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El anuncio, hecho en los últimos días, de una gira por parte del presidente Santos a Estados Unidos, El Vaticano y otros países europeos que incluyen garantes del proceso de paz, ha hecho que en algunos círculos se hable que ya exista un borrador de acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, una situación frente a la cual, cabe preguntarse, en términos cada vez más concretos, el papel de las políticas educativas en la Colombia del postconflicto.
En este sentido es necesario hacer una diferenciación importante, por cuanto se ha hablado mucho del papel de la educación dentro del proceso de paz, con iniciativas como la cátedra nacional de la paz, pero el discurso público no le ha prestado mucha atención a lo que va a venir después, lo cual es significativo.
A fin de cuentas, tenemos que tener en cuenta la cantidad de menores que dejarán las armas y sus necesidades educativas. En muchos de estos casos, los menores que salen de los grupos armados tienen apenas un grado de alfabetización básico, si es que lo tienen, por lo que el enfoque que se ha dado en los anteriores procesos, como los llevados a cabo por el ICBF y su modelo de hogares transitorios, en los que los procesos de alfabetización de los menores han sido acelerados y de naturaleza superficial, con una articulación torpe a instituciones como el SENA.
Mi experiencia con los hogares transitorios de Bogotá me mostró como no había un criterio serio para hacer la asignación de los programas mas allá de ‘Donde haya suficientes cupos’, lo que en muchos casos causaba una predisposición negativa de los menores desmovilizados hacia los programas por cuanto se encontraban en situaciones que no eran de su interés o que no se correspondían con el proyecto de vida que estaban empezando a constituir. En este sentido, podemos hablar del papel crucial que jugará la educación técnica en la asimilación de las poblaciones de desmovilizados, tanto mayores como menores de edad, que necesitarán una educación que permita su articulación con la economía lo mas pronto posible, la cual permita evitar que recaigan en la ilegalidad.
Otra pregunta que surge es la relacionada con el marco legal que garantice la sostenibilidad de estos procesos educativos. La ley para el reajuste de los miembros del servicio, también conocida como GI Bill, promulgada por el gobierno de los Estados Unidos al final de la segunda guerra mundial fue vital para garantizar la reabsorción de la población combatiente, convirtiéndola en una fuerza productiva vital para el desarrollo de la clase media en ese país; aunque una replica exacta colombiana de esta ley no es la alternativa que debiera ser aplicada, si es un punto de partida que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de estructurar el marco legal de estos procesos.
El final de un conflicto es un proceso complejo que va mas allá de la firma del tratado, requiere consideraciones logísticas y legales de alta complejidad y detalle, como en este caso. Al igual que en similares casos, queda esperar que haya un trabajo mancomunado de las entidades gubernamentales pertinentes para garantizar los mejores resultados.
