Las pirámides y lo que dicen de nuestra sociedad

Lo que los Colombianos hemos presenciado en las últimas semanas como consecuencia de las pirámides y su caída no tiene precedentes históricos, recientes al menos. Estos esquemas han estado rondando la sociedad por años, pero nunca se habían convertido en un verdadero riesgo para la estabilidad económica de la nación, hasta el punto de tener que declarar la emergencia económica y social en muchas regiones del país

Ahora, lo que esta situación dice de los colombianos es aun más lamentable. Es imposible no sentir preocupación por los cientos de miles, aunque hablan de millones, de familias humildes que ahora van a enfrentar dificultades económicas más grandes debido a lo que ocurrió con estos fraudes a nivel nacional. Las personas que se aprovechan de la ingenuidad de tanta gente realmente merecen un castigo contundente para enviar un mensaje claro a aquellos avivatos que se les ocurra un sistemita similar en el futuro. Sinembargo, el verdadero problema aquí es la reacción de los «ahorradores» de ciertos grupos frente a las acciones del estado, que aunque tardías, pretenden precisamente evitar un colapso mayor para actuales y futuros miembros de las «familias ahorradoras» que están acabando con la estabilidad económica de tanta gente. Pareciera que, con tal de obtener ganancias fáciles, los colombianos se ponen del lado de la ilegalidad.

Y es que es eso lo realmente preocupante, es ahí donde radican muchos de nuestros problemas como nación. No habrá gobierno, ni leyes, ni cambios suficientes que permitan que el país cambie de rumbo, cuando nuestros intereses personales se pongan por encima de la legalidad y la justicia. Pareciera no importar que estas personas sean delincuentes, con órdenes de captura en varios países, con pruebas claras de su irresponsabilidad y negligencia. Mayor claridad no puede existir sobre sus prácticas corruptas y su clara intención de enriquecerse a expensas de los colombianos, basando su negocio en promesas falsas, ilegales y engañosas, que se dedicaron a cumplir inicialmente solo para establecer sus negocios y generar un nivel de credibilidad que luego podrían aprovechar para enriquecerse y desfalcar a cientos de miles de incautos. A pesar de todo esto, hoy miles de colombianos están marchando para exigir al gobierno que no aplique la ley, que libere delincuentes para que ellos puedan seguir delinquiendo, y con eso de pronto quienes perdieron el capital que irresponsablemente apostaron en un esquema ilegal, puedan recuperarlo. Es tal la situación, que personas que fueron engañadas y arruinadas por estas personas, están hoy haciendo colectas y usando su propio dinero para pagar por la defensa de estos delincuentes, básicamente dejándose robar dos veces. Frente a esto es poco lo que se puede decir sobre nuestra conciencia como nación y nuestros valores frente a la ley y la justicia.

Los analistas hablan del amor de los colombianos con el dinero fácil, de la cultura de enriquecerse a costa de otros, del ingenio de algunos y lo ingenuos que son los otros, etc.. En realidad lo grave es la cultura del delito, y su justificación siempre y cuando sea para beneficio personal. Es ahí donde la sociedad colombiana se hunde en una serie de valores y principios que nos dejan muy mal parados. El pueblo se va en contra del Gobierno que está tratando de hacer cumplir la ley. El presidente hablaba de los esfuerzos del estado por proteger a Colombia de la crisis económica y los capitales especulativos que hoy tienen quebrada la economía mundial, pero no pudo prever el «Wall street» criollo. A manera de comparación y guardando las proporciones, cuando el gobierno norteamericano anunció ayudas para los principales actores del sistema financiero mundial, la gente en Estados Unidos se fue en contra de estas instituciones, por irresponsables y por haberse aprovechado de la falta de regulaciones legales en el mercado. Incluso, se fue en contra del gobierno por ayudarles, pero nadie pidió que perdonaran a Wall Street y sus malos manejos, o que los dejaran seguir haciendo lo mismo, a ver si así todos recuperaban alguna cosa. Nadie marchó por las calles de Nueva York para pedir que perdonaran y salvaran a Lehman Brothers, AIG o tantas otras firmas y bancos que manejaron irresponsablemente sus inversiones y su capital. La sociedad americana pide no ayuda, sino castigo para todos aquellos que, ley o no ley, actuaron de manera irresponsable y han hecho que ahora todos paguen las consecuencias. En Colombia, el gobierno es el malo y el santo es el delincuente. Nadie puede negar la tardanza del estado en reaccionar frente al problema, o la falta de igualdad de todos frente a la justicia en nuestro país, o incluso la corrupción estatal que posiblemente protegió estos esquemas hasta el momento en que se volvieron un riesgo para la estabilidad económica del país, pero eso no tiene nada que ver con la manera como la sociedad Colombiana ha reaccionado frente al delito. Justificar las acciones ilegales en los altos rendimientos ofrecidos por estas personas para «ayudar» al pueblo, atacar el sistema financiero legal porque ellos «también roban», y exigir la liberación de los delincuentes, casi con la misma vehemencia que exigimos la liberación de los secuestrados, no tiene nada que ver con el gobierno y lo que haga o deje de hacer. Tiene que ver con nuestra propia escala de valores y nuestra visión de sociedad, o mejor, nuestra falta de visión de sociedad.

Es claro que muchas personas han perdido sus ahorros y hasta sus bienes en todo esto. El gobierno esta empeñado en lograr que todos los afectados por este episodio logren recuperar algo de lo que irresponsablemente apostaron en un sistema que prometía lo imposible, y aun así cientos de miles de personas cayeron en ello. La sociedad Colombiana tuvo una oportunidad de demostrar que el respeto por la legalidad, valor fundamental para que una sociedad funcione, es algo que hemos aprendido a reconocer y entender, pero la reacción frente a esta situación ha sido todo lo contrario. EL delito paga si favorece los intereses individuales y la ley es para los demás. Con ello nuestra sociedad se derrumba un poco más. Frente a esto no hay seguridad democrática, crecimiento económico o mejoramiento de vida que valga.

Solo cuando entendamos que la ley es para todos, cuando aceptemos nuestra responsabilidad como individuos y como sociedad y reconozcamos que el papel del estado es hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de este tipo de actos ilegales, vamos a dar un paso quizás más importante que acabar con la guerra y las FARC, que generar empleo o mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a crecer como una nación que se basa en el elemento fundamental de una sociedad civilizada: el respeto por la ley y el orden.