Velásquez*
Se requiere que el nuevo gobierno esté acompañado de personas expertas que aporten, desde un enfoque de derechos, la integración de la población migrante y refugiada. | Foto: Juan Manuel Blanco, EFE
La campaña electoral por la presidencia de Colombia dejó un balance preocupante en materia migratoria. El tema no tuvo gran relevancia en las propuestas de gobierno para los próximos 4 años y ahora, a pocos días de haber iniciado la campaña para la segunda vuelta, el panorama no dista mucho de lo que fue la primera contienda.
Una de las razones que puede explicar la ausencia de la migración en esta campaña puede estar relacionada con el aumento de la xenofobia durante los periodos de elecciones anteriores. En Colombia, los últimos cuatro años han estado marcados por la instrumentalización de la migración, lo que ha desencadenado en mensajes discriminatorios y xenófobos hacia la población migrante y refugiada. En ese sentido, es posible que, para no tener un alto costo político que implicara la pérdida de votos para los candidatos, estos hayan preferido hacer apenas referencia del tema.
A pesar de que la migración no sido un tema altamente desarrollado en las propuestas que incorporan los planes de gobierno ni mucho menos discutido en los debates, no obstante el próximo gobierno debe asumir algunos retos para seguir garantizando la implementación de las políticas y programas migratorios, es por ello por lo que es clave que el tema migratorio sea un punto importante, no solo en la agenda de los candidatos, sino también en los debates presidenciales.
De acuerdo con el informe de abril de la Bitácora Migratoria, el programa de Rodolfo Hernández por ejemplo propone “formular una política de atención al migrante venezolano con el acompañamiento de organizaciones y acuerdos internacionales”. Mientras que el de Gustavo Petro, de manera general “se compromete con la protección de los derechos de los colombianos en el exterior así como de las personas migrantes que se encuentren en el territorio nacional”. De igual forma, reconoce a la población migrante y refugiada como sujetos de derechos y se enfoca particularmente en la prevención de la xenofobia y discriminación pero sin concretar propuesta alguna.
Aunque dichos programas mencionan el tema migratorio no desarrollan propuestas concretas que evidencien, por ejemplo, la continuidad de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), ni la reglamentación de la Política Integral Migratoria (PIM). El desconocimiento y poco desarrollo de la agenda migratoria de ambos programas de gobierno es preocupante, al menos por dos razones. En primer lugar, cuando los programas han sido explicados y ampliados por los candidatos en medios de comunicación y redes sociales, pese a que el tema también ha tenido poca cobertura en estos espacios, los candidatos han abordado el tema desde un enfoque asistencialista y con serias imprecisiones sobre el estado actual de la respuesta del Estado, que sin abandonar la ayuda humanitaria, ha estado desarrollando e implementando programas para promover la integración socioeconómica de esta población.
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En segundo lugar, otro asunto que preocupa es que eventualmente no se dé continuidad a los esfuerzos que se han venido realizando durante los dos últimos gobiernos para desarrollar e implementar las políticas y programas para la población migrante y refugiada. El desconocimiento que los candidatos han manifestado acerca de la política migratoria podría incidir en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), lo que puede suponer un retroceso en los avances que se han logrado en materia de garantía y protección de derechos.
Ante este panorama, para seguir garantizando y avanzando en la implementación del ETPMV el nuevo gobierno tiene que enfrentar al menos tres grandes retos importantes. Primero, se deben seguir garantizando los recursos públicos y de la cooperación internacional para la implementación del Estatuto. Así mismo, pese a que el ETPMV es una política de gobierno, el nuevo gobierno debería tener como prioridad reconocerlo como una política de Estado. Esto favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del Decreto 216 de 2021 por medio del cual se expidió el ETPMV, entre ellos la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas venezolanas.
El segundo reto que debe enfrentar el nuevo gobierno es la reglamentación de la Política Integral Migratoria (PIM). A pesar de que esta ley fue sancionada el año pasado, la ausencia de reglamentación ha interferido en la creación de políticas públicas que permitan formalizar las estrategias y los programas de inclusión laboral. Esto es problemático ya que la inclusión laboral es uno de los mecanismos que favorece la integración de la población migrante en una comunidad de acogida. Así mismo, la inclusión permite que las personas vivan en mejores condiciones, contribuyan al desarrollo de sus comunidades, establezcan relaciones con la población local y ejerzan derechos como la salud y la seguridad social.
Finalmente, el tercer gran reto para el próximo gobierno es combatir y prevenir la xenofobia, de no tomarse cartas en el asunto este fenómeno seguirá siendo un obstáculo para los procesos de integración socioeconómica de la población migrante. Es necesario superar los prejuicios y actitudes de exclusión basados en la percepción que las comunidades de acogida tienen sobre las personas migrantes y refugiadas por el solo hecho de ser extranjeras, y de esta forma se garantizarán procesos de integración incluyentes que sean sostenibles en el tiempo, pero además que permitan, tanto a la población migrante y refugiada como a la población de acogida, acceder a derechos como la educación, la salud, el trabajo entre otros derechos.
Para seguir avanzando en la integración de las personas migrantes y refugiadas es necesario que el nuevo gobierno siga promoviendo la garantía de los derechos de esta población a través de la implementación de programas y políticas públicas. De igual forma, se requiere que el gobierno esté acompañado de expertas y expertos que entiendan el tema y puedan seguir aportando desde un enfoque de derechos y protección para seguir promoviendo la integración de esta población.
* Investigadora de Dejusticia / larroyave@dejusticia.org
