Por Juan David Cabrera*
Tal vez sea momento de que globalmente decidamos quitarle progresivamente poder a las grandes empresas. | Foto: EFE
El muy moderado economista Joseph Stiglitz, ha sostenido varias veces que existe una “carrera hacia el piso”, en el que los países compiten por dar las mejores condiciones a las corporaciones. Esto se hace bajo la constante amenaza de que éstas pueden irse a otro país con condiciones más favorables. Por supuesto, estas condiciones “favorables” solo lo son para las grandes empresas, o más bien para sus dueños. ¿Qué tan democrático es este mundo, en el que son las corporaciones las que determinan las políticas públicas? ¿Podemos hablar de democracia cuando no podemos implementar programas de gobierno que beneficien al grueso de la población, por el grosero chantaje corporativo?
El argumento que critica Stiglitz, y que defienden las multinacionales, es que las políticas públicas que benefician a las empresas (léase a sus dueños), beneficiarían a todo el país. Exenciones y bajas tasas de tributación para las empresas y los más ricos, flexibilidad (léase precarización) laboral, desregulación financiera y de todo tipo, supuestamente llevarían a que los beneficios para los empresarios se esparzan en toda lo sociedad. Este es el efecto que se conoce como “trickle down”, el cual, sin embargo, ha sido ampliamente desacreditado por la academia, pues se sabe que, por ejemplo, los beneficios tributarios corporativos y para los ricos no generan empleo y no implican mayor crecimiento económico. También se sabe que las mejoras salariales no generan desempleo, contrario a lo que constantemente esbozan los defensores de las corporaciones.
Lo triste es que el argumento de las empresas se usa como amenaza contra las reformas que beneficiarían al grueso de la población. Si pretendemos una reforma tributaria justa y progresiva, las empresas amenazan con irse a un paraíso fiscal. Si queremos mejorar las condiciones de los trabajadores, las corporaciones amenazan con irse a un lugar con condiciones laborales precarias. Y así, damos inicio a la “carrera hacia el piso”, en la que cada país busca dar condiciones más ventajosas para las empresas, con la terrible consecuencia de un aumento en la desigualdad y un deterioro en las condiciones de vida de las mayorías. Nada de democrático tiene la precarización de la vida y el aumento de la desigualdad, pero menos democrático aún es que las empresas decidan qué políticas públicas podemos implementar. No es el pueblo quien decide, pues la amenaza corporativa es inmarcesible.
Esto, sin mencionar que los grandes medios de comunicación, que, por supuesto, también son propiedad de las empresas, contribuyen a presentar ideas altamente sesgadas para fomentar esta “carrera hacia el piso”. Forjan una opinión para que el pueblo acepte como razonables los planteamientos neoliberales de las empresas. Pero esto será asunto de otra columna.
Tal vez sea momento de que globalmente decidamos quitarle progresivamente poder a las grandes empresas. Iniciativas como una tasa de impuesto mínimo corporativo global van por buen camino. Pero tal vez sería mejor aún que pensemos en formas empresariales donde no exista un dueño que se quede con todas las utilidades producidas por los trabajadores; formas empresariales donde el ser humano, el trabajador, tenga dignidad y poder. Como lo decía la gran Rosa Luxemburgo, “me siento como en casa en todo el mundo, donde sea que haya nubes y pájaros, y lágrimas humanas”.
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* Dejusticia
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