El 2020, además de mostrarnos las debilidades en salud pública, los dilemas con el medio ambiente y la eficacia de la ciencia, tecnología e innovación (CTeI), dejó una victoria temprana en materia de gobernabilidad, la expedición de la Ley 2056 de 2020. Temprana porque aún hace falta reglamentar procesos de orden administrativos, observar el comportamiento de las entidades territoriales en materia de descentralización y autonomía y la pertinencia de las inversiones según la coyuntura y sostenibilidad.
En efecto, la salud pública fue atacada en primera fase. Bloomberg, con algunos criterios relativos, indicó que Colombia estaría entre los peores países del mundo en el manejo de la pandemia, sin embargo, el Banco Mundial mencionó que el acceso a salud es del 95 % y su calidad está con una ponderación de 72 %. Pero bien, un tema clave que indicó el BM, y que ya acogió el Ministerio respectivo, es la necesidad de cambiar la correlación del sector en función de más prevención y no de respuesta ante la emergencia.
Esta correlación se argumenta con la inversión de 107 proyectos por $90.000 millones que se aprobaron por definición directa gracias al Decreto Legislativo 513 de 2020, en donde la mayoría tenía como objetivo fortalecer, adecuar y adquirir bienes y servicios para el sector en plena emergencia sanitaria. En total el sector aprobó 142 proyectos por $285.349 millones que fueron vitales para contener la emergencia, más no son estratégicos si en un futuro se plantean evoluciones y apariciones de nuevas variantes de la cepa.
De igual manera el estudio del BM planteó el desafío en zonas alejadas – rurales – las cuales tienen altos indicadores en mortalidad infantil y materna. En este caso el nuevo SGR plantea una oportunidad de financiar iniciativas en salud rural muy interesante a través del OCAD Paz, además con un plus que deben ser en territorios afectados por el conflicto (PDET). Este punto es realmente vital si evidenciamos que según el Plan Nacional de Vacunación, el mayor porcentaje de personas priorizadas se encuentra en la urbanidad. La estrategia sería que mientras se vacuna en donde hay mayor riesgo de contagio, en las zonas rurales se fortalece el sistema de salud.
Ahora bien, en concordancia a lo mencionado en: 2021, una esperanza para el ambiente y el desarrollo sostenible, así como con la gran conclusión del Foro Económico Mundial recientemente en Davos, el ambiente y el desarrollo sostenible ya es en esencia un criterio para el crecimiento económico. Tema clave cuando se habla de regalías, dado que estas son resultado de la explotación de recursos naturales no renovables. Gozo que el nuevo SGR involucra nuevas apropiaciones para respectivo sector, y que brindan la oportunidad de superar las inversiones que el 2020 fueron de tan solo 56 proyectos.
Estos 56 proyectos suman $208.741 millones y sus mayores impulsadores son los municipios con una participación del 57 %, pero el nuevo sistema abre la oportunidad de inversiones como mínimo de $771.377 millones para el próximo bienio. Clave será invertir en zonas estratégicas como la Amazonía, en particular en las regiones Centro Sur y Llanos (Productora), las cuales solo presentaron el 17 % de los 56 en el 2020, además sufren serios problemas de deforestación en departamentos como el Caquetá, Meta y Guaviare.
La situación del sur oriente del país es realmente compleja, además de ser lugar de la operación Artemisa, solo aporta el 2.6 % del PIB nacional. La esperanza es que se han hecho avances significativos en materia de política pública como la creación del MOTRA, el Modelo de Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonía, y la firma del Pacto de Leticia, tema que el presidente tiene en el radar. Pero lo mejor es que sería una zona para avanzar significativamente en investigaciones para la CTeI.
Con regalías la CTeI logró aprobar 117 proyectos por $513.925 millones en 2020, pero lo más fascinante es ver los proyectos que reciben impulso. Por ejemplo, se evidencian proyectos que buscan fortalecer las capacidades de diagnóstico y caracterización de agentes bilógicos y microrganismos que puedan afectar la salud pública, así como proyectos que avanzan en biología molecular y biotecnología. Además, que puedan tener lugar investigaciones en la Amazonía, generarían un enorme conocimiento para prevenir futuras enfermedades.
En materia de ambiente se ven iniciativas para prototipos de monitoreo e inspección de ecosistemas marinos, clave cuando somos potencial bioceánico. Pero lo mejor es que ahora 2 puntos porcentuales del 10 % para CTeI irán para proyectos en materia de ambiente y desarrollo sostenible, proyectos que en efecto fomenten la protección a la biodiversidad, métodos eficientes para la siembra de árboles y la reforestación, reducción de emisiones de gases, entre otros, que también podrían tener lugar en la Amazonía y en la restauración del Archipiélago de San Andrés.
En conclusión, las regalías ofrecen la oportunidad que, mediante el financiamiento de iniciativas orientadas a salud, ambiente y CTeI, se pueda pensar en un futuro sostenible y que acoja las lecciones aprendidas que nos trajo la pandemia. Está ser irá con la inmunidad en el corto plazo, pero el deber del servidor público, el tomador de decisión y del hacedor de política, es brindar las condiciones necesarias para un futuro prometedor, en particular será clave brindar los recursos suficientes para el funcionamiento de estos sectores.
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