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Por: Jorge Iván CárdenasEl 2021 se etiqueta como el año de la esperanza, termino agradable para ambientar los desafíos que este trae. Además de los enormes retos que trazó el covid-19 en materia económica y de salud pública, se percibe el ambiente y el desarrollo sostenible como pendientes fundamentales que marcarán la agenda de ahora en adelante. Watson, Silva & Edwards del BID referencian que el covid fue originado por el conflicto que tenemos con el medio ambiente, en particular con la vida silvestre.
El asunto es tan serio que la Academia Brasilera de Ciencia realizó un estudio en el cual se concluye que uno de los impactos de la deforestación en la amazonia sería el comienzo de nuevos virus que afecten la salud pública. La Organización Mundial de la Salud indica que el 70 % de los virus nuevos provienen de animales, así como el 25 % de las muertes en el mundo son por factores asociados al medio ambiente. Es importante recordar que la principal hipótesis de origen del covid-19 corresponde a un mercado informal en el que se comercializa animales salvajes en Wuhan.
Ahora bien, otros factores que motivan a poner el ambiente y el desarrollo sostenible en la agenda corresponden a criterios de transparencia, gobernabilidad y financiamiento. Teóricos y expertos rechazan, por ejemplo, que China haya ocultado la gravedad del asunto por más de dos semanas, en particular el descubrimiento de nuevos casos. En efecto, esto inquietó la toma decisiones de manera pertinente. Respecto a la gobernabilidad se divisa la complejidad en la armonización de los intereses entre las comunidades de los territorios, la ciencia y los gobiernos.
Dos de los temas globales que pone en la agenda el Foro Económico Mundial son la participación ciudadana y el cambio climático. En el primero se reconocen las diferencias demográficas y en el segundo la inherente necesidad de trabajar con coaliciones de empresas, organizaciones, ciudadanos y gobiernos subnacionales. Dos temas claves para fomentar la transparencia y la confianza en la formulación e implementación de políticas exitosas para el ambiente y el desarrollo sostenible. Un retraso en la adopción de políticas complicaría la respuesta ante el cambio climático.
La gobernabilidad y el diálogo con territorios diversos son directamente enriquecedoras como complejas. En América Latina y el Caribe, el BID reconoce que las comunidades indígenas reciben una carga desproporcional de los efectos negativos del cambio climático, se habla que entre 40 y 50 millones de personas están limitadas en la adaptación a estos temas. En Colombia una de las principales motivaciones para la reforma a las regalías fue el desbalance entre el costo-beneficio que las comunidades del territorio perciben como recompensa de la explotación de recursos naturales no renovables.
La licencia social sobre la productividad de los recursos naturales está afectando la gobernabilidad de las políticas públicas, sin embargo, el factor más complejo para el ambiente y el desarrollo sostenible se evidencia en el financiamiento de respectivas políticas. Aun evidenciando análisis sobre iniciativas exitosas como el Plan de Descarbonización de Costa Rica, el cual traerá 41 mil millones de dólares en ahorro de energía durante tres décadas, McKinsey indica que se necesitan entre 300 y 400 mil millones de dólares anuales para preservar y restaurar los ecosistemas, específicamente para cerrar la brecha con el medio ambiente.
Por último, el financiamiento del desarrollo sostenible encuentra argumentos en una perene promoción de una recuperación económica y verde. Como se mencionó en Regalías sostenibles para la recuperación, las energías renovables podrían generar tres veces más empleos que los combustibles fósiles. Sin embargo, en Colombia el PGN solo considera el 0.4 % para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, sus entidades adscritas y aquellas encargadas de la gestión de riesgos y desastres (Cálculo que no consideró el presupuesto a las Corporaciones Ambientales Regionales).
En este orden, para Colombia la esperanza de financiar el ambiente y el desarrollo sostenible en el 2021 se encuentra en la Ley 2056 de 2020, la cual presupuesta alrededor de $771.377 millones para respetivo tema. En la entrada previa, Regalías para la recuperación, sostenibilidad e inclusión se encuentra más información al respecto, así como datos para la transición energética y la consideración de la inclusión de las comunidades de los territorios al desarrollo sostenible. En este último es clave mejorar el dialogo, confianza y esquemas de gobernabilidad con respectivas comunidades.
Twitter e IG: Cardenas_iv
