A lo largo del presente año, la vida pública nacional se ha visto marcada por la pronunciada devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, que, al momento en el que esta entrada es escrita, está bordeando los 3000 pesos. Esta devaluación, asociada a la caída de los precios del petróleo (Que, a juzgar por las actuales circunstancias van a seguir cayendo), ha tenido una serie de consecuencias, sobre todo, con el presupuesto nacional en sus distintos rubros, incluyendo el de la educación, a partir de los recortes anunciados por el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas.
Esta reducción presupuestal plantea preguntas alrededor de dos programas alrededor de los cuales el Ministerio de Educación Nacional ha hecho unas apuestas significativas: El primero es el que podría decirse es la niña de los ojos del gobierno nacional, como es el caso de Ser Pilo Paga. Tomando en cuenta las estadísticas anunciadas por el ministerio que apuntan a unos indices relativamente bajos de deserción por parte de los beneficiarios de estos créditos condonables, resultaría razonable suponer que la inversión en este programa seguirá manteniéndose, sin embargo, es necesario tener en cuenta como, en virtud de la continuidad que el gobierno nacional ha anunciado para Ser Pilo Paga, estos costos aumentarán casi que exponencialmente en la medida que, además del presente grupo de beneficiarios, este año implicará la adición de los beneficiarios que culminarán sus estudios de media este año y entrarán a la educación superior en 2016; cuando a este panorama se añade el preocupante estado de la financiación a las universidades públicas cabe preguntarse si un programa como este es realmente necesario en épocas de austeridad fiscal que requieren priorizar las inversiones: ¿No resultaría mas conveniente financiar las universidades públicas para que pudieran cumplir con la función de garantizar la entrada de los jóvenes a la educación superior en lugar de financiar a grupos de particulares?
A lo largo de los últimos meses, la discusión sobre la jornada completa ha estado en lo mas alto de las prioridades del ministerio, incentivando a las instituciones educativas para llevar a cabo su implementación y desarrollo, y si bien se han hecho avances en el tema, el avance que se haga en el mismo está determinado por la disponibilidad de recursos para construir una infraestructura que pueda sostener a toda la población del sistema público en jornada completa, infraestructura la cual en este momento no existe y cuya construcción solo puede darse, en el mejor de los casos, en un mediano plazo; cabe preguntarse, si el inevitable recorte presupuestal afectará el desarrollo de esta iniciativa. La última pregunta que plantea esta actual situación presupuestal tiene que ver con las remuneraciones salariales de los docentes, que fueron a la postre una de las razones del paro llevado a cabo entre los meses de abril y mayo del presente año ¿Habrá presupuesto para resolver esas demandas? ¿Tendrá un efecto esto sobre el nuevo paro que están amenazando?
La actual situación muestra el riesgo asociado a una política educativa que tiene la inversión de recursos como uno de sus principales motores, y debiera actuar como lección para futuros momentos de tal manera que coyunturas como esta sean evitadas.
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