Dedico la entrada inaugural del blog en este año 2015 a la memoria de Aixa Amaya.
Hace poco mas de dos meses (El tiempo vuela, y lo hace en un SR-71 Blackbird), la situación de la Fundación Universitaria San Martín llegaba a un punto critico en el que se hacía necesaria la intervención gubernamental a través del ministerio de educación, la cual ha recibido atención significativa por parte de la opinión pública. Cabe preguntarse entonces, qué es lo que ha pasado en estos dos meses y si ha tenido un efecto significativo.
Una de las consecuencias mas significativas es la respuesta desde lo estructural, con la sanción presidencial de una ley que busca darle recursos al Ministerio de Educación para hacer un control más efectivo; ante esta noticia, es necesario tener en cuenta cuáles son las definiciones de inspección y vigilancia… el caso de la San Martín es un claro ejemplo de la necesidad de intervención e inspección desde lo administrativo, pero, ¿Qué pasa desde lo académico? ¿Cuando se convierte en un ataque a la libertad de cátedra? ¿Es siquiera posible hablar de una cosa así? Si bien es un marco viciado por la mediatización, los casos de alto perfil en los que los implicados resultan exonerados o con beneficios que no corresponden a la severidad de sus actos hace necesario preguntarse si las facultades de derecho están preparando a sus egresados de forma adecuada para los retos que presenta el sistema penal acusatorio, una inquietud que ha sido presentada por el mismo ministro de justicia.
Volviendo al caso específico de la FUSM, resulta claro que la situación ha pasado de claro a oscuro en estas semanas. Las declaraciones de Natalia Ariza, viceministra de educación superior y que ha encabezado el proceso de intervención, muestran una institución educativa en la que la negligencia en su manejo ha ido mas allá del descuido y está alcanzando niveles criminales, y que han llevado a otras entidades como la superintendencia de sociedades a intervenir, por cuanto las compañías asociadas a la FUSM también han resultado llenas de irregularidades tan significativas como el hecho que sean razones sociales sin instalaciones físicas, lo que dificulta su supervisión y refuerza la teoría de como Mariano Alvear y su familia, a pesar de las declaraciones en sentido contrario, han constituido una red de cascarones vacíos con el propósito de enriquecerse a costa de la calidad de la educación impartida en la FUSM y de los mismos estudiantes. Mientras todo este drama se desarrolla, los estudiantes matriculados a la institución ven pasar los días sin una respuesta clara, lo cual, en buena parte, viene mediado por los mismos Alvear.
A medida que se desarrolla esta situación empieza a aparecer una posibilidad con cada vez más fuerza… Quizá sea necesario que el andamiaje de la FUSM caiga completamente para que se reconstituya desde el piso en una manera que sea sostenible, propia de un centro de educación superior y que proteja los intereses de los estudiantes, pero mas allá de eso, para que envíe un mensaje claro a todos aquellos que ven en una universidad de garaje un camino fácil al dinero rápido, y para que deje en claro la necesidad de un grado apropiado de supervisión gubernamental a la educación superior para que casos como este no se repitan.
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