Por Carlos Olaya*
La semana pasada, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de ambiente, denunció que la Unidad de Parques Naturales pretendía acabar con dos ejemplares experiencias de ecoturismo comunitario, en el Santuario Otún Quimbaya y en el páramo de Chingaza. De ser cierto, la decisión implicaría enormes costos ecológicos y sociales para estas áreas protegidas, pues son iniciativas que se han construido en largos procesos de mediación con las comunidades locales, quienes lentamente han transitado hacia el cuidado de los ecosistemas que habitan. La institución, en cabeza de su nuevo director, Orlando Molano, ha intentado desmentir la noticia en varios medios de comunicación. Pero, en lugar de aclarar la situación, las entidad se ha mostrado poco transparente, como si estuviera ocultando algo. En esta columna les cuento por qué, usando como ejemplo el caso del Parque Nacional Natural Chingaza.
En Blu Radio Molano dijo que los contratos de ecoturismo comunitario de estas experiencias se están terminando porque se les agotó la vigencia. Son acuerdos por 10 años y en 2021 se les cumplió el término (escuchen desde el minuto 7:40 de la entrevista). En el caso del Santuario Otún-Quimbaya es cierto (aunque también hay irregularidades en este proceso, como explica la Silla Vacía aquí), pero es falso para el Parque Chingaza. Solicité el contrato a Corpochingaza, la organización de turismo comunitario que opera en el área protegida, y constaté que fue firmado el 26 de mayo de 2016 (ver imágenes). Es decir, apenas se habrían cumplido 5 años de su vigencia. Por si fuera poco, en Twitter rondan rumores que de que la institución está buscando terminar con el contrato a como dé lugar, a pesar de que no se haya vencido su término. ¿Por qué Molano no aclaró esto en la entrevista? ¿por qué no enfrentó los rumores de frente?
Bueno, supongamos que fue un desliz del funcionario. Las entrevistas son intimidantes. Aun así, otras declaraciones ponen en duda la buena fe del director.
Primero, Parques parece estar atacando al operador de ecoturismo en Chingaza. Frente a la denuncia de que iban a construir un ecohotel, la cuenta institucional de la Unidad de Parques (@ParqueColombia) publicó fotos de infraestructura de alojamiento en mal estado, supuestamente, de las instalaciones que hay en el área protegida, diciendo que sólo hay proyectos de mejorarlas.
Frente a esto, la representante legal de Corpochingaza replicó que las fotografías no se corresponden con las edificaciones que están dispuestas en el parque. Las fotos en la página de la corporación lo demuestran (ver imágenes). ¿Por qué Parques publicaría las imágenes de otro lugar? ¿Por qué el afán de mostrar las deficiencias de la experiencia en Chingaza?
Segundo, en una respuesta a El Tiempo, una representante de Parques aseguró que la infraestructura de alojamiento en Chingaza no presentaba mantenimiento desde los años 70. Lo que también es falso. En mi solicitud pregunté por esto a Corpochingaza, y respondieron que habían mejorado las instalaciones con ayuda de la embajada de Alemania y en un proyecto con la Gobernación (ver imagen del contrato con la Embajada), desde 2018. Aquí otra vez está la insistencia en manchar la imagen de la experiencia ecoturística en Chingaza.
Tercero, parece que sí existe un proyecto para intervenir la infraestructura turística del Parque, pero está oculto. En su denuncia, Manuel Rodríguez mostraba unos planos en donde se prometían un ecohotel y más lugares de camping y glamping, con una proyección de 210 turistas alojados. La cuenta de Parques respondió que la imagen era una de las “primeras propuestas que se plantearon, no es la definitiva”, e invitaban a conocer el “proyecto real”. Hasta el momento Parques no le ha contado a la opinión pública de qué se trata esa propuesta final. Algo que ayudaría a aclarar las cosas.
¿Qué es lo que quiere hacer Parques con Chingaza? ¿Qué va a pasar con el contrato de ecoturismo comunitario con Corpochingaza? Hay muchas cosas que no cuadran en las respuestas de la institución.
Esta opacidad le cae muy mal a Parques y a su nueva dirección. La institución debe recordar que está obligada a dar información oportuna, objetiva, veraz y completa, así como debe ser publicada de forma proactiva, actualizada y comprensible, de acuerdo con los principios de la Ley Estatutaria de Transparencia (Ley 1712 de 2014). De lo contrario está minando su credibilidad frente a la ciudadanía y, además, de ser ciertas las sospechas, estaría hostigando arbitrariamente el modelo de conservación con la gente que tanto le ha costado al país construir. Esperemos que todo se aclare pronto.
* Investigador de Dejusticia.
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